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El Govern y la CUP presionan a Colau para que apoye la consulta

La alcaldesa pone condiciones a la vía unilateral para acordar el respaldo de Catalunya en Comú

Míriam Vázquez - Martes, 6 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:11h

Ada Colau y Carles Puigdemont, en un encuentro anterior.

Ada Colau y Carles Puigdemont, en un encuentro anterior. (Foto: Efe)

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Ada Colau y Carles Puigdemont, en un encuentro anterior.

Donostia- El Govern catalán está a punto de girar la llave para encender los motores del referéndum unilateral de independencia. Tras el portazo definitivo de Madrid a una consulta pactada, los partidos encuadrados en el Pacte Nacional pel Referèndum mantendrán hoy una reunión clave para poner en común sus opiniones sobre los detalles del referéndum. Se espera que el president Carles Puigdemont anuncie la fecha y la pregunta este viernes. En todo este proceso, a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no dejan de silbarle los oídos. A medida que se acerca el momento decisivo, el Govern y la CUP están redoblando la presión para que Catalunya en Comú, la coalición que lidera Colau junto a Xavier Domènech, se sume a esta vía unilateral.

El caso de Colau es peculiar porque ella misma procede del activismo social y la desobediencia. Fue portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y sus protestas para detener los desahucios y cambiar la ley en el Congreso de los Diputados le dieron proyección pública. En alguna ocasión fue desalojada a tirones por las fuerzas de seguridad mientras protagonizaba sentadas en entidades bancarias, y vivió como okupa en un antiguo cuartel de la Guardia Civil en el barrio de Barceloneta. Después daría el salto a la política de la mano de Barcelona en Comú, hasta convertirse en alcaldesa en 2015 en un ascenso fulgurante.

Colau ha explicado desde entonces que defiende los actos de desobediencia individuales y que cada uno sea responsable de sus propias acciones. No quiere que un gobierno tome decisiones que obliguen a terceros y los expongan a incurrir en una responsabilidad penal por un planteamiento que quizás no comparten. No quiere colocar en un brete a los trabajadores públicos (los que trabajan en el Govern en niveles inferiores y más técnicos, o también los Mossos), ni a los directores de los colegios donde tendría lugar la votación. Una de sus condiciones sería garantizar la seguridad jurídica de esas personas.

Lo que defiende Colau es un referéndum legal y con garantías. Tampoco cree que aporte nada repetir una consulta sin efectos como la del 9 de noviembre de 2014. En cualquier caso, la decisión no está tomada y los comunespodrían decantarse por una vía intermedia. Hoy estarán presentes en la reunión del Pacte, y se espera que clarifiquen su posición cuando Puigdemont realice su anuncio el viernes. Algunos portavoces matizaron ayer que no se trata tanto de que el referéndum sea unilateral o no, sino de que tenga garantías para los funcionarios, y una validez que podría lograrse con un aval internacional. Es algo que ahora no tiene visos de producirse. Otras voces apuntan a que podrían avalarlo como acto de protesta, pero sin validez jurídica. Lo que está descartado es que obstaculicen su celebración y se retraten con PP, Ciudadanos y PSC. En Podemos, por su parte, han mantenido una posición errática y, tras abogar primero por el referéndum unilateral como protesta, ahora están tomando distancia, y también están surgiendo matices con el discurso de su filial, Podem.

Los defensores del referéndum se ven legitimados al margen de la decisión que tomen los comunesporque Junts pel Sí y la CUP tienen mayoría absoluta (72 de los 135 escaños) en el Parlament. Sin embargo, no se les escapa el plus que supondría que un partido no nacionalista haga campaña activa por él, porque así podrían poner en valor el derecho a decidir como demanda democrática, y no tanto de cariz soberanista. De ese matiz podría depender la cifra de participación en la consulta, y que voten solo los independentistas o un número notable de no independentistas. También hay razones en el plano logístico. Ayer mismo, los ayuntamientos del PSC anunciaron que no van a colaborar con el plebiscito. Son decenas de consistorios, y algunos son núcleos urbanos relevantes como para provocar que el despliegue de la consulta sea irregular.


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