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A través del espejo

La paradoja fiscal

Por Jon Aldazabal - Sábado, 27 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:14h

Jon Aldazabal

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los datos demuestran que es la clase media la que sustenta el llamado sistema de bienestar. Se estima que aquellos que cuentan con una nómina, es decir, los aproximadamente diez millones de personas a nivel estatal cuyos sueldos están entre los 20.000 y los 90.000 euros al año, pagan entre tres y cinco veces más impuestos que los grandes capitales y las multinacionales. De estos diez millones, la situación más cruda la viven aquellas personas que están en el primer percentil, con un nivel de ingresos de entre 21.000 y 35.000, ya que por una parte superan el mínimo que les permite percibir ayudas, y al no ser consideradas como en riesgo de exclusión social, se encuentran con que además de “pagar el pato” tienen problemas importantes para llegar a fin de mes. Más allá de este colectivo en concreto, la cuestión es que mientras el dinero de las nóminas se grava hasta con un 45% y como autónomo un 42%, las sociedades cuentan con un tipo máximo del 30% aproximadamente. ¿Consecuencia? Toda persona con ingresos superiores a 120.000 € en el estado constituye una sociedad patrimonial para, a través de ella, realizar operaciones de inversiones, adquisición de bienes, o acciones, etc. A ello hay que sumar que una sociedad de este tipo no solo permite pagar menos impuestos, sino que tiene el beneficio añadido de que en el caso de que las cosas salgan mal, la responsabilidad va contra la sociedad, y no contra el patrimonio personal de su titular.

Parece que las soluciones para atajar esto son obvias ¿verdad? Incrementar los impuestos a las inversiones financieras, empresas y sociedades por una parte, y gravar en mayor medida a aquellas personas cuya franja de ingresos supere los 60.000 €. Desgraciadamente, las cosas ni son tan fáciles, ni tan efectivas. Y a veces, iniciativas con las mejores intenciones pueden generar el efecto contrario.

En lo que corresponde a las inversiones financieras y sociedades patrimoniales, en un entorno global de libre circulación como el actual, incrementar el gravamen sustancialmente implica la automática desaparición de muchos de esos fondos a lugares donde la tributación es más beneficiosa, entre otras razones, por la existencia de paraísos fiscales.

¿Y porque no se toman medidas para evitar la existencia de estos paraísos, máxime si ya están identificados? En el año 2007, la OCDE, con el “ánimo” de evitar esta “fiesta” y opacidad de los paraísos fiscales, instauró la exigencia de que cada una compartiera sus datos con al menos 12 países para en primer lugar, identificar estas sociedades, y en un segundo plano, instaurar medidas para poder atajar el “coladero”. En el 2009, el organismo anunció que 35 países denominados como paraísos ya compartían esta información. Pero mira por donde, estos países utilizaron el recurso obvio de firmar los acuerdos o bien entre ellos, o bien con otros países de poca relevancia. A modo de ejemplo, entre los años 2009 y 2010 un país como Groenlandia (de unos 60.000 habitantes) firmó acuerdos con 21 paraísos fiscales. Y así nos va.

A nivel europeo, propuestas lógicas como las de prohibir operar en suelo comunitario a las empresas que utilizan los paraísos fiscales, aplicarles sanciones económicas, o la eliminación del secreto bancario, parecen medidas lejanas por las que aún es conveniente seguir luchando. Desgraciadamente, y dentro de la UE, muchos países cuentan con sus propios espacios “Tax free”. Francia tiene la Polinesia Francesa, Holanda las Antillas Holandesas, Inglaterra las Islas Vírgenes y Gibraltar, Portugal a Madeira, por no hablar de Liechtenstein, Suiza o Andorra.

¿Y qué han hecho el resto de estados que no tenían su propio reducto? Pues desgraciadamente, legislar de forma benevolente con tipos impositivos inferiores o resquicios legales para que quienes tienen dinero de verdad paguen mucho menos que los que están “agarrados” a una nómina.

A esto hay que añadir que según cálculos del Gestha, la economía sumergida en España se estima en unos 253.000 millones, lo equivalente al 17,2% del PIB aproximadamente. Según el instituto de estudios fiscales, casi la mitad de la población justifica el fraude aceptando facturas ilegales o no pagando el IVA.

En comparación a este 17,2% de la economía sumergida, incrementar los impuestos del 33,1% al 50% a aquellas familias con ingresos superiores a 62.000, se estima que recaudaría el equivalente al 0,9% del PIB. No digo que no sea una pauta lógica, pero no es más que “el chocolate del loro”.

Quizás si se hiciera más caso, pero de verdad, a las propuestas de los colectivos de técnicos de hacienda, y se intentara atajar el asunto de una vez desde instancias supranacionales….


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