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El mutis por el foro de ‘Txapote’

El miembro de ETA se niega a declarar ante el juez por un atentado con lanzagranadas en 1995

Martes, 23 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:13h

Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, frente al tribunal que lo juzga por el atentado contra el Gobierno Civil en Donostia.

Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, frente al tribunal que lo juzga por el atentado contra el Gobierno Civil en Donostia. (Foto: Efe)

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Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, frente al tribunal que lo juzga por el atentado contra el Gobierno Civil en Donostia.

madrid- El exdirigente de ETA Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, se acogió ayer a su derecho a no declarar y no contestó a la Fiscalía en relación a su implicación en un atentado contra el edificio del Gobierno Civil de Gipuzkoa, en Donostia, cometido el 19 de julio de 1995.

“No voy a decir nada, no voy a formar parte en esto”, dijo Txapote en euskera en su única intervención en el juicio que comenzó a celebrar ayer la Audiencia Nacional, en el que se enfrenta a una pena de 14 años y ocho meses de prisión.

El Ministerio Público le atribuye el atentado que cometió el comando Donosti, del que formaba parte junto con los activistas ya condenados por estos hechos, Valentín Lasarte y Juan Ramón Carasatorre Aldaz, en el que efectuaron dos disparos con un lanzagranadas de 83 milímetros contra el edificio del Gobierno Civil de Gipuzkoa.

El que fuera jefe militar de ETA entre 1996 y 2001 y que acumula penas que superan los 450 años de prisión, está acusado ahora de los delitos de terrorismo, utilización ilegítima de vehículo de motor y sustitución de placas de matrícula. Pese a que este atentado se saldó sin víctimas ni heridos, la fiscal cree que los miembros de ETA actuaron “sin importarles el que pudieran causar lesiones o incluso la muerte” de aquellos que pudieran estar en las inmediaciones del Gobierno Civil.

Sí que produjo “daños de consideración” en los cristales del edificio, como ha corroborado una inspectora de Policía, quien aseguró ante el juez que, fruto de la investigación, cayeron en la cuenta de que “por el ángulo desde el que se lanzaron las granadas” debieron de disparar “desde un monte cercano”. Pudo ser el mirador del antiguo palacete de Puyo, situado a 400 metros en línea recta del edificio público, como cree la Fiscalía y como afirmó otro agente que declaró como testigo.

Lo que es seguro, según un miembro de la unidad de desactivación de explosivos de la Policía es que los tres miembros del comando dispararon con un lanzagranadas debido a la distancia a la que se efectuaron los disparos, que hacía “necesario apuntar, no valía con temporizadores”.

También declaró ayer el dueño del coche que robaron los activistas para desplazarse al lugar donde perpetraron el atentado, quien lamentó tener que haber pagado de su bolsillo las 11.200 pesetas (67,31 euros) de gastos de reparación del mismo.

Además de la pena de cárcel, la fiscal solicita el pago de una multa de 8.020 euros y de varias indemnizaciones: 17.568 euros al Estado;360 euros al dueño de un establecimiento que sufrió daños;y 340 euros para el dueño del coche que robaron.

En prisión desde 2002 -primero en Francia y luego en España- a Txapotese le atribuyen, entre otros, los atentados del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco;el dirigente popular en Gipuzkoa Gregorio Ordóñez;el dirigente socialista vasco Fernando Mújica;y el socialista Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez Elorza.

El pasado mes de marzo le fue concedido por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional el primer permiso penitenciario “extraordinario” para que atendiera durante unas horas a su padre, debido a la “dificultad de movilidad” por su avanzada edad.

Txapote fue detenido en la localidad francesa de Anglet en 2001, dos años después de haber heredado de Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, el aparato militar de la banda. Antes de eso había formado parte del ‘comando Donosti’ en el que ordenó o participó en una docena de asesinatos. Cumplirá un máximo de 30 años de cárcel, y no 40, en virtud de una decisión del Tribunal Supremo que sentenció que los delitos por los que fue juzgado y condenado se produjeron antes de la reforma penal que elevó el tiempo máximo en prisión para los terroristas en 2003. - E.P.


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