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EH Bildu sostiene que la ordenanza de pisos turísticos no responde a los intereses de los residentes

Burutaran exige al Gobierno local que “no haga la vista gorda y haga cumplir normas en vigor”

Jueves, 18 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:14h

donostia- El concejal de EH Bildu en el Consistorio donostiarra Ricardo Burutaran aseguró ayer que la ordenanza para regular los pisos turísticos, que se encuentra en fase de elaboración, tiene como “objetivo principal” poner los intereses de los propietarios que quieren alquilar sus pisos a los turistas “sobre los derechos de toda la ciudadanía”.

El concejal rechazó las “pinceladas” sobre las intenciones de la nueva norma, que han sido publicadas en la web municipal y que señalan, entre otras cuestiones, que si el Ayuntamiento sigue aplicando las actuales normas urbanísticas sin cambiarlas “se daría una importante tensión y judicialización”, una situación que, según EH Bildu, no se puede evitar en caso de que se produzcan incumplimientos.

Burutaran señaló que hay “cientos” de pisos ilegales y acusó al Gobierno municipal de “hacer la vista gorda” y no emplear los instrumentos que están en su mano para clausurar aquellos que no son legales ni legalizables. “Podemos estar de acuerdo en que haya una normativa complementaria para regular los pisos turísticos, pero con lo que nunca vamos a estar de acuerdo es que esta normativa vaya en contra el derecho a la vivienda”, dijo Burutaran, que añadió que “el uso principal de las viviendas es vivir y esta ordenanza quiere pasar por encima de ese derecho”.

Para esta formación, el hecho de que el Gobierno municipal diga querer buscar el “equilibrio” entre quienes quieren alquilar sus pisos a los turistas y los de la ciudadanía en general supone ir en contra de esta última.

Como ejemplo de la mala práctica que, a su juicio, lleva a cabo el Gobierno municipal, Burutaran citó la situación del edificio de la calle Legazpi 12, en el que, según aseguró, “hay un cúmulo de irregularidades por metro cuadrado que hacen insostenible que el Gobierno siga mirando para otro lado”. El corporativo señaló que en el sótano del edificio hay un office y servicios sin permiso;en el primero y segundo piso una pensión “que no cumple con la normativa de accesibilidad ni con la de incendios”;en la tercera y cuarta planta, “usos turísticos ilegales e ilegalizables con orden de clausura a falta de la firma del concejal de Urbanismo”, y en la última planta, “un piso del que se han hecho tres sin permiso de obra”. - C.A.


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