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desaparición del dirigente de ETA

Gobierno Vasco actualiza el "caso Pertur" y pide información para aclararlo

EFE - Miércoles, 17 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 13:44h

Monika Hernando, Jon Mirena Landa y Berta Gaztelumendi y la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, han presentado hoy en San Sebastián el documento "Informe sobre el caso Pertur: estado actualizado de la cuestión".

Monika Hernando, Jon Mirena Landa y Berta Gaztelumendi y la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, han presentado hoy en San Sebastián el documento "Informe sobre el caso Pertur: estado actualizado de la cuestión". (EFE)

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Monika Hernando, Jon Mirena Landa y Berta Gaztelumendi y la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, han presentado hoy en San Sebastián el documento "Informe sobre el caso Pertur: estado actualizado de la cuestión".

DONOSTIA. El Gobierno Vasco y la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) han elaborado un informe que analiza los hechos conocidos y la situación jurídica actual de la desaparición del dirigente de ETA Eduardo Moreno Bergaretxe "Pertur" y pide información para esclarecerla.

La directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando, la responsable del Instituto de la Memoria Gogora, Aintzane Ezenarro, y los redactores del informe, Jon Mirena Landa, responsable de la Cátedra, y Bertha Gaztelumendi, han presentado hoy el trabajo en Donostia.

El informe no ofrece datos nuevos sobre los hechos ni "privilegia" ninguna de las dos hipótesis que se han barajado sobre la desaparición de "Pertur" el 23 de julio de 1976: que fue secuestrado y asesinado por grupos de extrema derecha, por una parte, y que fueron los llamados comandos "Bereziak" de ETA político-militar los responsables de su desaparición, por otra.

Los investigadores de la Cátedra han tratado de estudiar los indicios que apuntan a una tesis y a otras y también sus contradicciones, para lo que se han valido de las hemerotecas, los trabajos bibliográficos sobre el caso y la instrucción llevada a cabo por la Audiencia Nacional.

Lo último que se conoce es que los dirigentes de ETA Miguel Apalategi "Apala" y Francisco Múgica Garmendia "Pakito" llevaron a "Pertur" en coche desde San Juan de Luz hasta Behobia, justo al lado de la frontera, lugar donde se perdió la pista del dirigente de ETA para siempre.

En cualquier caso, el informe indica que la investigación que se llevó a cabo en Francia tras la desaparición fue "muy deficiente" desde un principio y a lo largo de los años sucesivos.

"Desde que se produce la desaparición la falta de interés por una investigación eficiente y exhaustiva resulta evidente", sostiene el trabajo en su capítulo de conclusiones.

El caso se reabrió en la Audiencia Nacional en 2008, tras una querella de la familia, pero tras cuatro años de investigaciones se archivó provisionalmente sin que el juez se decantara por ninguna de las dos hipótesis expuestas y "sin descartar ninguna".

El informe está estructurado en dos partes, la primera de las cuales pretende establecer "qué se sabe y qué no se sabe" sobre los hechos y el contexto en el que se produjo la desaparición de "Pertur" y las investigaciones que se desarrollaron entonces.

La segunda parte aborda un análisis de la situación jurídica del caso, al que, según han indicado los investigadores, no le afecta la prescripción ni la ley de amnistía, porque "Pertur" sigue desaparecido, lo que implica que la "antijuricidad de la conducta sigue desplegándose y el delito sigue cometiéndose".

El informe pretende asimismo "volver a llamar la atención" sobre la "injusticia" del caso y "quizá activar una nueva investigación más exhaustiva", además de "servir para que aquellas personas hoy vivas que tuvieran información de tales hechos pudieran siquiera de forma anónima hacer llegar dicha 'noticia criminis' para que se pueda aliviar en parte el sufrimiento que sigue generando".

El hecho de que no haya aparecido el cadáver de "Pertur" y no se haya podido determinar la autoría de su desaparición conlleva que la familia no ha recibido reparación por parte de los victimarios ni de las instituciones públicas, ya que su situación no tiene encaje en ninguna de las leyes aprobadas para resarcir a los afectados por la violencia.

Por este motivo, el estudio de su caso y su incorporación al Instituto de la Memoria Gogora pretende constituir un acto simbólico de reconocimiento a la familia por parte del Gobierno Vasco por el daño injusto sufrido.


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