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El defensor de trotskistas

Por Patxi Agirre - Miércoles, 17 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Los “Fets de Maig” (Sucesos de Mayo) acaecidos en la primavera barcelonesa de 1937, generaron un movimiento insurreccional revolucionario donde fuerzas anarquistas y trotskistas se enfrentaron a las fuerzas republicanas y de la Generalitat de Catalunya. Alrededor de 280 personas murieron en aquella lucha fratricida. Mariano Ansó, exalcalde de Pamplona y Diputado por Gipuzkoa en las Cortes de 1936, definió aquellos hechos como “espectáculo delicuescente (decadente) y suicida”.

Tras el aplastamiento de la revolución, las consecuencias no se hicieron esperar. En lo gubernamental, abandonado por su propio partido, caía el 13 de mayo el Gobierno del socialista Francisco Largo Caballero (partidario de la revolución proletaria para acabar con el régimen burgués republicano) y el también miembro del PSOE Juan Negrín (ex ministro de Hacienda) se hacía cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, nombrando titular de Justicia al abertzale navarro Manuel Irujo. Los comunistas, lograban asimismo que el nuevo ejecutivo excluyera a los miembros de la CNT. En lo espiritual, comenzaba a atenuarse la intolerancia religiosa y, en la vertiente más partidista de la política, el ortodoxo PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), afín a las tesis de Moscú, comenzó su particular venganza contra la izquierda más heterodoxa.

El POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), de inspiración antiestalinista, proclamó desde los primeros compases de la contienda la necesidad del triunfo revolucionario como vía para la victoria en la guerra y, en consecuencia, Andreu Nin, su principal dirigente, realizó el 26 de abril de 1937, un encendido llamamiento a la clase trabajadora para que tomara inmediata y pacíficamente el poder, “ya que, de lo contrario, tendría que hacerlo violentamente”. Con aquellos antecedentes, no resulta extraño saber que Nin (que años atrás había sido secretario de Trotski) y sus compañeros mantuvieron una posición activa y de vanguardia en el proceso insurgente de la Ciudad Condal.

Tal como el escritor británico George Orwell (testigo directo de los acontecimientos) había imaginado, “Comprendí vagamente que, cuando la lucha concluyera, el POUM, que era el chivo expiatorio más propicio, cargaría con toda la culpa”, el final de los “Fets de Maig” derivó en una dura represión contra los trotskistas.

Andreu Nin, firme defensor de arrancar de raíz el problema de la Iglesia, “no dejando una Iglesia en pie, suprimiendo los sacerdotes, las iglesias y el culto”, fue detenido y trasladado a Valencia, donde permaneció aislado durante tres días en los calabozos de la Dirección General de Seguridad. Encarcelado posteriormente en varios centros de la capital de España, fue extraído de su última prisión madrileña y secuestrado por agentes soviéticos. A partir de ahí, en medio de intensos rumores sobre su posible asesinato, que provenían incluso de personalidades políticas de la talla de la exministra Federica Montseny, un halo de misterio envolvió la desaparición de Nin. Lo último que parecía saberse de su paradero era que había estado recluido en una finca de Alcalá de Henares.

Manuel Irujo, años más tarde expuso certeramente las verdaderas razones de aquellas circunstancias: “lo que los comunistas querían, más que hundir a los anarquistas, era hundir al POUM (…) se odia más al hereje que al enemigo. El POUM era trotskista y para el estalinismo esto constituía una herejía”.

En aquel escenario de confusión, Irujo, como nuevo responsable de la cartera de Justicia, y estando convencido de que el “desaparecido” aún permanecía con vida (así se lo hizo saber a su mujer, Olga Tereeva), puso en marcha un intenso dispositivo de búsqueda dirigida por el inspector de prisiones y persona de su máxima confianza Miguel José Garmendia (Comandante de Gudaris). Además, recibió a un grupo de comisionados europeos representantes de organizaciones humanitarias y formaciones políticas de izquierda (laboristas británicos y holandeses, socialistas franceses, democristianos y católicos de izquierda, Liga de Derechos del Hombre etc.) a los que se permitió reunirse, con plena libertad, con bastantes de los detenidos.

Paralelamente, el Ministro de Gobernación, el socialista vizcaíno Julián Zugazagotia decretó el cese fulminante como Director General de Seguridad del Teniente Coronel Ortega (ex Gobernador Civil de Guipúzcoa) por su actitud negligente en el ejercicio del cargo.

Ante lo infructuoso de los resultados de la búsqueda, Irujo llegó a presentar la dimisión como ministro. Lo cierto era que Andreu Nin había sido ejecutado por agentes al servicio de la Internacional Comunista y que el último traslado a Alcalá de Henares fue obra de oficiales rusos y polacos con el objetivo de dar a entender a la opinión pública que el dirigente trotskista había sido raptado por la Gestapo alemana. El caso Nin dañó enormemente la imagen internacional de la República. La única consecuencia positiva de aquel trágico suceso, fue la excarcelación de 200 sacerdotes de la prisión gubernativa de Barcelona tras el nombramiento del nuevo Director de Seguridad (Carlos Manuel de Juan) a sugerencia de Irujo.

Pero no sólo Nin fue represaliado tras los Sucesos de Mayo. Todos los miembros del Comité Ejecutivo del POUM (Andrade, Gorkin) fueron encarcelados y acusados, sin pruebas, de espionaje pro-fascista. Debido a lo prolongado de la reclusión y las duras condiciones del encierro, los presos trotskistas iniciaron, junto con detenidos de otras ideologías, una huelga de hambre que, con el transcurso de los días, amenazaba con terminar trágicamente.

Para dar fin con aquella situación, Irujo, a través de uno de sus secretarios, envío una solicitud de entrevista en la cárcel de mujeres de Barcelona con la austriaca antifascista Katia Landau. Celebrada la cita, la huelga había terminado y los presos serían juzgados con plenas garantías (muchos de ellos fueron expulsados del territorio republicano sin que pesara sobre ellos hecho delictivo alguno). Tras le entrevista mantenida con Irujo, la Sra. Landau declaró: “este vasco, cristiano, católico, liberal, demócrata, no es un agente de Stalin. Es un hombre incapaz de perseguir. Es un republicano. Tiene un profundo sentido humano. Es un amigo del pueblo”.

Ocho militantes trotskistas condenados a la pena capital, al ser preguntados por el Presidente del Tribunal si presentaban alegaciones, respondieron que “declare el Ministro”. Para entonces, Manuel Irujo había dejado de ser miembro del gabinete Negrín, pero no tuvo inconveniente en trasladarse de París a la capital catalana para actuar como una especie de abogado defensor “de facto” de los detenidos. Tras una hora y media de declaración, logró cambiar la acusación de la fiscalía de traición a rebelión. La pena de muerte fue conmutada.

Siguiendo con la cita de Lev Davidovich Bronstein que encabeza el artículo, Manuel Irujo Ollo no se arrodilló ante el hecho consumado: defendió a ultranza la legalidad, atacó la conculcación de derechos, defendió sin mirar a ideologías. Así afrontó con dignidad el porvenir.


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