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El Gobierno español recurre la ley vasca de abusos policiales

El TC tiene cinco meses para decidir si acepta la suspensión de los 10 artículos recurridos

Viernes, 12 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:12h

Santamaría visitó Bilbao el pasado enero.

Santamaría visitó Bilbao el pasado enero. (Borja Guerrero)

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Santamaría visitó Bilbao el pasado enero.

Donostia- Tal y como anticipó el pasado viernes la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el Gobierno español ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley vasca de víctimas policiales entre 1978 y 1999 aprobada por el Parlamento Vasco en julio de 2016. El Gobierno Vasco se enteró ayer por una filtración a la prensa del registro del recurso y los términos del mismo. Al cierre de esta edición, todavía no tenía constancia oficial, aunque hoy el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, comparecerá para hacer una valoración oficial.

Fernández ofrecerá detalles sobre la viabilidad de la ley si finalmente se le recortan diez de los veintiún artículos que, al parecer, son considerados como preceptos inconstitucionales en el recurso del Gobierno español. El Constitucional tiene un plazo de cinco meses para decidir si suspende todos, algunos o ninguno de los artículos que reclama el Ejecutivo de Rajoy.

El recurso incide, sobre todo, en la comisión de valoración que habilita la ley, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas de la violencia policial, torturas o un exceso cometido por un funcionario del Estado. Este grupo de expertos se ocuparía de determinar si cumple los requisitos para incluir como víctima al demandante. El Gobierno español considera que un organo extrajudicial no puede inmiscuirse en la investigación de hechos ilícitos, ya que corresponde al Estado, y no a la comunidad autónoma, la competencia sancionadora de las actuaciones de la Guardia Civil y la Policía española. Considera que solo los tribunales, mediante sentencias, pueden determinar si se ha traspasado la legalidad.

La denominada Ley de Reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la CAV entre 1978 y 1999 fue minuciosamente elaborada para dotarla del máximo de seguridad jurídica y para no entrometerse en las competencias de los tribunales. En su redacción se apunta expresamente a la colaboración con los tribunales para que las víctimas puedan acceder a la información que les permita conocer la verdad. La ley es concebida como un proceso de reparación administrativa, nunca penal.

Otro de los preceptos recurridos es el que hace referencia a la prestación asistencial a las víctimas de abusos policiales. El Gobierno español considera que esa asistencia está prestada por el sistema estatal de salud que regula el reconocimiento de ese derecho y, por tanto, también en este caso habría una invasión competencial.

También ha recurrido uno de los artículos incorporados a última hora por el PSE referido a la inclusión expresa en la ley de aquellas personas que, aun no pudiendo acreditar haber visto vulnerados sus derechos, sí tienen pruebas de su indefensión por no haberse investigado sus denuncias. De hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha condenado en varias ocasiones por este motivo al Estado español.

La ley recurrida pretende dar respuesta a la situación de un colectivo de víctimas que “no han sido reconocidas ni reparadas” hasta la fecha, y cuya existencia “ha quedado reconocida en informes de organismos internacionales de derechos humanos”, dice la normativa. El texto contempla la asignación de indemnizaciones a las personas a las que les sea reconocida su solicitud. Las ayudas son de 135.000 por fallecimiento, 390.000 por gran invalidez, 95.000 euros por incapacidad absoluta permanente, 45.000 euros por incapacidad permanente total y 35.000 euros por incapacidad permanente parcial.

“desamparo”A la espera de la valoración de hoy del Gobierno Vasco, EH Bildu y Elkarrekin Podemos avanzaron ayer su posición sobre el recurso del Gobierno español. Desde la coalición abertzale -que en la votación de la ley en el Parlamento Vasco se abstuvo-, Maddalen Iriarte no valoró el recurso como tal sino que se refirió a sus implicaciones generales en la relación entre los gobiernos vasco y español. En declaraciones a los medios dijo que el recurso demuestra “quién manda en las relaciones entre Euskadi y el Estado español” y que la bilateralidad que trata de“vender” el PNV tras sus acuerdos con el PP “no es verdad”. “No hay bilateralidad posible con el Gobierno español”, apostilló.

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos, Pili Zabala,denunció el “desamparo” de las víctimas de abusos policiales como consecuencia de la “insensibilidad” del Gobierno del PP al recurrir varios artículos de la ley. La también hermana de Joxi Zabala, secuestrado por los GAL junto a Josean Lasa, cuyos cadáveres aparecieron años después enterrados en cal viva, dijo que “hoy es un día triste porque no se respetan los derechos humanos de todas las víctimas”. - N.G.


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