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Forcadell acusa al tribunal de “coartar y paralizar” un parlamento democrático

Asegura ante el TSJC que su obligación fue permitir la votación de dos resoluciones en favor del referéndum

Carlos C. Borra - Martes, 9 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:11h

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell (7d), y la secretaria de la Mesa Anna Simó (6d), acompañadas del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont

Carme Forcadell y Anna Simó, arropadas entre otros por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Artur Mas, ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. (EFE)

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La presidenta del Parlament, Carme Forcadell (7d), y la secretaria de la Mesa Anna Simó (6d), acompañadas del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont

Donostia- Las atribuciones de un parlamento autonómico a la hora de permitir el debate de los distintos grupos políticos fueron puestas ayer sobre la mesa con motivo de la declaración de la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde acudió como investigada, por segunda vez, por presunta prevaricación y desobediencia. El motivo: permitir que el Parlament votara el pasado 6 de octubre, tras el debate de política general, dos resoluciones impulsadas por Junts pel Sí y la CUP en favor de un referéndum independentista pese a existir un mandato del Tribunal Constitucional en sentido contrario. Forcadell lo tiene claro, y en una declaración institucional leída en la propia sede parlamentaria tras comparecer en el tribunal, aseguró que “no nos doblegaremos a la voluntad censora de aquellos que quieren paralizar y coartar un Parlamento democrático;continuaremos garantizando que el debate, el voto y la palabra sigan siendo pilar fundamental” del mismo.

De hecho, durante su declaración, la presidenta de la Cámara le dio la vuelta al argumento del Ministerio Público y reclamó el amparo tanto de la jueza como del fiscal que se ha querellado en su contra, ya que son los únicos que pueden garantizar la “inviolabilidad parlamentaria” que le asiste, “como prevé el Estatut, el reglamento del Parlament y toda la jurisprudencia y derecho internacional”. Este principio, que presentó como una garantía de la “separación de poderes”, fue el eje de la defensa de Forcadell y de la secretaria primera de la Mesa del Parlament, Anna Simó, que también declaró ayer. “Hablar, debatir y votar no es un delito”, dijo la primera. Lo contrario, agregó, supone una “anomalía democrática”. La Fiscalía también ha imputado a otros tres miembros de la Mesa -Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet- que acudirán a declarar al TSJC en las próximas semanas.

La jornada comenzó temprano para las acusadas, que estuvieron arropadas por varios miles de personas y numerosos cargos políticos, ya que Forcadell estaba citada a declarar a las 9.00 horas y Simó inmediatamente después. Ambas se acogieron a su derecho a no contestar a las preguntas de la magistrada ni de la Fiscalía y tan solo respondieron a su abogado por espacio de 20 minutos cada una. Comenzaron sus respectivas declaraciones con un alegato en el que pidieron el amparo a su derecho a la inviolabilidad parlamentaria. Este fue precisamente el argumento de un escrito presentado el pasado viernes por su defensa para solicitar el archivo de la causa, que fue rechazado por la jueza al entender que este no es el momento procesal para resolverlo. Ni la magistrada ni el fiscal respondieron durante la vista al llamamiento a la inviolabilidad realizado por las acusadas.

La de ayer fue la segunda declaración de Carme Forcadell en sede judicial tras recibir una querella de la Fiscalía. Como ya hiciera el pasado 16 de diciembre, alegó que la Mesa del Parlament no puede impedir los debates propuestos por la Cámara. Recordó que las resoluciones a favor del referéndum recogían los asuntos que se habían tratado en el debate de política general previo y a los que se habían referido los grupos y el mismo president de la Generalitat, Carles Puigdemont, por lo que las resoluciones debían recoger necesariamente esa cuestión. Según ella, por tanto, actuó con “neutralidad” y no incumplió el fallo del TC que prohibía desarrollar cualquier iniciativa que emanara de la declaración de ruptura que el Parlament aprobó el 9 de noviembre de 2015, que abría la puerta a una vía unilateral a la independencia, ni sus resoluciones posteriores.

Una posición muy diferente mantiene la Fiscalía, para la que la Mesa de la Cámara no debe permitir todos los debates sino que está llamada a establecer un veto en determinadas cuestiones, como en este caso en el que hay un mandato del Constitucional. En sus declaraciones, Forcadell y Simó sí admitieron que el letrado mayor del Parlament hizo constar la obligación de la Mesa de cumplir con las resoluciones del Alto Tribunal;eso sí, lo hizo una vez que esta había tomado ya la decisión de admitir a trámite las resoluciones a favor del referéndum.

Apoyo ciudadanoVarios miles de personas se concentraron ante el TSJC para apoyar a las imputadas. Convocados por asociaciones como la ANC, Òmnium, AMI, ACM y Súmate, los manifestantes llevaban esteladas y pancartas con mensajes como La democracia no es un crimen, Me autoinculpo y Amamos la democracia. Además, los organizadores colocaron unas grandes letras blancas delante del tribunal que conformaban la palabra “democracia” para recibir a Forcadell.

Esta llegó andando desde el Parlament acompañada por una delegación institucional encabezada por el president Carles Puigdemont, diputados de las diferentes fuerzas soberanistas y cargos inhabilitados por el 9-N como el expresident Artur Mas. Los congregados recibieron a Forcadell y Simó al grito de “fuera, fuera, fuera la justicia española” y con proclamas independentistas. Una vez ante el TSJC, se produjo un silencio y la comitiva institucional y los concentrados cantaron el himno de Els Segadors. A su salida del tribunal, los presentes profirieron gritos de “no estáis solos”.


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