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Editorial

Desastrosa política de renovables

Los caóticos planes de los diferentes gobiernos españoles sobre las energías limpias han generado graves perjuicios a empresas y familias y han hundido la producción ecológica

Domingo, 7 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:11h

La desastrosa y errática política de los gobiernos españoles respecto a las energías renovables está viviendo un nuevo capítulo en forma de varapalo internacional que va a costar más de 128 millones de euros a las arcas del Estado y amenaza con aún mayores desembolsos en indemnizaciones. El fallo de la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) del Banco Mundial que condena a España por violar el artículo 10 de la Carta de la Energía por trato discriminatorio a la empresa británica Eise al haber cambiado de manera radical el marco regulatorio es el primer arbitraje internacional desfavorable al Estado español, que cuenta con otras 26 denuncias con características similares. El dictamen, además, pone de manifiesto también los graves perjuicios que han sufrido decenas de miles de pequeños inversores y familias que, empujados en su día por el propio Gobierno y al calor de unas sustanciosas primas, invirtieron y se endeudaron en plantas de producción de energía solar y que hoy han quedado arruinados y, en contra de lo que sucede con las firmas internacionales, sin posibilidades siquiera de recurrir. El meollo de la cuestión, con todo, es la propia política energética del Estado. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero quiso impulsar la denominada energía verde mediante ayudas millonarias y promesas de importantes beneficios pero erró de manera grave en sus cálculos, generando una burbuja que, tarde o temprano, tenía que terminar explotando. Por su parte, el Gobierno de Rajoy frenó en seco estos planes e introdujo el llamado impuesto al sol mediante un cambio drástico de condiciones, que ha derivado, primero, en los fuertes perjuicios ocasionados tanto a empresas como a particulares -que, al menos en algunos casos como el dictaminado por el Ciadi, significará multas millonarias pese a que el Gobierno considere que no sienta jurisprudencia- y, además, en un alarmante e incomprensible déficit en la producción de energía renovable en un país que, en teoría y por recursos naturales, tendría que liderarla. El Ejecutivo debe, tanto por razones económicas como de preservación del medio ambiente -ahí están los compromisos de la cumbre de París- impulsar de manera contundente y eficaz la generación de energías renovables, sin las chapuzas anteriores y sin las excusas actuales.


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