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Cinco apellidos vascos

Por Carlos Etxeberri - Domingo, 7 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:11h

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El acuerdo sobre el Cupo que han alcanzado los gobiernos vasco y español y el pacto presupuestario que el PNV ha firmado con el PP han provocado un rosario de reacciones negativas, -la mayor parte de ellas rayanas en la ignorancia o en un absoluto desconocimiento impropio de la formación intelectual que deberían tener quienes las realizan a juzgar por los cargos que ocupan-, que no por esperadas son preocupantes por lo que significan de perpetuación de unos estereotipos que aparecen como el Guadiana y de una visión un tanto torticera de las reglas de funcionamiento por las que se debe regir un Estado democrático.

Que los votos de los cinco diputados del PNV que se sientan en el Congreso de los Diputados de Madrid hayan sido la causa para resolver la liquidación del Cupo en 1.400 millones de euros después de diez años de discrepancias con el Gobierno español que durante todo este tiempo ha utilizado una posición de dominio, bajo la excusa de la existencia de una crisis económica y del alto déficit financiero del Estado, para no cumplir con una obligación tasada y respaldada por la Ley, así como fijar en 956 millones el Cupo provisional para este año que servirá de base para los pagos de los próximos cinco años, ha hecho que a los vascos nos vuelvan a llamar insolidarios, privilegiados, hasta carroñeros por aprovecharnos de un Gobierno débil y corrupto. Al margen de tachar al Concierto Económico de anacrónico o de tratar de abolirlo como quiere Ciudadanos.

Si a eso añadimos que el acuerdo presupuestario que significará un gran impulso a la hora de culminar la red de alta velocidad ferroviaria en Euskadi, la reducción de la tarifa eléctrica a las empresas y el reforzamiento de policía integral a la Ertzaintza, ha puesto en evidencia la jaula de grillos en la que se ha convertido la política española con un PSOE abierto en canal, un Podemos que le asusta alcanzar la madurez y se mantiene en lo frívolo y un Ciudadanos de laboratorio que juega al oportunismo, y su incapacidad de formar una alternativa sólida frente al PP, está claro que las reacciones iban a ser furibundas.

Las críticas han venido de todas las regiones del Estado, fundamentalmente las del sur, y desde todos los colores políticos, especialmente de los barones del PSOE, en su mayor parte seguidores de la candidata a primarias, Susana Díaz. Tampoco hay que desdeñar las afirmaciones recogidas en los grandes medios de comunicación de Madrid y Barcelona, sobre todo los catalanes que, en algunos casos, se han mostrado especialmente beligerantes.

Por el escaso conocimiento del Concierto Económico que reflejan esas manifestaciones lideradas por los barones socialistas “susanistas”, que obvian el carácter constitucional de esta figura del autogobierno vasco, que ha sido aprobada 16 veces en los últimos 30 años por el Congreso de Madrid, bueno hubiera sido que en el pacto suscrito entre el PNV y el PP se hubiera incluido un anexo para que desde el Estado se hiciera pedagogía en todos los ámbitos sobre este instrumento que se deriva de los derechos históricos de los vascos. Nadie mejor que Pedro Luis Uriarte para llevar a cabo esta iniciativa, con el fin de que todos aquellos que hoy hablan a partir de estereotipos previos lo hagan por lo menos desde el conocimiento, al margen de la utilización partidista que pretendan.

A la espera de que el PP y el PSOE hagan pedagogía interna del Concierto Económico, hay que decir que es absolutamente falso que el acuerdo del Cupo pueda afectar a la financiación de otras regiones como de manera simplista lo han planteado los presidentes de Andalucía, Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura e Islas Baleares, todos ellos socialistas, a los que se han sumado con algunos matices, Galicia y Castilla-León y Cantabria. Es decir, los responsables de todas las regiones del Estado, salvo Cataluña y Murcia, califican la liquidación del Cupo como algo insolidario cuando está absolutamente demostrado que, al margen de la contribución que Euskadi hace al Fondo de Compensación Interterritorial, los vascos hemos pagado por Cupo 4.400 millones de euros más de lo que nos correspondería por población (2,5 millones de habitantes) y por nuestra contribución real al PIB estatal que no es del 6,24%, tal y como se ha venido aplicando históricamente hasta ahora, sino del 6,1%.

Que la CAV entre en el sistema de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), como vuelve a pretender el joseantoniano Albert Rivera, o aumentar de manera importante su aportación al Estado, no resolvería en absoluto los problemas de financiación y de deuda que tienen. Un aumento medio del Cupo de 3.218 millones de euros, según cálculos de Pedro Luis Uriarte, al margen del efecto letal que tendría para Euskadi, en lo que supone de aumento importante de los impuestos o recortes en gasto público o un mix de los dos, significa solo un 1,3% de los 237.764 millones de euros que deben las comunidades autónomas al Estado. Solo Cataluña tiene una deuda de 66.000 millones que debe negociar con el Estado.

La pregunta que hay que hacerse es porque esos responsables políticos a los que se les presupone cierta formación intelectual, entienden la liquidación del Cupo como una ayuda financiera que el Estado proporciona a Euskadi, en detrimento de otras regiones, sin querer saber que se trata de un ajuste de cuentas en paridad por unas competencias transferidas y gestionadas exclusivamente por los vascos y por la contribución al gasto de las competencias que el Estado hace en Euskadi y que está fijada en el 6,24%. Precisamente, esa ha sido la contribución que los vascos hemos hecho a la financiación de la red de alta velocidad en el Estado que ha supuesto un montante de 50.000 millones de euros, con tramos que no iban a ninguna parte o no tenían viajeros, cuando en Euskadi seguimos sin contar con esa infraestructura por una decisión política de Madrid, en contra de las directivas de la UE que la definen como estructural dentro del corredor atlántico de conexión con Europa. Que se sepa nadie de esas regiones que disponen del AVE ha protestado por ello desde un planteamiento solidario.

El agravio que permanentemente plantean desde las filas del PSOE y de Ciudadanos se podría resolver muy fácilmente. En vez de denunciar los supuestos privilegios de los vascos, lo que podrían plantear es un pacto fiscal con el Estado para así disponer de financiación propia y poder gestionar mejor sus competencias. Nadie quiere asumir esa responsabilidad porque, entre otras cosas, significa no contar con la tutela del Estado sobre todo, cuando las cosas vienen mal dadas. Solo los catalanes se dieron cuenta, aunque tarde, de esa situación, ya que cuando se les ofreció una figura similar al Concierto en 1981, la rechazaron por considerarla una “antigualla” y por lo impopular que es ejercer de recaudador de impuestos.

Cuando la demagogia forma parte de la política en el Estado, bueno será recordar que en Euskadi los ingresos per cápita son mayores y que los tipos marginales del IRPF superan a los de la mayoría de las comunidades autónomas. En pura lógica con unos tipos impositivos más elevados, aplicados sobre bases imponibles mayores el resultado es que los ingresos fiscales sean más altos. En Madrid el tipo marginal de IRPF es del 44,5%, mientras que en Euskadi es del 49%, en tanto que en Impuestos de Sociedades es del 25% para una empresa madrileña, en tanto que una vasca tributa un 28%. A lo que hay que añadir la inexistencia del Impuesto de Patrimonio y una disminución en Sucesiones. Un estudio reciente realizado por el Consejo General de Economistas es claro en este sentido. En lo que se refiere al gravamen de los impuestos personales, Euskadi ocupa el décimo puesto en los países de la UE, al tener una presión fiscal del 49% por delante de países como Italia, Irlanda y Alemania, mientras que España con un 46% se sitúa en el puesto 17 por delante de Reino Unido, Luxemburgo y Noruega.

Y todo ello sin hacer mención a la existencia de una importante y estructural economía sumergida existente, sobre todo en el sur y en el levante de la Península, y a los graves casos de corrupción que han dilapidado, para beneficio propio de algunos o por la megalomanía de otros, ingentes cantidades de recursos públicos.

Es en esta coyuntura donde muchos políticos españoles no entienden que solo cinco vascos apellidados Esteban, Barandiaran, Agirretxea, Legarda y Sagastizabal hayan osado con sus votos en el Congreso a cambiar radicalmente la situación política de un Estado ofreciendo estabilidad, -un valor en alza en estos momentos en Europa-, a condición de obligarle, una vez más y aprovechando las circunstancias, a cumplir con lo históricamente acordado y comprometido, protagonizando un papel que, en su opinión, parece que no les corresponde. En este escenario, ahora que no hay violencia, pretenden que la presencia de los vascos en Madrid se sitúe solo en un plano estético y conciliador, siempre que no hagamos mucho ruido, por aquello de evitar las comparaciones, y que hablemos de gastronomía, que, al parecer, es lo único que nos quieren dejar. Es la España cañí que sigue sin entender la pluralidad y la plurinacionalidad del Estado.


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