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La dulzura de Puigdemont

la vinculación entre la política alimentaria y la sanitaria públicas se incrementará progresivamente en nuestra sociedad del bienestar

Por Xabier Iraola - Domingo, 7 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:12h

Xabier Iraola

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Xabier Iraola

anda soliviantada la caverna madrileña con los constantes sustos que le dan los catalanes, mejor dicho, los nacionalistas catalanes, con su insistencialismo sobre el referéndum y así, mientras los tertulianos tiran de argumentos incendiarios sobre los males que acarrearía una España rota, va el timorato Mariano, Maricomplejines como le llama el radical Jiménez Losantos, y llega a un acuerdo con los nacionalistas vascos que le hace un siete y revienta las costuras del constreñido traje constitucional.

En un ejercicio de desdoblamiento, los nacionalistas vascos, el PNV, se ha apoderado del seny catalán y ha aprovechado la debilidad de Mariano para aflojarle la cartera con un magnífico acuerdo sobre el Cupo y de paso, una serie de acuerdos no menores, desatascar otros temas importantes como pueden ser el tratamiento a la Ertzaintza, las obras del TAV, la tarifa eléctrica de la industria, plataformas logísticas en Jundiz y Lezo, obras ferroviarias como la supresión de pasos a nivel, variante supersur y en Ordizia, etc. El acuerdo ha dejado satisfechos a ambos protagonistas y ahora solo falta que los extremos de ambas partes, las respectivas cavernas, se caigan del guindo y se den cuenta de que ni el acuerdo del Cupo, por muy beneficioso que sea para Euskadi, supone ningún perjuicio para otros, ni que dicho acuerdo, para la caverna autóctona, supone una dejación de reivindicaciones de autogobierno que deberán ser tratadas en otros foros y en otras ocasiones.

Pues bien, como decía, la caverna madrileña anda colérica con los catalanes pero estos días andan relativamente contentos al creer haber hallado una inmejorable munición contra los separatistas tras la aplicación de un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas que, según dichos cavernícolas, supone un grave perjuicio para los ciudadanos catalanes que se ven estrujados por los insaciables dirigentes secesionistas que necesitan de recursos para su alocada aventura soberanista y también porque supone un agravio comparativo con respecto al resto de españoles que disfrutan de unos refrescos más económicos.

Por si no lo saben, la polémica generada por la Generalitat catalana, capitaneada por Carles Puigdemont, artificialmente aumentada por los que le tenían ganas por cuestiones políticas, viene por la decisión de aplicar desde el 1 de abril un nuevo tributo a las bebidas azucaradas que supondrá el cobro de 0,08 euros por litro en bebidas que tengan de cinco a ocho gramos de azúcar por cada 100 mililitros y 0,12 euros por litro en bebidas de más de ocho gramos de azúcar por cada 100 mililitros y que, según las previsiones gubernamentales recogidas en el presupuesto del 2017, le supondrá unos ingresos de 41,3 millones anuales.

Este tributo, en su momento, ya lo quiso aplicar el propio Artur Mas quien, finalmente, reculó ante las presiones de la industria agroalimentaria afectada, pero ahora, los nuevos compañeros de gabinete y las necesidades pecuniarias han sido la palanca imprescindible para impulsar este nuevo impuesto que aliviará, en cierta forma, las temblorosas arcas públicas.

En esta sociedad de titulares, cortos y rápidos, los medios de comunicación, mayoritariamente contrarios al procès catalán, han incidido en el afán recaudatorio de los gobernantes y en el enorme perjuicio ocasionado al bolsillo de los desprotegidos ciudadanos. Ahora bien, aún reconociendo las necesidades financieras de la Generalitat, no quisiera ser tan mezquino como para ceñirme a cuestiones meramente recaudatorias, puesto que creo que el argumento base de dicha decisión fiscal es el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el cual, los impuestos a las bebidas azucaradas ayudan a reducir el consumo de estos productos y también la prevalencia de la obesidad, la diabetes de tipo 2 y la caries dental. Es más, la propia OMS habla de que un aumento del 20% en el precio redundaría en una reducción proporcional del consumo de bebidas azucaradas y consecuentemente, una reducción de la ingesta de «azúcares libres» y de la ingesta calórica total, una mejor nutrición y una disminución en el número de personas que presentan sobrepeso, obesidad, diabetes y caries dental. ¡Ahí es nada!

Ahora bien, no debemos olvidar que dicho informe también recoge otras propuestas de ámbito fiscal y así, mientras recomienda extender la aplicación de impuestos a alimentos ricos en azúcares libres (aprobada ahora en Cataluña) a otros alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos trans, y sal, no es menos cierto que también recomienda subvencionar frutas y hortalizas para reducir su precio entre un 10 y un 30% para aumentar consiguientemente su consumo.

No sé, estimados lectores, qué les parecerá este nuevo objetivo alimentario-nutricional-sanitario de la política fiscal pero tenemos que ser conscientes de que la política fiscal como herramienta para el logro de determinados objetivos sociales, políticos y económicos es una herramienta realmente poderosa y mucho me temo que, más aún tras haber escuchado las palabras de los expertos en la materia reunidos hace poco en Valencia en los Diálogos sobre Nutrición y Sistemas Alimentarios Sostenibles, la vinculación entre la alimentación y la salud y, por consiguiente, la política alimentaria pública y la política pública de salud, irá creciendo progresivamente, más aún en una sociedad moderna y rica como la nuestra donde el bienestar personal es uno de los máximos objetivos de todos nosotros.

Eso sí, en esta sociedad del bienestar y donde la mitad de la población sufre malnutrición, bien sea por desnutrición o por sobrepeso-obesidad, no debemos pasar por alto los preocupantes datos estadísticos que recogen que el 39,3% de los españoles sufren sobrepeso y el 21, 6% obesidad y que el aumento de la obesidad es uno de los retos de la salud pública ya que se asocia a mayor mortalidad, discapacidad y deterioro de la calidad de vida, y que este hecho tiene una relación directa con el aumento del gasto sanitario, al ser un factor de riesgo de enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

Por ello no me extrañaría nada que en próximos debates y encuentros de la materia se analice, si es que no lo están haciendo ya, que los impuestos directos e indirectos (IVA) de los alimentos y bebidas sean realineados en función de su ubicación en la pirámide nutricional y en función de los beneficios que aporten a la salud, tanto personal como pública.


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