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La Justicia rechaza que haya delito en los “patrocinios” del Gobierno Vasco

Sobresee en un fallo sin posibilidad de recurso a los cinco exresponsables del Ejecutivo investigados

J. Arretxe J. Chávarri - Jueves, 4 de Mayo de 2017 - Actualizado a las 06:11h

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el que fuera parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, impulsor de la causa judicial que ha quedado en nada.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el que fuera parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, impulsor de la causa judicial que ha quedado en nada.

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El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el que fuera parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, impulsor de la causa judicial que ha quedado en nada.

donostia- El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava decidió el pasado 25 de abril el sobreseimiento de los investigados en la causa que investigó los términos en los que el Gobierno Vasco contrató varios espacios en cuatro medios del Grupo Noticias, editora de este diario. De esta manera y tras el auto que se conoció ayer, para el que no cabe recurso, fuentes del Ejecutivo consideraron una “consecuencia lógica” que se archive la totalidad de la causa que emprendió UPyD.

Un proceso que partió en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria con tres presuntos delitos: prevaricación, fraude en la contratación de administraciones públicas y malversación de caudales públicos, que ha sido el cargo que tras otros autos ha perdurado contra los entonces director de Comunicación, Iñaki Bernardo;directores de servicios de Educación, José Manuel Bujanda;de Empleo y Políticas Sociales, Iñaki Arrizabalaga;y los jefes de prensa de Educación, Aitzol Zubizarreta, y Empleo y Políticas Sociales, Imanol Zuluaga.

“No se considera incorrecta la forma directa de contratación que se empleó”, resuelve el tribunal compuesto por Jesús Alfonso Poncela -presidente-, Elena Cabero y Raúl Aztiria sobre los contratos del Departamento de Educación con Onda Vasca (2.420 euros), Deia (9.879,8 euros), Noticias de Álava (3.374,69 euros) y NOTICIAS DE GIPUZKOA (4.723,84 euros).

La magistrada instructora, María Eneida Arbaiza, aportó dos conclusiones para seguir con esta parte de la causa por presunta malversación, que el tribunal, atendiendo a la alegación del Gobierno Vasco, desestima.

Por un lado, el auto conocido ayer afirma que “la Ley 6/10 en nada concreta sobre qué tipo de leyes tiene su ámbito, y es más, al ser la Lomce una ley estatal y afectar a los ciudadanos de la comunidad autónoma, efectivamente bien podría ser de aplicación la normativa de comunicación autonómica”, en contra de la posición de la jueza instructora.

Lo mismo ocurre con el segundo postulado: “Ella considera que desde su perspectiva personal, se ha producido una desviación de dinero público porque la campaña iba dirigida bajo su criterio a una finalidad distinta (demonizar la Lomce) para potenciar así el plan Heziberri 2020, que dependía del Gobierno Vasco”. A juicio del tribunal, “no existe indicio racional objetivo que avale esta personal y subjetiva conclusión”.

En el caso concreto de analizar la tipificación criminal de la malversación y con base en la jurisprudencia del Supremo, los magistrados recuerdan que “desde el punto de vista objetivo” hay que tener en cuenta “si el contrato existió, si se cumplió, si se empleó para la finalidad establecida y si el precio era adecuado al servicio”. En los cuatro contratos las respuestas son afirmativas, con el añadido de que “en ningún momento de la investigación se ha discutido que el precio fuera desorbitado”, que también sirve para responder al recurso de la Fiscalía, que pedía mantener la causa para resolver esta cuestión en una hipotética vista oral.

El auto menciona la responsabilidad del que era director de Comunicación del Gobierno Urkullu, Iñaki Bernardo, que dejó el cargo de manera temporal cuando fue citado a declarar. “Se puede deducir que su cometido a lo máximo que llegaba era dar el visto bueno de forma general a la coordinación de campañas entre departamentos y aprobación de contenidos sin entrar en el detalle de cómo efectuarlas”, se afirma del entonces presidente de la Comisión interdepartamental de publicidad institucional.

Al igual que estos tres responsables del anterior Ejecutivo de Urkullu, también quedan sobreseídos otros dos del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, a quienes se les atribuía una presunta malversación al no ser capaces de aportar las pruebas de la emisión de unos espacios radiofónicos de 2013 en Onda Vasca.

La ley obliga a las radios a guardar las grabaciones por un plazo de seis meses de su emisión, por lo que a falta de los audios, el tribunal estima que “existen indicios de celebración del contrato” con los guiones de esos programas aportados por la radio y por la aportación que hizo Zuloaga con material de prensa “que se hacía eco de la celebración de tales entrevistas en la programación de la radio”.


Causa de UPyD El procedimiento que tras la decisión de ayer se acerca a su término lo puso en marcha el que fuera parlamentario de UPyD en la Cámara vasca, Gorka Maneiro, a comienzos de 2014 y un año después, su entonces líder estatal, Andrés Herzog, mostró su voluntad de imputar a todos los consejeros del Ejecutivo autonómico de la pasada legislatura en lo que iba a ser “un desnudo integral del Gobierno Vasco”.

La oposición llamó al lehendakari, Iñigo Urkullu, a comparecer en la Cámara, donde reconoció no estar “satisfecho con lo ocurrido”, en referencia a la gestión de estos contratos que calificó de “patrocinios” y en los que la Audiencia Provincial de Álava no ha apreciado delito.


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