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El peaje eléctrico

Por Carlos Etxeberri - Domingo, 30 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:14h

aunque haya pasado desapercibido, la reducción de las tarifas eléctricas para las empresas vascas que se sienten discriminadas al pagar por el uso de la energía un precio más caro que sus competidoras españolas o europeas, por estar sujetas a unos niveles de tensión media que les obliga a costear unos peajes más altos que afectan sobre todo a la industria intensiva de consumo energético como las acerías, químicas o papeleras, es uno de los puntos importantes en las negociaciones que está manteniendo el PNV con el PP para dar su apoyo a los Presupuestos del Estado.

El asunto no es baladí no solo porque afecta de una manera muy directa a la competitividad de nuestras empresas, sino porque el Gobierno del PP ha incumplido los acuerdos que se han alcanzado en este sentido, a pesar del apoyo que el PNV hizo en el año 2014 a la reforma eléctrica impulsada por el dimitido ministro de Industria, José Manuel Soria, a cambio de una reducción del 5% de la factura como consecuencia de la disminución de los peajes entre el 12% y 15% de la red de media tensión de entre 30 y 36 kilovoltios, que es donde se nutre en general la industria vasca por estar así fijado el soporte de distribución.

La reacción contraria de la Comisión Nacional de la Competencia, que se opuso a un cambio en la metodología en el reparto de las redes de transporte y distribución por entender que contravenía el marco jurídico y que no se podía pagar con tarifas de acceso a alta tensión la conexión de media tensión por ser aquellas inferiores, so pena de aumentar el precio en el conjunto del Estado o producir un déficit de tarifa, hizo que el acuerdo se cumpliera parcialmente sin solventar el problema.

A día de hoy el asunto sigue pendiente, ya que el Gobierno español continúa sin querer resolver la situación de discriminación eléctrica que sufre la industria vasca por soportar un alto coste energético respecto a sus competidoras españolas o europeas. Por ejemplo, en el caso de una misma industria intensiva ubicada en Hernani o en Huesca la diferencia de coste eléctrico es de alrededor de la mitad a favor de la empresa oscense porque se suministra de una red de alta tensión de 130 kilovoltios, mientras que la planta hernaniarra tiene que engancharse a una red de media tensión de 30 kilovoltios. Si la comparación se hace con Francia las empresas vascas tienen el kilovatio por hora un 33% más caro que sus homólogas galas, mientras que si se toma como referencia Alemania el porcentaje baja al 27%.

El origen de esta discriminación eléctrica que sufren las empresas vascas tiene un carácter histórico como consecuencia de que las redes eléctricas que se pusieron en marcha para la distribución de energía en el siglo pasado en Euskadi transportan una potencia de media tensión que era la que en aquel tiempo demandaban las empresas de acuerdo a su tipología y necesidades, mientras que en el Estado el sistema que se instaló de origen fue de alta tensión.

Con el paso del tiempo esas empresas han ido creciendo y aumentando su capacidad productiva y a la vez siendo más demandantes de energía eléctrica en un proceso que no ha ido paralelo al cambio de la potencia instalada en la red por los importantes costes que ello supondría, con lo que están pagando tanto o más por el peaje que por el consumo, ya que la conexión es mucho más cara que si se enganchase a un sistema de alta tensión.

Esta situación exige la reivindicación contundente por parte de Euskadi al Gobierno español de una revisión clara de los peajes de acceso a la red de alta tensión de acuerdo con las características de cada región desde un planteamiento mucho más equitativo que el actual y evitar de esta forma estar al socaire de los intereses del Ejecutivo de turno y del mercado eléctrico y de toda la inseguridad que está produciendo, al margen de una pérdida importante de competitividad.

A este escenario hay que añadir la falta de una política energética en Euskadi que ha ahondado en un aumento de su dependencia energética como consecuencia de la desaparición de fuentes de suministro como el cierre de las centrales térmicas de Santurtzi y Pasaia y la ausencia de sustitución por otras instalaciones generadoras de energía. En este momento, las centrales de ciclo combinado de Bahía de Bizkaia y Castejón, en Navarra, a las que hay que sumar el parque de minicentrales hidroeléctricas son las únicas instalaciones generadoras de energía eléctrica que se disponen en el país y que son claramente insuficientes para responder a la demanda existente. Por eso, en algunos sectores no se ve con malos ojos la reanudación de la actividad de la central de Garoña, con las debidas garantías de funcionamiento y al margen de otras consideraciones, como un elemento de garantía del suministro eléctrico que requiere Euskadi.

Lejos quedan aquellos viejos propósitos de hace varias décadas cuando desde las instituciones vascas se perseguía como algo estratégico la autosuficiencia energética para evitar situaciones de dependencia que perjudicase al desarrollo económico del país. Y todo ello, paradójicamente, en un país que, a pesar de ser un referente mundial en el desarrollo de la tecnología eólica, no dispone prácticamente de instalaciones generadoras de este tipo de energía cuando el coste de producción es cero.

El debate que se está produciendo en torno a la central nuclear de Garoña y la disputa que mantienen sus dos propietarios: Iberdrola y Endesa sobre la continuidad o no de su actividad, está poniendo de relieve la ausencia por parte del Gobierno español de una apuesta clara por un modelo de generación de energía eléctrica cuando el mundo está cada vez más electrificado y cuando se sabe que en un plazo de 10 años se va a producir un parón de la energía nuclear, al concluir el ciclo vital de estas centrales instaladas en este momento en el Estado, salvo que se autorice la prolongación de su actividad. De la misma manera, las centrales de carbón están llamadas a cerrarse en los próximos años al no ser rentables por la desaparición de las subvenciones públicas a la extracción de este mineral y por los costes de las inversiones a realizar para evitar las emisiones de CO2.

Fiel a su tradición el Gobierno español sigue en la indefinición a la hora de apostar por un modelo de generación de energía eléctrica y está dejando que las distintas alternativas existentes vayan desapareciendo por inanición como consecuencia de la ausencia de toma de decisiones, mientras que otros países ya han hecho una apuesta clara por las energías renovables. En once de los 27 países de la UE, el 30% de la energía eléctrica procede de las renovables, mientras que en el Estado español es del 18%, cuando en lo que se refiere a la fotovoltaica tiene más radiación que en Europa y tanto o más viento que el que puede existir en Escocia. El objetivo de la UE para el año 2020 es que esa cuota de las renovables en el mix de generación eléctrica alcance el 20% como mínimo en todos los países.

La distinta posición que mantienen Iberdrola y Endesa sobre la continuidad o no de Garoña tiene su origen en la poca transparencia que existe en el mercado eléctrico estatal tanto desde el sector público como del privado y que da lugar a todo tipo de especulaciones, como las diferentes estrategias que están llevando a cabo las dos operadoras a la hora de defender sus intereses teniendo como marco una negociación directa con el Gobierno que pueda compensar el cierre de la instalación. Algunos agentes del sector piensan que la compañía presidida por Sánchez Galán, que cuenta con un mix de generación mucho más diversificado que Endesa, se muestra dispuesta a adjudicarse 400 megavatios en la subasta de 3.000 megavatios de energía renovable que va a hacer el Gobierno español a cambio de su posición favorable al cierre de Garoña, mientras la empresa dirigida por Borja Prado se mantiene firme en sus posiciones a la espera de negociar con el Gobierno las consecuencias del cierre de las centrales de carbón que cuenta, ya que su presencia en la generación eólica es menos importante que la de la operadora con sede en Bilbao.

Esa subasta de energía renovable por parte del Gobierno, que se realizará el próximo mes de junio, se ha hecho sin contar con la opinión del sector, según señalan empresarios de este segmento de generación energética, que denuncian la falta de seguridad jurídica que ofrece la iniciativa, cuando se recoge una retribución a la inversión del 7,5% en los tres próximos años, sin que se garantice su continuidad en los siguientes ejercicios con el peligro de hacer desaparecer una rentabilidad razonable de las inversiones realizadas, teniendo en cuenta que la generación de la energía a través del viento y del sol tiene un coste cero.

Es una muestra más de la falta de planificación que en el terreno de la energía está demostrando el Gobierno español desde hace muchos años, tanto esté en el poder el PP como el PSOE, y que da lugar a situaciones tan kafkianas como las ocurridas el pasado invierno cuando el precio de la energía eléctrica subió en una época de gran demanda y cuando el precio del petróleo estaba en su momento más bajo. Las explicaciones dadas por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, de que la factura de la luz subió por la ausencia de viento y lluvia no convencieron a nadie.


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