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Fallece Carlos Slepoy, voz de las víctimas de Franco

El abogado fue clave en la tramitación de la querella argentina de Servini

Miércoles, 19 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:09h

Carlos Slepoy (primero por la izquierda) visitó Euskadi en numerosas ocasiones.

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Carlos Slepoy (primero por la izquierda) visitó Euskadi en numerosas ocasiones.

Donostia- Víctimas del franquismo, pero también algunas agrupaciones memorialistas y partidos políticos, reconocieron ayer la trayectoria de Carlos Slepoy, reconocido abogado que fue pieza clave para poder abrir la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Fallecido anteayer en Madrid a las 67 años de edad, todos glosaron su figura como reputado defensor de los derechos humanos y por ser “un referente en la lucha por acabar con la impunidad del régimen franquista”.

Slepoy fue uno de los grandes valedores de los familiares de las víctimas del franquismo cuando en abril de 2010 presentó una querella en Argentina en virtud del principio de justicia universal para reclamar un castigo a los responsables de delitos graves cometidos durante la dictadura del general Franco y la Guerra Civil por si hubieran incurrido en crímenes de lesa humanidad. La iniciativa sería anunciada tras conocer que el juez Baltasar Garzón se sentaría en el banquillo por investigar los citados crímenes. El caso arrancó con dos denuncias, que años después superaron el centenar y medio.

El letrado representó a varios querellantes en el caso que tramitó la jueza argentina María Servini, lo que desembocó en la solicitud para interrogar a 19 altos cargos de la dictadura, entre los que se incluían varios ministros de la dictadura -Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Antonio Carro Martínez, Alfonso Osorio García, José María Sánchez-Ventura y Fernando Suárez-, miembros de la Guardia Civil como Jesús Muñecas Aguilar o expolicías como Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Estos dos últimos han sido acusados en repetidas ocasiones por graves torturas. Ninguno de ellos fue extraditado a Argentina para ser interrogado, ya que esa posibilidad fue boicoteada desde el comienzo por la Fiscalía General del Estado y otras instancias judiciales, que incluso se negaron en repetidas ocasiones a que los denunciantes pudieran prestar declaración. Algunos demandantes vascos sí pudieron relatar sus casos.

en euskadi La supuesta prescripción de los delitos y la aplicación de la ley de Amnistía de 1977 fueron las excusas esgrimidas por las instancias judiciales, hechos que fueron rebatidos por el abogado recién fallecido. De hecho, en una entrevista publicada por este periódico en abril del pasado año, el propio Slepoy -que debido a su trabajo visitó Euskadi en numerosas ocasiones- aseguró que la Justicia española “hace todo lo posible por entorpecer la actuación de la jueza y por encubrir a quienes están acusados de crímenes de lesa humanidad. El PP quiere proteger a criminales franquistas”.

Taponada y sin visos de salir adelante por la negativa de la Audiencia Nacional a extraditar a los 19 acusados, el Ayuntamiento de Iruñea fue el primer consistorio que recogió el testigo de la querella argentina y decidió interponer una querella criminal ante los Juzgados de Instrucción de la ciudad para que se investiguen y enjuicien los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista. Slepoy fue, otra vez, principal impulsor de la medida. De hecho, otras seis ciudades -Zaragoza, Vitoria, A Coruña, Cádiz y Rivas-se mostraron dispuestas a seguir el ejemplo iruñearra.

En declaraciones a Efe, la portavoz de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), Charo Arroyo, resaltó la “lucha constante e incansable” de Slepoy “para llevar a los criminales franquistas a los juzgados”. “Siempre tomó como ejemplo el éxito conseguido en la lucha contra la dictadura argentina en España”, añadió. No en vano conoció de primera mano la represión del régimen militar de Videla, que le hizo escapar a España. Pero desde el Estado participó en el juicio contra Adolfo Scilingo, exoficial de la Armada argentina, por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas. Fue condenado por el Tribunal Supremo a un total de 1.084 años de cárcel. - N.G.


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