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La inmigración irregular toca fondo

El 82% de los extranjeros de fuera de la ue que viven en españa llevan ya más de diez años y tienen permiso de larga duración, frente al 34% que lo tenían en 2007

Lunes, 17 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:09h

Un grupo de inmigrantes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta.

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Un grupo de inmigrantes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta.

E l 82,7% de los extranjeros de fuera de la UE que viven en España cuentan con un permiso de larga duración, de modo que llevan ya más de una década en el país, cuando en el año 2007 eran menos del 34% los que se encontraban en esta situación estable y la mayoría necesitaba renovar sus permisos. En total, a 30 de junio de 2016, se contaban en España 5.017.406 extranjeros de los que casi 2,1 millones, el 41,7%, procedían de países de fuera de la UE. Diez años antes la cifra global era más baja (3,5 millones de personas con tarjeta de residencia en vigor) aunque con más oriundos de esos terceros países, 2,2 millones establecidos legalmente en el país, el 64,25% de los extranjeros.

Su situación era entonces más inestable: el 33,59% tenían un permiso permanente, que ahora ostentan más del 80%. 4 de cada 10 estaban pendientes de la primera renovación de su autorización, un 13,27% esperaban la segunda y el 11,95% tenían aún el permiso inicial. Ahora, es el 17,2% los que se encuentran en este tipo de situaciones temporales, ya sean con permisos para trabajar por cuenta ajena (7,37%) o propia (0,36%), por reagrupación familiar (4,83%) o por razones humanitarias (0,3%) y de arraigo (1,60%).

Se debe a que la mayor parte de los inmigrantes que figuraban entonces habían llegado durante los años anteriores, la “década prodigiosa de la inmigración” en España, según los expertos, y que a partir de 2007 alcanzó un punto de inflexión. Las llegadas irregulares cayeron un 54% primero y un 26% el año después;las remesas se redujeron en 2008 y los flujos regulares comenzaron a retroceder en 2009 dejándose un 34%;y aunque se han estabilizado desde 2013, cuando la caída era ya del 53%, no han vuelto a recuperar aquel ritmo.

Joaquín Arango, director científico del Anuario de la Inmigración que publica el Cidob desde 2007, recuerda que entre 1998 y 2008, España pasó de 1,5 a 6 millones de extranjeros pero “todo cambió con la crisis”. “Se tradujo en un fortísimo aumento del desempleo con un impacto muy directo sobre los flujos migratorios, reduciéndose los de entrada e incrementándose las salidas hasta un saldo migratorio negativo”, afirma.

Emigrados desde 2008El primer año con más salidas que llegadas fue 2010, que arrojó un saldo negativo de 42.675 personas, aunque se tocó fondo en 2013, cuando la pérdida fue de 251.531. Arango considera que en este contexto, “se exageró” al hablar de éxodo de españoles. De los 3,3 millones de personas que, según el INE, se habrían marchado desde 2008, eran 518.519 los de nacionalidad española y 484.816 los nacidos en España. “Además, desde 2013 y hasta el primer semestre de 2016 se han nacionalizado 638.807 extranjeros”, ilustra. La situación de los inmigrantes que siguieron en España también cambió. La década previa a la crisis se caracterizó por la proliferación de asociaciones que canalizaban reivindicaciones de sus compatriotas frente a explotación laboral, discriminación o reformas de extranjería. Algunas de estas entidades desaparecieron. Otras, como Rumiñahui, la más importante del colectivo ecuatoriano, recondujeron sus esfuerzos a atender a los más afectados por la crisis, especialmente familias desahuciadas, y a apoyar programas de retorno.

Precisamente, en esta década se han acometido cinco reformas en la Ley de Extranjería, un texto del año 2000 que se revisó 10 veces, como cuando en 2009 se adaptó a la Directiva Europea de Retorno y se amplió de 45 a 60 días el tiempo máximo de retención en los CIE o como la introducida vía Real Decreto Ley en 2012, que dejó a los extranjeros en situación irregular sin tarjeta sanitaria.

Junto a aquellas, fue polémica la reforma de 2015, cuando tras sucesivas denuncias sobre las devoluciones sumarias de inmigrantes a Marruecos en la valla de Melilla y una causa judicial, el Gobierno introdujo un régimen especial para las ciudades autónomas a fin de avalar esta práctica. Introdujo para ello la obligación de que las devoluciones se practiquen respetando las condiciones del Derecho internacional, pero según Acnur, siguen como antes. -Efe


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