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Un plan de convivencia para un país sin ETA

El Gobierno Vasco presenta su hoja de ruta que guiará sus políticas en víctimas, presos, memoria y también inmigración

Humberto Unzueta - Jueves, 6 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:11h

Jonan Fernández y Monika Hernando presentaron el plan.

Jonan Fernández y Monika Hernando presentaron el plan. (EFE)

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Jonan Fernández y Monika Hernando presentaron el plan.

Donostia- En medio de la ebullición política por el anunciado desarme de ETA este fin de semana, el Gobierno Vasco quiso ayer presentar su Plan de Convivencia y Derechos Humanos que guiará las políticas de paz y convivencia del ejecutivo de Iñigo Urkullu en el periodo 2017-2020. La iniciativa aborda las cuestiones relacionadas con la política penitenciaria y la reinserción de los presos de la organización armada, así como la atención a la cuestión de las víctimas y la memoria y la revisión crítica del pasado. El plan está pensado para su desarrollo en un escenario en el que ETA ha desaparecido por completo.

Una vez se consume el desarme el siguiente y postrero hito de ETA deberá ser su disolución. Recientemente, David Pla, el interlocutor de la organización armada para estos menesteres, anunció que en breve la organización armada abordará ese debate. Mientras tanto, la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco mantiene sus líneas de trabajo iniciadas la pasada legislatura pero actualizando algunas de sus iniciativas e incorporando a su agenda otras nuevas como la problemática de los refugiados, la inmigración o la diversidad religiosa, antaño relegadas a un segundo plano por la efervescencia del final de ETA.

El documento presentado ayer por el secretario general de Paz y Convivencia y la directora de Derechos Humanos, Jonan Fernández y Monika Hernando respectivamente, aspira a una “clarificación del pasado” de la violencia “sin equiparaciones ni exclusiones”. En materia de víctimas, reafirma el compromiso del Gobierno Vasco con el reconocimiento y reparación de “todos” los damnificados y a fomentar su participación “en la construcción de la convivencia”.

El plan incluye algunas propuestas y reflexiones en materia de política penitenciaria. Entre ellas, se recoge la elaboración de un decreto sobre reinserción de presos de ETA -que ya fue anunciado por Fernández el pasado febrero- a partir de criterios de “reeducación y resocialización”. Asimismo, se recogen las demandas del gabinete de Iñigo Urkullu para el acercamiento de los presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi y para la transferencia de la competencia sobre centros penitenciarios a Euskadi, de acuerdo al Estatuto de Gernika.

El plan, que a partir de ahora recibirá aportaciones de distintos agentes hasta el 4 de julio, apuesta por completar sin exclusiones un mapa de la verdad que clarifique la realidad y el impacto que tuvieron el terrorismo y la violencia, y poner los medios para que “todas las víctimas” de vulneraciones de signo diferente se sientan atendidas y reconocidas. El objetivo es que las víctimas se sientan protagonistas de cada éxito que se vaya consiguiendo en materia de convivencia y que al final de la legislatura las políticas públicas para este colectivo tengan un amplio consenso político e institucional. Para la normalización de la convivencia el plan recoge que el Instituto Gogora trabajará para clarificar y reconocer la verdad de la memoria histórica y la reparación a las víctimas.

Este documento también dedica un pequeño apartado al desarme de ETA, en el que se subraya que el Ejecutivo vasco está dispuesto a apoyar “la verificación y confirmación de un desarme legal, definitivo y sin contrapartidas, como paso previo a la disolución y desaparición de ETA”. Esta hoja de ruta para el desarme está definida desde 2014 cuando presentó su propuesta para la entrega de los arsenales y, al final, esos requisitos son los que van a guiar el desarme que se consumará este fin de semana.

refugiados e inmigrantesAl margen de las cuestiones referidas al final ordenado de la violencia, el plan centra su mirada en otras cuestiones determinantes para lograr una “convivencia normalizada”. Fernández se refirió a la “nueva agenda de preocupaciones” y a los “debates emergentes” relacionados con la diversidad y la solidaridad, así como a fenómenos como el de las personas refugiadas, las migraciones o la pluralidad religiosa y cultural. El plan pretende responder a las “nuevas formas de exclusión e injusticia”, además de a la amenaza de la guerra o el terrorismo internacional.


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