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El presidente de la eléctrica Ignacio Sánchez Galán

Iberdrola reconoce que Garoña no es rentable y acerca su final

El presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, confirma su desinterés en reabrir la central y pide a Endesa que renuncie también a su apertura
Su socio en Nuclenor todavía no se ha pronunciado públicamente

C. Martín A. Larretxi/J. Chavarri/Efe - Sábado, 1 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:12h

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

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El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

vitoria- El final del fantasma nuclear parece más cercano. Al menos, así lo dio a entender ayer el presidente de Iberdola, José Ignacio Sánchez Galán. La empresa que gestiona es copropietaria al 50% de Nuclenor, que es quien opera la central de Santa María de Garoña y, por lo tanto, una voz con poder de decisión en el futuro de la planta atómica, una verdadera pesadilla para la mayoría de los vascos, que conviven con los riesgos que derivan de la planta y de su gestión. Ayer, sin ir más lejos, el directivo reconoció con luz y taquígrafos, y en el transcurso de la asamblea general de accionistas de la multinacional que gestiona, que el recinto de la discordia no es viable económicamente y que trasladará a su socio en Nuclenor, la también multinacional Endesa, la necesidad de desistir en solicitar los permisos para volver a operar desde el Valle de Tobalina, municipio burgalés que linda con el territorio histórico alavés y que dista de Vitoria apenas 40 kilómetros.

Las palabras de Sánchez Galán no son nuevas. Hace un año se filtró una información que avisaba de un discurso similar transmitido por el mismo protagonista a los responsables sindicales de Iberdrola. Sin embargo, este año hay una novedad. Las palabras del alto ejecutivo llegaron ante un auditorio repleto de accionistas y con los medios de comunicación dispuestos a grabar y a transmitir unas buenas nuevas que, en síntesis, aclaran, negro sobre blanco, que el actual marco impositivo y regulatorio que han de cumplir las empresas de generación eléctrica nuclear hacen inviable económicamente poner en marcha Garoña. No hay que olvidar en este punto que a la planta le restan por invertir fuertes cantidades económicas para adaptarse a los nuevos preceptos de seguridad requeridos.

Pero, como las alegrías en este asunto hay que adoptarlas con cierta cautela, desde Endesa se quiso enfriar un tanto las palabras de su socio en Nuclenor. No en vano, desde la eléctrica dirigida por Borja Prado se conminó a Iberdola a debatir su interés por finiquitar el negocio en Garoña en el seno del consejo de administración de Nuclenor.

Sea como fuere, Ignacio Sánchez Galán fue ayer meridianamente claro y contundente. El anuncio, según aclara la Agencia Efe, llegó en respuesta a una pregunta de la portavoz de Energía Nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, durante la junta de accionistas que Iberdrola celebró ayer en Bilbao y que estuvo precedida de una protesta de esta ONG y del Foro Contra Garoña. Sánchez Galán argumentó que Nuclenor lleva varios ejercicios con “pérdidas cuantiosas”, por lo que espera “llegar a un acuerdo con su socio” para poder cerrar definitivamente la planta, que está en situación de parada segura desde diciembre de 2012.

En declaraciones a la misma agencia, la portavoz de Greenpeace explicaba que Endesa “comparte la misma visión aunque no lo haga público”, ya que en sus planes de inversión “no incluye” a la planta nuclear burgalesa, para la que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha exigido notables inversiones si quiere reabrir. Montón, quien se mostró satisfecha con la respuesta dada por Galán, dedujo que Iberdrola tampoco tiene intención de operar el resto de centrales hasta los 60 años de vida útil, porque sus activos nucleares en España “son deficitarios”.

A sus palabras se unieron después la de otras voces antinucleares de la sociedad española, que consideran que el Gobierno debe abandonar “su intención” de ampliar la vida del parque nuclear hasta los 60 años e ir cerrando las cinco plantas nucleares activas conforme vayan cumpliendo la vida útil de 40 años para la que fueron diseñadas.

Entre los que recibieron bien el anuncio de Iberdrola, están el Gobierno Vasco, que acogió de forma “muy positiva” las palabras de Sánchez Galán, porque consideran que la planta está “obsoleta”. Por su parte, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), y el diputado general de Álava, Ramiro González, también consideraron todo lo acontecido como “una buena noticia” y pidieron al Gobierno central que “desmantele” la planta. Más cauto fue el parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, quien advirtió de que, a pesar de la alegría, “aún es pronto para descartar la reapertura y brindar por ello”. Por su parte, el portavoz de Equo y diputado de Podemos por Álava, Juan López de Uralde, lamentó que la decisión de no reabrir Garoña se haya tomado “únicamente por motivos económicos” y no desde el “absoluto convencimiento” de cambiar de modelo energético.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía señalaron que no tomarán una decisión sobre el futuro de la central burgalesa hasta que hayan escuchado a todas las partes implicadas, entre ellos comunidades autónomas, organizaciones ecologistas y empresas. Cabe recordar que después de que el CSN avalara la reapertura, condicionada a mejoras en la seguridad, de la central de Garoña el pasado 8 de febrero, la autorización para operar corresponde al Ministerio de Energía, que dispone de seis meses para pronunciarse.

En cualquier caso, todo lo aquí reflejado llega un día después de que se publicase que el Ministerio de Energía no ponía trabas para que Nuclenor reabriese la central nuclear si así lo deseaba. En dichas informaciones, recogidas por Diario de Noticias de Álava, se explicaba que el área que dirige Álvaro Nadal continúa analizando el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que avala la reapertura condicionada de la planta y, que a priori, no ve “ninguna razón técnica, legal ni de seguridad” para denegarla, informaron fuentes de Energía al mismo medio.

Cabe recordar, no obstante, que la última palabra la tendrá la propia Nuclenor, que debería asumir una inversión multimillonaria para volver a conectar Garoña a la red eléctrica.

la central

Ubicación. Garoña está instalada en el corazón del Valle de Tobalina, en Burgos, a 44,54 kilómetros de Vitoria.

Apertura. Las instalaciones se inauguraron en 1970 y cesaron su actividad en diciembre de 2012. Desde el año 2006 y hasta su clausura provisional, fue la central nuclear en activo más antigua de España tras el cierre de la central de José Cabrera.

Permisos. El Gobierno central concedió a Nuclenor, empresa explotadora de la planta participada por Iberdrola y Endesa, la última autorización de funcionamiento a través de una prórroga que le permitía operar hasta 2013.

Seguridad. En aquella ocasión, el Consejo de Seguridad Nuclear estableció, a través de un informe, una serie de límites y condiciones que la empresa operadora debía cumplir condicionados por el accidente nuclear de Fukushima, ya que Garoña pertenecía a la misma generación tecnológica que la planta japonesa.

Beneficios. En el año anterior a su cierre provisional, la central generaba unos beneficios de 150 millones de euros anuales debido principalmente a que ya estaba amortizada debido a su antigüedad.

Aportación. La producción eléctrica de Garoña representaba el 6,5 % del total de producción nuclear nacional y el 1,4 % del total eléctrico.

Sucesos. El Consejo de Seguridad Nuclear ha notificado un total de 33 sucesos relacionados con la seguridad de la central desde su inauguración hasta el año 2012. Varios de ellos tienen que ver con la aparición de grietas en la vasija del reactor o vibraciones en la turbina.

Inversiones. Aunque el CSN ha evitado ceñirse a cifras concretas, el coste de la ejecución de todas las obras exigidas para la reapertura de la planta nuclear burgalesa podría acercarse a los 200 millones de euros.

Sin límite. Una de las novedades que incluyó el último informe del CSN sobre Garoña fue la supresión del horizonte temporal en la concesión del permiso. Permitía a la planta seguir funcionando sin límite temporal a cambio de someterse a una revisión de seguridad cada 10 años.


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