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Tirón de orejas a Garmendia por negar un informe a la oposición

El letrado de las Juntas Generales reconoce el derecho de los electos a acceder a la información

E. Iribarren - Jueves, 30 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:13h

Marisol Garmendia

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Marisol Garmendia

donostia- Un informe elaborado por los servicios jurídicos de las Juntas Generales de Gipuzkoa ha reconocido el derecho que tiene EH Bildu a recibir la información que pidió su juntero Jon Albizu a la diputada foral de Movilidad y Ordenación del Territorio, Marisol Garmendia. La cuestión se ha planteado a raíz de la negativa de Garmendia a entregar a este partido un estudio elaborado en el seno de la sociedad Ortzibia, en la que participa la Diputación, sobre la operatividad y seguridad del aeropuerto de Hondarribia. Según se argumenta en la nota jurídica que ha redactado el letrado Iñigo Lamarca, exArarteko, toda la información o documentación que se encuentra en manos de la Diputación “es susceptible de ser objeto del derecho a la información”, aún en el caso de que no haya sido requerida por ella.

Una vez emitido el dictamen jurídico, la Mesa de Juntas Generales ha decidido reclamar la documentación a la Diputación, a fin de que sea entregada a su solicitante. Para EH Bildu, lo ocurrido confirma “el oscurantismo” de la Diputación y sus “tácticas para obstaculizar” el trabajo de la oposición”.

origen Cuando Marisol Garmendia se negó a entregar el informe a la oposición lo hizo amparada en dos razones: que la Diputación es un órgano integrante más de Ortzibia y que los datos que sirvieron para elaborar el citado estudio fueron aportados por terceros para uso exclusivo del consejo de administración de la sociedad. “Sin la autorización de quienes facilitaron la información contenida en el informe, no resulta procedente la remisión de copia del mismo”, zanjó.

En su análisis jurídico, el letrado de las Juntas Generales recuerda que el derecho a solicitar documentación por parte de las personas electas no solo está recogida en el reglamento de las Juntas Generales, en su artículo 13.1, sino que “goza de un amplio y sólido reconocimiento y protección”, citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de los superiores de justicia de diferentes comunidades autónomas.

Pese a que el letrado foral sí da la razón a la diputada en el hecho de que Ortzibia no pertenece al sector público dependiente de la Diputación, le recuerda que la petición de información iba dirija a la institución foral. “Si dicha petición hubiese sido hecha a la sociedad Ortzibia a través de la Diputación esta hubiese podido alegar que la citada entidad no depende de ella y que, en consecuencia, no podía cursar dicha solicitud”.

Sin embargo, el letrado constata que no es ese el argumento que emplea Garmendia. Y considera que el análisis jurídico debe situarse “en saber si toda la información o documentación que está en manos de la Diputación es susceptible de ser objeto del derecho a la información”, pese a que esta información no haya sido encargada o elaborada por ella. “La respuesta, -precisa el letrado-, debe ser afirmativa”.

La razón que aporta es doble. Por una parte, que la interpretación y aplicación del derecho a la información debe hacerse en el “sentido más favorable” al cumplimiento de ese derecho. Y en segundo lugar, echa mano del estudio que en 1990 realizó Juan Carlos da Silva sobre el derecho parlamentario a la documentación, en el que concluía que “la obligación de proporcionar los datos se extiende a los que obren en poder del órgano requerido, sean cuales fueren los medios por los que hayan llegado al mismo”.

El letrado foral recuerda que existen precedentes (cita dos de ellos) en los que la Diputación remitió informes de órganos ajenos al ente foral que obraban en su poder. En cualquier caso, recuerda a la Diputación que “no ha fundamentado debidamente su negativa” a entregar copia del informe solicitado.


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