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La Audiencia Nacional ve un delito de terrorismo en los incidentes de Iruñea

Al igual que en Altsasu, la jueza Carmen Lamela reclama investigar el caso que se saldó con tres detenidos

Martes, 28 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Despliegue policial en el Casco Viejo de Pamplona, tras los incidentes ocurridos el pasado 11 de marzo.

Despliegue policial en el Casco Viejo de Pamplona, tras los incidentes ocurridos el pasado 11 de marzo. (Patxi Cascante)

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Despliegue policial en el Casco Viejo de Pamplona, tras los incidentes ocurridos el pasado 11 de marzo.

IRUÑEA- La jueza titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha aceptado la competencia para investigar los incidentes ocurridos el 11 de marzo en el casco antiguo de Iruñea, al poder ser constitutivos de un delito de terrorismo en concurso con desórdenes públicos, lesiones, daños, incendio y atentado.

Lamela adopta esta decisión en un auto con fecha de 24 de marzo, después de que el juzgado de instrucción número 4 de Iruñea se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional ante la posibilidad de que los hechos delictivos pudiesen constituir terrorismo. A causa de estos incidentes, tres jóvenes fueron detenidos acusados de participar en los disturbios provocados en la tarde del 11 de marzo en la capital navarra por el grupo autodenominado Errepresioari Autodefentsa, en los que se produjeron choques contra la Policía española y desperfectos en varios comercios del centro de la ciudad.

En el auto, la jueza recuerda que los hechos tuvieron lugar sobre las 18.30 horas durante una manifestación no autorizada convocada por ese grupo y publicitada en redes sociales y foros afines al movimiento “con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar la paz pública”.

Además, en el auto se recoge expresamente que los violentos contaban con “bolsas de piedras y material pirotécnico” con los que dañaron establecimientos y colapsaron el centro de la ciudad, además de “lesionar a varios agentes” y “provocar diversos daños pendientes de tasación”. En un momento dado y a la altura de la plaza de Navarrería, los agentes detuvieron a Asier P.B., Rubén I.B. y Endika E.M., (que se habían desplazado desde la localidad guipuzcoana de Errenteria). Uno de ellos se abalanzó contra los policías, y los otros dos huyeron para finalmente ser apresados poco después. Un cuarto arrestado, también procedente del municipio guipuzcoano, fue puesto en libertad por ser menor de edad.

Por todo ello, la jueza Lamela cree que estos incidentes podrían encuadrarse en un delito del artículo 573 del Código Penal, que considera terrorismo alterar gravemente la paz pública y subvertir el orden constitucional.

Concretamente, Lamela especifica en el auto judicial que “teniendo en cuenta lo expuesto en el anterior apartado y pudiendo constituir los hechos en el mismo referido a un delito de terrorismo, procede aceptar la competencia de este juzgado para el conocimiento de los hechos y practicar las diligencias que se dirán en la parte dispositiva de la presente resolución”.

Desestimado el recurso de reforma interpuesto por la defensa de los tres detenidos, Lamela ordena la remisión a la Audiencia Nacional de todas las diligencias originales del juzgado número 4 de Iruñea. Asimismo, se especifica que tanto el Ministerio Fiscal como las demás partes personadas en la causa podrán interponer, ante el juzgado de Lamela, un recurso de reforma en el plazo de tres días.

la misma jueza que en altsasuPrecisamente Lamela es la jueza que también reclamó el caso de los implicados en la agresión a dos guardias civiles el 15 de octubre del año pasado en un bar de Altsasu mientras se estaban tomando una copa de paisano. Los agentes sufrieron lesiones y uno de ellos pasó dos días en el hospital, donde fue operado de una fractura en el tobillo y atendido por magulladuras en el rostro.

La investigación recayó inicialmente en la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Iruñea, que estaba de guardia aquella noche. Sin embargo, una denuncia de Covite hizo que la Audiencia Nacional reclamara la causa y les imputara un delito de terrorismo y no de odio y agresión.

Sin embargo, la semana pasada la Audiencia de Navarra emitió una resolución en la que rechazaba que se trate de un delito de terrorismo. Además ordenó a la jueza de Iruñea que investigó inicialmente el caso que reclame la competencia sobre la causa en detrimento de la Audiencia Nacional. Deberá ser el Tribunal Supremo el que dirima la cuestión. - N.G.


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