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Diputados rechazan delito de terrorismo en la agresión a los guardias civiles de Altsasu

Firman un manifiesto para pedir que los 9 encausados sean juzgados en Iruñea

Humberto Unzueta - Jueves, 23 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:12h

Varios diputados y senadores se reunieron ayer con familiares de los encausados de Altsasu.

Varios diputados y senadores se reunieron ayer con familiares de los encausados de Altsasu.

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Varios diputados y senadores se reunieron ayer con familiares de los encausados de Altsasu.

Bilbao- Representantes de varios grupos de la oposición del Congreso de los Diputados recibieron ayer a las familias de los nueve jóvenes encausados por la agresión en Altsasu a varios guardias civiles y sus parejas, cuando se encontraban en un bar disfrutando de las fiestas del municipio en octubre del año pasado. En paralelo a este encuentro, un total de 74 diputados y 14 senadores de Unidos Podemos, IU, PNV, PDeCAT, ERC, En Marea, Compromís y EH Bildu hicieron público un manifiesto en el que piden que se elimine la calificación de terrorismo contra los procesados -tres de ellos permanecen en prisión-, que la causa vuelva al juzgado de instrucción número tres de Iruñea y la consiguiente puesta en libertad de los encarcelados. La Audiencia de Nafarroa resolverá en las próximas semanas el recurso de las defensas en este sentido.

En el manifiesto, sus impulsores muestran su “preocupación por la calificación judicial de los hechos como delito de terrorismo”. Asimismo, denuncian que “la falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger”. Además, aseguran que a los imputados “se les ha negado el derecho al juez natural” y garantías procesales como el derecho a la defensa, individualización de las responsabilidades, interpretaciones no extensivas, proporcionalidad o no arbitrariedad, que han quedado a su juicio “en entredicho”.

Entre los firmantes se encuentran varios diputados y senadores vascos de PNV, EH Bildu y Unidos Podemos, entre ellos Aitor Esteban, Mikel Legarda, Joseba Agirretxea, Oskar Matute, Marian Beitialarrangoitia, Jon Iñarritu, Nagua Alba, Eduardo Maura o Isabel Salud. También firman el manifiesto los líderes de Podemos e IU Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Irene Montero e Íñigo Errejón, y los diputados catalanes Francesc Homs y Gabriel Rufián, de PDeCAT y ERC, respectivamente.

Desmarques en podemosEl juez en excedencia Juan Pedro Yllanes también figura en el grupo de firmantes, aunque luego se desmarcó del manifiesto respaldado por su grupo, Unidos Podemos, al no estar de acuerdo con la “petición expresa” a la Audiencia Nacional para que “reconsidere sus actuaciones”, lo que a su juicio podría suponer una interferencia en la separación de poderes.

No ha sido el único representante de Unidos Podemos que toma distancia del documento, ya que también rehusó firmarlo el diputado Juan Antonio Delgado, guardia civil que en su día fue portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Según explicó, comparte la posición de su grupo de rechazo a la calificación de las agresiones como delito de terrorismo, pero su decisión de no avalar el texto se debe a que “puede quitar valor” a la condena que desde Podemos hacen hacia las agresiones que sufrieron los guardias civiles en Altsasu.

En un mensaje en Twitter, Delgado ya había dejado claro que “desde el minuto uno” el partido del que ahora forma parte “ha estado con las víctimas” de Altsasu, que son, a su juicio, “los guardias civiles agredidos y sus parejas”. Su “firme” condena a las agresiones le ha llevado, según explicó, a no firmar un manifiesto que, según su parecer, podía desdibujar ese rechazo, aunque esté de acuerdo con “la falta de proporcionalidad” que supone calificar esas agresiones como delito de terrorismo.

Unidos Podemos anunció ayer que “la totalidad del grupo” había firmado el manifiesto de apoyo a los imputados. Sin embargo, de los 67 diputados con los que cuenta esta formación, 21 no han suscrito finalmente el documento, aunque solo dos parlamentarios han admitido sus discrepancias públicamente.


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