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Editorial

Desarmado el debate...

Cuando los gobiernos español y francés admiten que se produzca el desarme, que medios o políticos puedan colocar interrogantes o presionar en sentido contrario es llevar la irresponsabilidad a lo absoluto

Jueves, 23 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:11h

El anuncio de un desarme unilateral y definitivo por ETA el próximo 8 de abril ha provocado, además de una sensación general de desahogo por lo que se entiende un acto indispensable en el ya excesivamente prolongado final de décadas de violencia, alguna reacción que se puede calificar más de injusta falsedad que de desafortunado error. Frente a la responsabilidad que se entiende inherente a su labor, desde algún medio de comunicación no se ha tenido reparo en dar a entender lo inexistente, una presunta contrapartida en forma de cambios en la política penitenciaria, en el ofrecimiento realizado por el Gobierno Vasco para ejercer de nexo entre la verificación internacional y el Gobierno de Madrid. Y a pesar de que esa carencia de escrúpulo era tan notoria como la falsedad de la noticia, ha habido políticos que tampoco han tenido aprensión alguna en utilizarla como argumento de su pretensión de desacreditar la labor de Iñigo Urkullu;quizá por ser conscientes de que esta cuenta con amplio respaldo en la sociedad. Del mismo modo, hay también alguna asociación de víctimas empeñada en criminalizar la labor del grupo de verificación internacional pese al amplio reconocimiento que suscitan desde hace años las personalidades que lo componen. Al igual que hay búnqueres ideológicos que no cesan en sus intentos de extender la culpabilidad de la violencia a todo el nacionalismo en el intento, burdo, de convertir la desaparición de ETA en ejercicio de deslegitimación final y renuncia del soberanismo vasco. Cuando los gobiernos español y francés, por fin, han admitido el proceso de desarme, en cuanto de admisión tiene el hecho de que Mariano Rajoy, desde la tribuna del Congreso, exhorte a ETA a hacerlo, también que el Gobierno de François Hollande garantice su no interferencia si la entrega de armas se realiza bajo amparo judicial;que otros niveles o agentes políticos puedan, ya sea por interés o por error, presionar en sentido contrario o colocar interrogantes en torno a las iniciativas es llevar la irresponsabilidad a lo absoluto. Sin embargo, ni unos ni otros afectarán a la determinación de la sociedad vasca y de la mayoría absoluta de sus representantes políticos e institucionales en ayudar a que se culmine el desarme, también dejándolo fuera de la disputa política y el debate partidario.


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