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Lanbide se plantea mejorar el control de la RGI sin poner más dificultades al acceso

La consejera Beatriz Artolazabal anuncia hoy las medidas para evitar el fraude

Beatriz Sotillo - Miércoles, 22 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:11h

Una oficina de Lanbide.

Una oficina de Lanbide.

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Una oficina de Lanbide.

donostia- Tras llevar a cabo “la digestión” de la tramitación de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), Lanbide se dispone a atajar con mayor eficacia el fraude y los cobros indebidos en estas ayudas sociales y, con ello, las numerosas críticas que recibe, tanto por no ejercer un control más efectivo como por dificultar el acceso a prestaciones. Las medidas para reducir al máximo los casos de personas que cobran ayudas de manera fraudulenta o indebida que hoy presentará la consejera Beatriz Artolazabal serán el anticipo de una reforma más amplia y profunda en la gestión de la RGI que afectará a la tramitación y el proceso documental.

Las cifras sobre el dinero abonado indebidamente por Lanbide en los últimos años -30,5 millones de euros en el año 2016 y 155 millones desde enero de 2012- evidencian la necesidad de adoptar más medidas de control y mejorar la revisión periódica del cumplimiento de las condiciones de los perceptores para cobrar la RGI y la PCV. No obstante, el afloramiento de estas cantidades es el resultado de un importante incremento de las revisiones de expedientes y del cruce de datos con otras administraciones.

Ante las medidas concretas contra los cobros indebidos y el fraude que se presentan hoy tras ser anunciadas a principios de este mes en el Parlamento Vasco, las organizaciones que agrupan a personas perceptoras o demandantes de ayudas sociales alertan de la importancia de aplicar con cautela los nuevos controles, ya que la suspensión temporal o la extinción de las ayudas por el más pequeño fallo en los trámites burocráticos acarrea graves consecuencias para las unidades familiares que dependen de la RGI para su subsistencia y que, en el mejor de los casos, dejan de recibir esos ingresos durante unos meses mientras se revisa la documentación.

En sus informaciones al Parlamento Vasco, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha señalado como los principales motivos para la suspensión o no renovación de las ayudas sociales que el titular o algún miembro de su unidad de convivencia estén trabajando, tanto por cuenta ajena como propia;la percepción de la prestación por desempleo o de algún tipo de pensión (por ejemplo de viudedad, de orfandad, de jubilación, no contributiva o de alimentos);la disminución del número de miembros de la unidad familiar;superar el valor patrimonial establecido;contar con ingresos procedentes de la venta ambulante;salir de la CAV por un tiempo superior al autorizado y no residir en la vivienda declarada como residencia habitual.

Por estos motivos, junto a algunas irregularidades en los alquileres en el caso de la PCV, Lanbide inició procedimientos para revisar las prestaciones y reclamar las cantidades abonadas indebidamente hasta que se detectó la situación. Entre los años 2013 y 2016 el Servicio Vasco de Empleo inició 80.372 procedimientos de reintegro. Tras esos procedimientos Lanbide emitió 61.156 resoluciones de reintegro, de las cuales, 60.339 finalizaron con una declaración de la obligación de reintegrar cantidades. El objetivo de las medidas que se presentan hoy es detectar estas situaciones de incompatibilidad con el cobro de ayudas.


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