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El Supremo anula el Plan de Protección de la ría del Urola por falta de “viabilidad económica”

El proyecto fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Zumaia en 2014

Miércoles, 22 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:11h

donostia- La Sala II de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el Plan Especial para la Protección y Conservación de la ría del Urola aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Zumaia en 2014 porque “no acredita la viabilidad económica” de la iniciativa.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación presentado por Antonio Mateos y la entidad Promotora Vascongada SA y anula el fallo dictado en 2016 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que avaló dicho plan.

El objetivo de la iniciativa aprobada por el Consistorio de la localidad costera era la conservación de los ámbitos protegidos en torno a la ría del Urola, designada como Zona de Especial Conservación que forma parte de la Red Natura 2000.

Consideran que existe una “falta de dotación para las obras de recuperación de los terrenos” que los recurrentes cifran en 2,9 millones de euros

El recurso estimado ahora por el Tribunal Supremo señalaba que a la iniciativa le falta previsión económica ya que cuenta con 104.666 euros para la expropiación de terrenos cuando “existen resoluciones judiciales en las que se considera como hecho probado que las obras ejecutadas en los terrenos” ascienden a 1,6 millones de euros.

Asimismo, consideraron que existía una “falta de dotación para las obras de recuperación de los terrenos” que los recurrentes cifran en 2,9 millones de euros y para las que el plan había presupuestado 27.000 euros. A esto, señalaban en el recurso, se suma la “ausencia de un informe del impacto de la expropiación en las haciendas públicas implicadas”.

Para el Tribunal Supremo resulta obvio que “las dotaciones previstas por el Plan”, tanto en relación con las exigencias necesarias para las obras de desmonte de los rellenos realizados en la antigua zona marismeña como las que tienen que ver con las “dotaciones precisas” para las indemnizaciones resultan “manifiestamente insuficientes”.

El Supremo explica que “todo parece centrarse” en el argumento de que la competencia medioambiental “no se sitúa en el ámbito municipal” y que en consecuencia “la dotación económica no le corresponde a la Hacienda local”.

Sin embargo, esto “no aclara la indefinición que se presenta sobre las exigencias económicas requeridas al Estudio Económico Financiero” y por ello “no se garantiza” la viabilidad económica necesaria para la ejecución del plan. - Efe


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