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Ley de Seguridad Ciudadana

La oposición vuelve a dejar solo al PP para cambiar la ‘ley mordaza’

La proposición de ley del PNV logra más apoyos que la del PSOE y guiará la reforma de la norma

Carlos C. Borra - Miércoles, 22 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:11h

El diputado del PNV Mikel Legarda, durante una intervención en el Congreso.

El diputado del PNV Mikel Legarda, durante una intervención en el Congreso. (EFE)

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El diputado del PNV Mikel Legarda, durante una intervención en el Congreso.

Donostia- Menos de una semana después de la derrota histórica sufrida por el PP en el Congreso de los Diputados al ver rechazado el real decreto ley sobre la reforma de la estiba, el partido presidido por Mariano Rajoy recibió ayer un nuevo varapalo en la Cámara Baja. Y es que los grupos de la oposición aprobaron la toma en consideración de dos proposiciones de ley del PSOE y del PNV para proceder a revisar una de las iniciativas estrella, y también una de las más polémicas, de la pasada legislatura, cuando el PP, al contrario que ahora, gobernaba con mayoría absoluta: la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada por sus detractores como ley mordaza.

El Pleno del Congreso votó, por tanto, las dos propuestas con sus respectivos textos articulados para sustituir la norma impulsada en 2015 por el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Aunque ambas iniciativas recibieron el visto bueno para que se inicie su tramitación, la del PNV concitó más votos a favor ya que Ciudadanos no quiso votar la del PSOE y se abstuvo. El PP se quedó solo a la hora de votar en contra de las mismas. Una vez tomadas en consideración, el Congreso abrirá un plazo de presentación de enmiendas con el fin de alcanzar un único texto articulado que sustituya la vigente ley mordaza.

La controvertida normativa se someterá ahora a un trámite parlamentario para su modificación que partirá al menos de los 44 puntos que el PNV quiere retocar. El PP no está de acuerdo con todos ellos, pero desde Moncloa ya se había apostado por la iniciativa de los jeltzales como punto de partida, como adelantó en su día el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, cuya ausencia en el debate de ayer fue criticada por algunos portavoces.

El PSOE buscaba en cambio su derogación y la vuelta a la ley Corcuera de 1992, que fue corregida por el Tribunal Constitucional y que ha estado en vigor hasta 2011, en tanto se aprueba un nuevo texto. Ello provocó el rechazo de Ciudadanos y que no votara el texto de los socialistas, al considerar un retroceso el recuperar la ley de “la patada en la puerta”. A las dos propuestas de PSOE y PNV se opuso el PP, desde su convencimiento, según su diputado José Alberto Martín-Toledano, de que la actual norma “no ha generado problemas” y que los ataques que ha recibido han obedecido a “criterios de desgaste político” con argumentos de “manual partidista”.

Rechazo mayoritarioEl ponente del PNV a la hora de defender su propuesta, Mikel Legarda, dijo que su intención es equilibrar el binomio libertad-seguridad, porque la ley en vigor se ha convertido en “el derecho penal de la peligrosidad y la desconfianza”. Por ello, aseveró, el Grupo Vasco se ha inspirado en la “redefinición de la actividad de la intervención” para presentar su iniciativa. Además, solicitó que las denominadas “devoluciones en caliente” se adapten a la normativa internacional en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

El portavoz de Interior del PSOE, Antonio Trevín, afirmó que esta ley es una “correa que pretende atar más en corto a toda la ciudadanía” y dijo que aunque la normativa, recurrida por la oposición en el Tribunal Constitucional, se aprobó con la mayoría absoluta que ostentaba en ese momento el Ejecutivo, tenía también el “82% del rechazo de la sociedad”. Pidió por ello el voto para la propuesta socialista frente a una ley “nefasta y de pura paranoia autoritaria”.

Unidos Podemos votó a favor de las dos propuestas, pero con la condición de negociar porque no “jugarán” con los derechos fundamentales de los ciudadanos, según Eduardo Santos. Recordó las 6.217 sanciones impuestas en los seis primeros meses de aplicación de la ley y reprochó a los socialistas que miren al pasado en un ejercicio de “melancolía”. Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, criticó el afán del PSOE de intentar cubrir el vacío legal que dejaría la derogación de la ley “volviendo a fantasmas del pasado”.

Ciudadanos quiere que todos participen en la revisión de la norma y censuró al Gobierno por “arrastrar los pies” y no haber sido él quien trajera a la Cámara la propuesta de modificación a pesar de haber reconocido la necesidad de revisarla. “Apostamos por una ley sin sanciones excesivas y que, en definitiva, no considere al ciudadano sospechoso habitual”, defendió el diputado Sergi Mikel, del PDeCAT, al tiempo que Oskar Matute, por EH Bildu, apostó por el fin de la actual ley por “pisotear sistemáticamente la libertad en nombre de la seguridad”.


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