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juicio en la audiencia provincial de bizkaia

Piden 9 años de prisión para cada uno de los guardias civiles acusados por torturas a Barrenetxea

La defensa solicita la absolución y que se "deduzca testimonio" contra la denunciante porque "ha faltado a la verdad"

EP - Viernes, 17 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 16:46h

La abogada Jone Goirizelaia y Sandra Barrenetxea, arropadas ayer antes de entrar a los juzgados de Bizkaia.

La abogada Jone Goirizelaia y Sandra Barrenetxea, arropadas antes de entrar a los juzgados de Bizkaia. (EFE)

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La abogada Jone Goirizelaia y Sandra Barrenetxea, arropadas ayer antes de entrar a los juzgados de Bizkaia.

La representación legal de la exmiembro de Ekin Sandra Barrenetxea ha rebajado su petición de prisión para los cuatro guardias civiles acusados de supuestas torturas, durante su detención en 2010, a nueve años para cada uno de ellos. Por su parte, la defensa de los acusados ha solicitado la libre absolución de sus defendidos y ha pedido que se "deduzca testimonio" contra la denunciante por "faltar a la verdad".

BILBAO. La Audiencia Provincial de Bizkaia ha cerrado este viernes la vista oral por la denuncia de supuestas torturas durante su traslado desde Bizkaia a Madrid y en dependencias de la Guardia Civil en la capital del Estado, tras ser arrestada en septiembre de 2010 en un operativo policial desarrollado en Bilbao en el que fueron arrestadas otras ocho personas por pertenecer a Ekin, organización ilegalizada en 2009. Esta cuarta sesión de la vista se ha dedicado a la presentación de las conclusiones e informes de la acusación particular, la defensa y la Fiscalía.

La representación de Sandra Barrenetxea, que inicialmente solicitó 19 años de prisión, ha modificado sus peticiones, de manera que ha solicitado nueve años de cárcel para cada uno de los agentes al entender que los hechos son constitutivos de un delito de torturas en concurso ideal --lo que supone que se impone la pena por el delito más grave-- con un delito de lesiones y un delito de agresión sexual. Para dos de ellos como autores materiales y para los otros dos por permitirlo.

Su letrada ha lamentado que la denunciante ha tenido que afrontar "una carrera de obstáculos" hasta llegar el caso al juicio oral celebrado esta semana y ha subrayado que "la tesis de la defensa siempre ha sido la misma", la de "negar los hechos" pero sin que lo haya "sustentado en ninguna prueba".

Por su parte, Barrenetxea, ha añadido la acusación, ha ofrecido una declaración "verosímil, rodeada de corroboraciones que se han dado en otros momentos, con persistencia de incriminación clara, que se prolonga en el tiempo sin ambigüedades y sin fisuras, y no hay contradicciones". "Hay concreción y coherencia", ha indicado.

Según ha señalado, su declaración reúne los requisitos para servir para "poder dictar sentencia condenatoria". Tras denunciar que la incomunicación supone "falta de control judicial" y genera "espacios de impunidad", ha señalado que Barrenetxea ha ofrecido, en su testimonio en la vista oral, "un testimonio duro y sobrecogedor" que relató lo sucedido "con todo lujo de detalles" y, además, ha reconocido a tres de los cuatro acusados.

La letrada ha apuntado, por otro lado, que el hecho de que los informes forenses que se realizaron no recojan la existencia de lesiones no puede considerarse como "prueba de falsedad", teniendo en cuenta la jurisprudencia y los informes del Comité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas. En cualquier caso, ha añadido que le "extraña" que fuera sometida a "cualquiera de las actuaciones justo antes" de que se esperara la llegada del médico forense en las dependencias policiales.

También ha recordado la existencia de un informe desarrollado en función del denominado 'Protocolo de Estambul', que concluye que el relato de Barrenetxea es "creíble y versosímil".

La abogada ha insistido en que "la denuncia es creíble y esto ha sucedido en 2010 en un cuartel de la guardia Civil del Estado español", que "se llama a sí mismo estado democrático y de derecho".

En este sentido, ha recordado que Barrenetxea firmó un texto, en el acuerdo entre las partes que se alcanzó cuando fue juzgada, "en el que reconocía el daño que se hubiese podido infringir por las actividades que se hubieran desarrollado con carácter violento". "Lo mismo que Barrenetxea reconoció lo que reconoció, si queremos avanzar y construir una sociedad diferente, habrá que reconocer que esto ha ocurrido, y habrá que pedir perdón", ha concluido.

NO HAY "PRUEBA OBJETIVA"

Por su parte, la Fiscalía, que no formulaba acusación, ha mantenido que no hay "prueba objetiva" de que los hechos relatados por la denunciante "se hayan producido". "Pesan más las pruebas médicas y profesionales que su testimonio", ha opinado.

De este modo, ha señalado que no se dan los requisitos contemplados para considerar el testimonio de la denunciante "creíble". Según ha indicado, no se da una "persistencia en la incriminación" en sus distintas declaraciones y los informes forenses "no apuntan para nada a la descripción que ella hace".

El fiscal ha recordado que el médico forense que la visitó durante su detención hasta su comparecencia ante la Audiencia Nacional aseguró que "médica y psíquicamente la vio normal". Ni este experto ni tampoco el abogado de oficio que se le asignó "apreciaron nada".

"POR LUCHAR CONTRA LA BARBARIE"

Finalmente, el abogado de la defensa ha denunciado que la acusación "pida que se prive de libertad por nueve años a unos servidores del Estado". Según ha indicado, "no están aquí por haber torturado", sino por "luchar contra la barbarie".

A su entender, no existe "ni la más mínima verosimilitud" en el "relato novelado" de Sandra Barrenetxea. Según ha indicado, hay "una falta racional de verosimilitud" en pretender, en su denuncia de maltrato durante su traslado a Madrid, que "a plena luz del día" los agentes "le desnudan" y le intentan "asfixiar con una bolsa" a la vista de "cualquier otro automóvil" en la autopista. En otros momentos, ha añadido, se da una "patente falsedad".

El abogado ha destacado que la denunciante, que no dijo al forense "ni una palabra" sobre que hubiese sido maltratada en ese trayecto, hizo posteriormente esas manifestaciones para evitar que se pudiera "excluir" el procedimiento en "el sitio donde organizaciones afines puedan hacer mayor presión".

Respecto a las torturas denunciadas en la dependencias de la Guardia Civil en Madrid, ha considerado que Barrenetxea ha incurrido en "contradicciones sustanciales" que "invalidan su testimonio" y ha incidido en que es "imposible" que el forense no percibiera señales de maltrato si fueran ciertos los hechos relatados. Asimismo, ha señalado que no se dejó reconocer en la mayor parte de las visitas del médico forense para que no se "evidenciara" la ausencia de signos de lesiones.

Del mismo modo, ha recordado que, en función de los informes realizados, estaba "orientada" y presentaba "un discurso coherente", que ve "incompatible" con los hechos denunciados.

En su opinión, Sandra Barrenetxea ha ido "creando un personaje", para lo que "ha contado con un guión". En esta línea, ha afirmado que la denunciante fue condenada, "con sentencia firme", por ser "miembro de una organización terrorista" que "impone la obligación de formular" este tipo de denuncias. En este sentido, ha indicado que existen "patrones comunes" entre las distintas denuncias y detalles en su actuación "perfectamente equiparables" con "el protocolo de la banda".

El abogado ha insistido en que "no hay ni la más mínima verosimilitud" en el testimonio de Barrenetxea ni en su "reconocimiento absolutamente impostado" de los acusados durante la vista. Según ha indicado, "lo único que hay es la firme voluntad de faltar a la verdad" para someter a un proceso de estas características a "quienes defienden el Estado de Derecho".

Por ello, además de pedir la absolución de sus defendidos, ha pedido que se "deduzca testimonio" contra ella porque "se ha faltado a la verdad". El letrado ha subrayado que el que los cuatro acusados "queden estigmatizados con un procedimiento" en el que se les ha acusado de "auténticas barbaridades" que "no han ocurrido" no es "tolerable en un estado de derecho". "La tutela judicial efectiva en este caso no se consigue con la mera absolución por una eventual falta de pruebas", ha concluido.


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