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Las pruebas de cargo: bolígrafos, webs y ‘mailing’

La sentencia recoge hechos y situaciones concretas para concluir que Mas, Ortega y Rigau desobedecieron al TC

Martes, 14 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:11h

barcelona- La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) recoge hechos y situaciones concretas a modo de pruebas de cargo para concluir que Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega han cometido un delito de desobediencia por el que han sido condenados a penas de inhabilitación para cargos públicos.

En concreto para los magistrados Carlos Ramos, Eduardo Rodríguez y Jesús María Barrientos, que ha actuado como ponente, el mantenimiento de la página web de la Generalitat de Catalunya;la campaña de publicidad;la correspondencia oficial;la contratación de la ampliación del seguro;el reparto del material para la votación;los programas informáticos;la infraestructura material y el departamento de prensa son razones suficientes para demostrar la desobediencia de los encausados.

La sentencia insiste que a pesar de la resolución del Tribunal Constitucional, los tres condenados mantuvieron activa la web participa2014.cat, con “aplicativos plenamente operativos”, con “logotipos de la Generalitat”;“vínculos a otras páginas web de la Generalitat” y con los números de teléfono de la misma institución para plantear dudas o incidencias.

Los magistrados del Superior de Justicia catalán mantienen el mismo hilo argumental sobre el mantenimiento de la campaña de publicidad para la consulta participativa del 9-N que, a pesar del auto del Constitucional, continuó “hasta el mismo 9 de noviembre”.

Además, la sentencia considera demostrado que Mas, Ortega y Rigau, “guiados por el mismo propósito de efectivo desarrollo del proceso participativo suspendido por el Tribunal Constitucional, mantuvieron el reparto masivo a domicilio de mailing o correspondencia oficial con información de la convocatoria” de la consulta popular. Una tramitación que se mantuvo hasta el 8 de noviembre, un día antes de la cita.

Los magistrados no tienen dudas de que los tres encausados “prescindieron del mandato del Tribunal Constitucional” y “permitieron que el material para la votación como urnas, papeletas, sobres, bolígrafos, impresos o manuales para los componentes de las mesas electorales” a través de una empresa los días 7 y 8 de noviembre.

Por último, la sentencia repara en los programas y soportes informáticos empleados por la Generalitat para llevar a efecto la consulta. Así asegura que Mas, Ortega y Rigau, “con conciencia de contravención”, permitieron que los programas informáticos para realizar el registro de asistentes fueran instalados durante esas dos jornadas, alguno incluso a primeras horas del día siguiente, 9 de noviembre. - N.G.


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