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Tribuna abierta

El cáncer de los conflictos de interés

Por Javier Alonso - Domingo, 12 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:11h

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El innovador cirujano inglés Percival Pott contribuyó de forma notable al progreso de la medicina del siglo XVIII, su apellido pasó a la posteridad al dar el nombre a una enfermedad, el mal de Pott, frecuente hasta la llegada de los antibióticos, que describía las lesiones que provocaba en las vértebras la infección por el bacilo de la tuberculosis y que podía acarrear desde gibosidades hasta lesiones medulares. No obstante, su descubrimiento más importante fue la primera descripción de un cáncer profesional.

En su obra Observaciones quirúrgicas evidenció la aparición de cáncer de escroto en adultos que durante su infancia habían trabajado como deshollinadores. La medicina oficial de la época atribuía el tumor a una enfermedad venérea. Pott, por el contrario, mantenía que la neoplasia era debida a los efectos del alquitrán y el hollín que impregnaba la ropa y se acumulaba en los pliegues de la piel que recubría los testículos. Una exposición tóxica que se perpetuaba debido a que la inexistencia de agua en las viviendas condicionaba que el aseo se limitara al lavado sumario de la cara y las manos.

Esta revolucionaría teoría etiológica no fue demasiado bien acogida por sus colegas y mucho menos por la patronal de la limpieza de las chimeneas, que veía peligrar su floreciente negocio basado en la esclavitud infantil. Los niños eran vendidos por sus progenitores para realizar un trabajo lleno de peligros en el que debían descolgarse, con la sola ayuda de una cuerda, por las estrechas y ardientes chimeneas, en el que sufrían golpes, quemaduras, falta de oxígeno y por el que terminaban en la adolescencia con un tumor escrotal fatal.

Convencido de su hipótesis, el cirujano luchó para mejorar las brutales condiciones laborales a las que eran sometidos los pequeños y el año de su fallecimiento, 1788, se promulgó la primeraLey de Deshollinadores, aunque no fue hasta 1840 cuando definitivamente se prohibió el desempeño de este tipo de trabajo a los menores de 10 años. La erradicación de esta enfermedad, causada por el benzopireno del alquitrán, no llegó hasta principios del siglo XX, más debido a la desaparición de ese tipo de explotación infantil que por la aplicación de la tibia legislación.

Desde aquellas primeras observaciones empíricas de Pott, que describían un cáncer ocupacional causado por la exposición a un agente externo, las condiciones laborales -en los países del primer mundo- han mejorado sustancialmente. A pesar de estos progresos, el cáncer representa la principal causa de muerte vinculada con el trabajo en la Unión Europea: algo más de la mitad de las muertes relacionadas con el entorno laboral tienen su origen en tumores malignos. Las estimaciones oficiales sostienen que cada año fallecen 102.000 personas en la Unión Europea -menos de 400 en Euskadi- por cánceres profesionales consecuencia de la exposición a sustancias químicas.

Unas cifras que, con mucha probabilidad, subestiman la realidad de este drama;no solo por el interés en minimizarlas por las empresas y gobiernos sino, sobre todo, por nuestra incapacidad técnica para determinar con exactitud la tasa exacta de cánceres atribuibles a la exposición ocupacional.

Establecer vínculo inequívoco entre la enfermedad y la exposición a sustancias tóxicas en el trabajo resulta arduo por varias razones: el conocimiento sobre la magnitud y la duración de la exposición es, a menudo, limitado;los avances tecnológicos incorporan continuamente nuevas fuentes de riesgo, el periodo de latencia entre la exposición y la aparición de la enfermedad es frecuentemente muy largo -hasta 40 años, momento en el que ya no existe la actividad laboral- y numerosos factores de riesgo genéticos y ambientales pueden ser los responsables de la aparición del tumor. Una intrincada imputabilidad que, añadida los costes económicos que supondrían para las empresas y las arcas del Estado, condicionan que solo una pequeña, ridícula, proporción de estos cánceres sea reconocida oficialmente como profesionales.

A pesar de estas dificultades, se han identificado incontestablemente un número importante de factores capaces de aumentar el riesgo o favorecer el desarrollo de tumores. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce 119, entre los que se encuentran el amianto, el benceno, el polvo de madera, la radiación ionizante, los gases de escape de motores diésel… Con el objeto de minimizar los riesgos asociados al contacto con estos productos, los gobiernos han establecido unos valores límite de exposición para las sustancias químicas capaces de producir tumores malignos, esto es, unos niveles por debajo de los cuales -hipotéticamente- no se producirían efectos nocivos. Aun siendo el único referente disponible, han sido ampliamente criticados al cuestionarse la validez de las pruebas científicas en las que descansan y al considerar que, para algunos de ellos, no deberían establecerse niveles, ya que cualquier exposición, por exigua que fuera, sería capaz de ejercer efectos carcinógenos. Unas críticas a las que también contribuye la disparidad legislativa entre diferentes países sobre los productos incluidos y los límites tolerados.

Consciente de estas diferencias y con el objeto de establecer unos criterios uniformes, la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea encargó a un comité científico el establecimiento de unos valores límites de exposición ocupacional. El grupo que elabora las recomendaciones está compuesto por 22 personas -todas ellas con un amplio y brillante currículo científico- de las cuales, según una investigación publicada por el diario Le Monde, quince tenían vínculos estrechos con corporaciones industriales directamente relacionadas con las sustancias sometidas a examen. El dislate llega a tal extremo que tres de ellos eran empleados de transnacionales cuyas prácticas iban a ser sometidas a examen: la química Basf y la petrolera Shell.

El resultado del dictamen resulta bochornoso. Los niveles tolerados para algunas sustancias eran 25 veces mayores que lo que establecía la legislación de algunos países miembros de la UE;el número de productos incluidos no respondía a la peticiones de los sindicatos, que solicitaban 60;ni a la de algunos países, como Holanda, que demandaba 50;ni siquiera a lo que proponía la propia Comisión, que eran 25;y finalmente el comité científico proponía límites de exposición solamente para quince. De forma inverosímil, desaparecían de la lista los gases de escape de los motores diésel, reconocido como carcinógeno por la OMS desde 2012 y que es la segunda causa de muerte por cáncer ocupacional, solo por detrás del devastador amianto. Una eventualidad que, sin lugar a dudas, no tendrá relación con los escandalosos conflictos de interés puestos en evidencia por el diario francés.

Millones de trabajadores europeos condicionarán su salud a que las rebajas aplicadas en la tolerabilidad de los productos químicos sean debidas a criterios científicos y no a los profundos conflictos de interés de las personas que elaboraban las recomendaciones para la Comisión Europea. Nada más asequible, para ellas, que abstraerse y olvidar que, de una forma u otra, están subordinadas a la industria que tratan de regular.

El cáncer es una enfermedad compleja y aún no comprendemos totalmente los mecanismos que la desencadenan. Sin embargo, no hay duda de que la mayoría de los cánceres ocupacionales pueden prevenirse reduciendo o eliminando exposiciones a los factores que conocemos los producen. No debemos considerar a las neoplasias profesionales como un asunto del pasado, son y seguirán siendo un problema mientras no se apliquen medidas enérgicas que limiten las exposiciones tóxicas excluyendo del debate los intereses de los lobbies industriales.

Solo en Europa, más de 100.000 personas, afortunadas al disponer de un trabajo, pagarán con su vida la suerte de haber disfrutado de una ocupación insalubre. Los tímidos avances en el reconocimiento administrativo del origen laboral de algunas neoplasias y la cercenada -por los intereses industriales- regulación comunitaria no conseguirán rebajar esta sangrante cifra. Mientras tanto, lamentablemente, el número de defunciones por cáncer en el trabajo solo se reducirá si el escenario legislativo se complica para los lobbies industriales carcinógenos, que al entender que la situación no resulta tan rentable económicamente como debiera, harán uso de su libertad y moverán sus empresas a países menos exigentes -con menos escrúpulos- en los que el precio de salir de la extrema pobreza se paga con la moneda de la salud.


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