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Editorial

Agravios antidemocráticos

La prohibición por parte del Gobierno español de la consulta popular sobre la plaza de toros de Illunbe y la anulación de la desanexión de Itsaso son un nuevo ataque al autogobierno

Lunes, 6 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:11h

Las últimas decisiones del Gobierno español mediante las que, por una parte, prohíbe la consulta ciudadana sobre el uso de una instalación municipal de Donostia -la plaza de toros de Illunbe- y, por otro, anula la desanexión de Itsaso y su inscripción como municipio independiente tras un proceso participativo avalado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y que incluía una consulta popular suponen una injerencia clara en la capacidad normativa y competencial de las instituciones vascas, son un incomprensible agravio al lógico desarrollo de los derechos históricos y una imposición desde posiciones antidemocráticas que incluso atentan contra la memoria histórica y vienen a abrir un nuevo conflicto judicial con Euskadi en un periodo que se suponía era de mayor diálogo y sensibilidad por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. La prohibición gubernamental de una mera consulta de ámbito exclusivamente municipal sobre la cesión de Ilunbe para la celebración de espectáculos taurinos es puramente arbitraria -no aporta ni un solo argumento, informe o documento que la avale- y carece de legitimidad democrática, sobre todo porque el único asidero al que se aferra el Gobierno -tal y como señaló el portavoz Íñigo Méndez de Vigo- es la declaración de la tauromaquia como “patrimonio cultural inmaterial”, lo que, al parecer, estaría por encima de la competencia municipal sobre los usos de instalaciones públicas de su propiedad. Por su parte, la anulación de la desanexión de Itsaso añade aún mayor gravedad a este nuevo ataque competencial, ya que todo el proceso ha estado legitimado por la legislación foral guipuzcoana que permitía a los pueblos anexionados a la fuerza por la dictadura franquista volver a recuperar su identidad como municipios independientes si así lo deciden sus vecinos según un procedimiento escrupulosamente democrático. Estos hechos, que se suman a otras actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno español -como los recursos al Tribunal Constitucional de diversas leyes y disposiciones vascas como las OPE de la Ertzaintza-, ponen en cuestión, una vez más, la supuesta etapa de diálogo y acuerdo anunciada a bombo y platillo por Mariano Rajoy, inciden en la brecha judicial y competencial con Euskadi y muestran que al Estado aún le queda mucho camino para asumir el autogobierno y la bilateralidad.


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