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Tribuna abierta

El pan de los niños

Por Joaquín Arriola - Domingo, 5 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:14h

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Hace varios años, un ministro de un país centroamericano me contó cómo un organismo internacional, probablemente Unicef o la OMS, no lo recuerdo bien, pagó a un grupo de expertos para que investigaran las elevadas tasas de fecundidad de la región. Tras varios meses de sesudos análisis y contraste de todas las hipótesis que se les ocurrieron, llegaron a la siguiente conclusión: en Centroamérica, las tasas de fecundidad son altas porque allí “se coge mucho” (entiéndase lo de “coger” en el sentido que se le da a este verbo en Hispanoamérica).

El problema en nuestro entorno es justo el inverso: cada vez menos mujeres fértiles tienen menos hijos y cada vez más tarde. El problema es de tal magnitud que el Gobierno español ha decidido crear la figura del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, encargada de “elaborar y desarrollar una estrategia nacional frente al reto demográfico para responder a los problemas demográficos”, lo cual se justifica en el real decreto como sigue:

“El desequilibrio de la pirámide poblacional es un fenómeno común a los países de nuestro entorno. Particularmente, el escaso dinamismo demográfico se produce prácticamente en todos los países de la Unión Europea, afectando de manera esencial a la estructura de la población. En España, son diez las Comunidades Autónomas las que actualmente cuentan con un saldo vegetativo negativo. Y en el conjunto de la Nación, las proyecciones demográficas plantean un descenso ininterrumpido de la población, habiéndose pronosticado una pérdida de más de medio millón de habitantes en 2031 y de más de cinco millones en 2066. Esta situación afecta con mayor intensidad a algunas partes del territorio del Estado, donde factores como el mayor grado de envejecimiento, la ruralidad, la dispersión o la insularidad agravan notablemente los desequilibrios demográficos. Los efectos de este fenómeno son cada vez más notables desde el punto de vista económico, social y ambiental, tanto a escala europea como nacional, autonómica y local;siendo evidente la incidencia del cambio demográfico sobre, en particular, la sostenibilidad del Estado del Bienestar”.

El real decreto es un verdadero brindis al sol, al que solo le falta argumentar que la escasa fecundidad es consecuencia de “coger” poco. La mayor parte de las afirmaciones carecen de sentido concreto: no existen pirámides poblacionales desequilibradas ni equilibradas, ni el “dinamismo demográfico” (sinónimo al parecer de crecimiento poblacional) es común a todos los países de la UE;las proyecciones demográficas a 50 años vista nunca se cumplen, entre otras cosas porque no tienen en cuenta la movilidad de la población;los recursos del estado de bienestar no dependen de la estructura de edades de la población sino de la capacidad productiva del país y de las decisiones sobre distribución y nadie afirma que en los próximos cincuenta años la producción vaya a contraerse o que nos encontremos abocados a un decrecimiento obligatorio;aunque no se puede excluir que se produzca una catástrofe como la peste negra en el siglo XIV o como la II Guerra Mundial del siglo XX, en ningún caso se puede deducir que vayan a ser consecuencias de la evolución demográfica.

El Gobierno muestra así una notable incapacidad para identificar las leyes fundamentales de la evolución demográfica. Salvo que creamos que el comportamiento humano obedece a las mismas determinaciones naturales que el de los animales o las plantas, tendremos que considerar que la evolución de la población responde a las condiciones particulares, sociales, de cada contexto histórico. Y en nuestra época, la evolución de la fecundidad depende sobre todo de las condiciones del mercado de trabajo, que determinan la reproducción social de los trabajadores y sus expectativas vitales.

En Europa, las circunstancias de su reproducción se vieron notablemente alteradas en los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando el salario familiar de la época del estado del bienestar fue sustituido por el salario individual, incrementando notablemente la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, con frecuencia a costa del trabajo reproductivo. Una segunda vuelta de tuerca, desde mediados de los años 90, con la reducción generalizada de la participación de los salarios en el valor añadido. La fragilización creciente de los mecanismos de reproducción personal y familiar se agudiza aún más en el siglo XXI, al incorporar mayores niveles de competencia entre los trabajadores europeos por el procedimiento de ampliar la oferta con los 47 millones de trabajadores de los países del este y las oleadas de inmigración extracomunitaria, notablemente mediante la importación en España de casi 4 millones de personas para evitar el agotamiento de la reserva de mano de obra mantenida necesariamente en paro, que nunca bajó de 2 millones, incluso en los años de mayor creación de empleo.

De esta forma, cada vez resulta más difícil criar hijos. Por un lado, la reducción del tiempo disponible por parte de los progenitores para su crianza, que algunos pretenden suplir ilusoriamente con una escolarización forzada de los hijos desde casi el momento en que se cumple la baja paternal hasta el momento del acceso al mercado de trabajo. Por otro, la reducción de los salarios reales personales limita la posibilidad material de criar hijos. De nuevo, el pensamiento mágico pretenderá resolver este aspecto del problema estableciendo un sistema de subvenciones por hijos sin tener en cuenta la inviabilidad fiscal de un gasto que, como todo el gasto social, se financia con los impuestos de trabajadores cuya capacidad contributiva está en retroceso por la caída de los salarios. No tardaremos en oír propuestas, más o menos disimuladas, para reducir las transferencias hacia los ancianos (pensiones) para sustituirlas por transferencias hacia los niños.

No es por casualidad que haya sido Alemania, el país que lleva más tiempo practicando la austeridad salarial, el primer país europeo en el que, desde 1986, la población de más de 65 supera a la de niños de 0 a 15. La absorción de la DDR le dio un ligero respiro, pero en 1999 volvió a tener una población anciana superior a la infantil. Esto mismo ocurre en Italia desde 1992, en Grecia y España desde 1997, Bulgaria desde 2000, Portugal desde 2001, Estonia, Letonia y Eslovenia desde 2003, y Bélgica, Hungría y Austria desde 2005. La crisis vino a reducir drásticamente la producción de niños en otros países como Rumanía, Finlandia o Suecia. Actualmente, solo hay más niños que ancianos en Irlanda, Francia, Chipre, Luxemburgo, Eslovaquia, Polonia y Gran Bretaña.

Un patrón demográfico muy diferente es el que se observa en Estados Unidos, donde el 20% de la población es menor de 15 años, y solo un 14% mayor de 65, frente a un 15% y un 19%, respectivamente, en la UE. Un cambio en la política laboral, aumentando notablemente los salarios y las perspectivas de estabilidad en el empleo, mejoraría la natalidad mucho más eficazmente que persiguiendo quiméricas políticas demográficas sin recursos ni criterio.


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