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La protección del patrimonio de San Sebastián y el derribo del edificio de Miracruz 19

Por Rafael García-Velilla - Viernes, 3 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:11h

aunque por definición “el patrimonio arquitectónico es el conjunto de bienes edificados en los que la sociedad reconoce un valor cultural, conjunto abierto susceptible de modificación y sobretodo de nuevas incorporaciones”, la tardía asunción de los criterios de la comunidad internacional sobre la protección del patrimonio edificado en nuestro país hizo que hasta finales del siglo pasado, los Catálogos de Patrimonio Municipales dependieran del planeamiento urbanístico, que era el que determinaba su régimen jurídico y su protección.

Sin embargo, la creciente valoración del legado arquitectónico -especialmente el de los siglos XIX y XX-, promovió la creación de numerosas cartas y convenios que tuvieron su reflejo en la Ley de Suelo y Urbanismo del año 2005 y en las Leyes de Patrimonio Estatales y Autonómicas, que avalan la independencia de los catálogos y su prevalencia sobre el planeamiento. La necesidad de adecuar la protección del patrimonio local a la legislación actual lleva a los ayuntamientos a elaborar Planes Especiales de Protección del Patrimonio que, bajo la premisa de constituirse como “instrumentos de conocimiento realizados desde la independencia de preceptos científicos interdisciplinares”, establecen los criterios por los que se protege un elemento, los grados de protección y el catálogo o relación de obras protegidas.

En San Sebastián, el equipo de especialistas que gana el concurso para la redacción del plan entrega en 2005 la normativa y un índice de 1.300 elementos. El Gobierno Municipal, que se niega a asumir su independencia y renunciar a las plusvalías derivadas de las operaciones urbanísticas que puedan afectarle, somete este documento a una profunda “revisión” de la que resulta la desprotección de numerosos elementos patrimoniales, cuya conservación puede dificultar o impedir proyectos inmobiliarios o de planeamiento, como los relativos a la operación de San Bartolomé, la Estación del Norte, Tabacalera, Palacio de Aiete, el Bellas Artes o el inmueble de la calle Miracruz 19.

Durante el periodo de exposición pública, la dirección de Patrimonio de la Diputación Foral de Gipuzkoa (cuya evaluación, establece el propio plan, debe predominar sobre cualquier otra), logra que Miracruz 19 -que ya formaba parte del Patrimonio de la ciudad en el año 1995- sea incluido de nuevo en un plan que resalta su valor como imagen urbana y le otorga un régimen de protección general (sin excepciones) asociado a su integración en el grado D. Tras las elecciones del año 2011, el nuevo Gobierno Municipal, que también desea una “parte del pastel inmobiliario”, decide “reexaminar” otra vez el documento “con gente de la casa”. El equipo redactor del plan original es definitivamente excluido y se elimina la protección a casi doscientos elementos, entre ellos a la mayor parte de las villas de Ondarreta y a Miracruz 19.

Al no existir en San Sebastián una Comisión del Patrimonio, como la que en otras ciudades analiza e informa las obras que afectan a sus edificios históricos, se conocen los planes de derribo por un anuncio de venta de pisos del inmueble que la propiedad pretende levantar en su lugar, publicitados aún sin tener la seguridad de que no volviera a ser protegido -tal y como permite la ley y la normativa municipal- en cualquier momento. Ante esto, la Asociación del Patrimonio, 7.000 ciudadanos, la oposición municipal, entidades con interés en el patrimonio edificado y significativas personalidades de la cultura solicitan la reintegracion del edificio al catálogo, algo posible sin que haya que hacer frente a una hipotética reclamación de indemnización del propietario, sobre una licencia de derribo que aún no se había formalizado. A pesar de esto, el Gobierno Municipal no solo se niega a recatalogar el inmueble, sino que rechaza entrevistarse con la dirección de Patrimonio de la Diputación que exige su protección, ignora el dictamen del Centro de Patrimonio del Gobierno Vasco, que considera el edificio como “un elemento básico en la definición urbana de su entorno y merecedor de protección”, desoye los requerimientos del Ararteko de que “atienda las solicitudes formuladas y abra un periodo de consulta y negociación entre instituciones, propiedad y asociaciones y establezca un plan de acción que permita garantizar la protección del patrimonio cultural tomando las medidas que eviten su destrucción” y no responde a los recursos presentados.


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