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La Diputación elude pedir más responsabilidades por el accidente mortal de Deskarga

Pacta con el fiscal y la defensa 19 meses de prisión para el gerente de la subcontrata

Mikel Mujika Gorka Estrada - Viernes, 3 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:11h

Delegados de la construcción del sindicato ELA, ayer, frente a los juzgados de Donostia, reclamando “justicia para Iñaki y los trabajadores”.

Delegados de la construcción del sindicato ELA, ayer, frente a los juzgados de Donostia, reclamando “justicia para Iñaki y los trabajadores”.

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Delegados de la construcción del sindicato ELA, ayer, frente a los juzgados de Donostia, reclamando “justicia para Iñaki y los trabajadores”.

donostia- La Diputación de Gipuzkoa, personada como acusación popular desde 2014, ha eludido pedir más responsabilidades y ha sellado el pacto entre el fiscal y la defensa del acusado para condenar al gerente de la subcontrata Aballa S.L. a 19 meses de prisión por un delito contra la seguridad de los trabajadores (artículo 316 del Código Penal) y otro de imprudencia temeraria con resultado de muerte, en el caso del accidente mortal de Iñaki Alkorta Retegi el 18 de septiembre de 2013 en las obras del tramo Antzuola-Bergara de la GI-632.

De este modo, se exhime de toda culpa a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que ejecutaba las obras y también a la Administración que promovió y adjudicó los trabajos, que era la propia Diputación de Gipuzkoa, a quien los familiares de la víctima acusan directamente de ser los “principales responsables” de los graves incumplimientos de las normas de seguridad y salud laboral que se produjeron en esta obra pública.

“La Diputación tiene la mayor culpa y han ido a por el que estaba más abajo, el dueño de la subcontrata para la que trabajaba mi hermano, que solo va a pagar una multa de 1.000 euros, pero es que por encima del gerente, hay mucha gente. La culpa y la responsabilidad directa la tiene la Diputación. Hay personas más arriba que son responsables. Lo único que pedimos es justicia”, aseguraba ayer a la puerta de los juzgados de Atotxa, en Donostia, Josemi Alkorta, hermano del trabajador de Lasarte-Oria fallecido a los 33 años.

Su familia se ha visto apartada del proceso judicial tras fallecer también su madre, en agosto de 2015, y ayer asistió impotente a la vista que se iba a celebrar en los juzgados para que las partes lanzasen al juez sus propuestas de indemnización por los delitos asumidos. “Hemos perdido a la madre y con ella todos los derechos;no podemos ir penalmente contra ellos, porque según la ley en España, el derecho penal no se hereda. No podemos hacer nada más. Es indigno”, insistía Josemi.

La vista de ayer se pospuso finalmente hasta el 30 de marzo por ausencia de una de las partes, la UTE Lapatza. Pero el pescado se vendió el 25 de enero, en una audiencia preliminar en la que la defensa, el fiscal y la Diputación acordaron una pena de 19 meses de prisión, un año de inhabilitación y poco más de 1.000 euros de multa para el gerente de Aballa S.L, que responde a las iniciales de J.L.M.I.

Los hermanos del fallecido se sienten “indignados” por este pacto en un accidente laboral que fue considerado por Osalan y la Inspección de Trabajo como uno de los más graves del territorio y en el que más incumplimientos de normas de prevención y salud laboral se habían cometido.

“se han olvidado” Tras la vista del día 30, el caso quedará a la espera de la sentencia, que ratificará el citado acuerdo. De este modo, el mediático y polémico caso de la muerte de Iñaki Alkorta quedará zanjado. Tres años y medio después de concitar todas las muestras de repulsa por los graves incumplimientos, “ahora todos se han olvidado de las personas”, decía ayer el responsable de la Construcción del sindicato ELA, Igor San José.

Por el juicio, si se hubiese celebrado en condiciones normales, debían pasar una treintena de testigos, entre ellos varios compañeros del trabajador fallecido, el inspector de Trabajo que investigó el caso, responsables de la empresa Aballa, de la UTE y técnicos forales que supervisaban la obra, entre otros. Finalmente nadie ha sido citado, porque hay acuerdo.

“No puede ser que las multas y sanciones por los incumplimientos de las normas de seguridad y salud laboral salgan más baratos que cumplir las normas”, dijo San José.


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