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derechos de tres reclusos de ETA

Europa enfría las expectativas de los presos tumbando las peticiones de acercamiento

El TEDH considera que Francia no vulneró los derechos de tres reclusos de ETA porque tuvieron numerosas visitas

Míriam Vázquez - Viernes, 3 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:11h

Etxerat ha denunciado en La Concha la política de dispersión de los presos.

Etxerat ha denunciado en La Concha la política de dispersión de los presos. (Esti Veintemillas)

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Etxerat ha denunciado en La Concha la política de dispersión de los presos.

donostia- La justicia europea ha rechazado las primeras peticiones de acercamiento a cárceles vascas planteadas por los presos de ETA. En un auto contundente y unánime hecho público ayer, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene a decir que la política de alejamiento no vulnera por sí misma los derechos de los reclusos, sino que debe llevar aparejada una restricción en las visitas y las llamadas telefónicas para que se interprete que supone una injerencia en el derecho a la familia. A juicio de los magistrados, los casos que le han planteado los tres demandantes (que cumplían prisión en Francia) no son comparables a los que sufrían dos reclusos ucranianos a los que sí dio la razón, porque en esos casos uno de ellos no vio a su madre en diez años, y otro recibió solo siete visitas en ocho años.

Técnicamente, la sentencia no examina el fondo de la demanda ni entra en que el alejamiento esté justificado o no, pero sí aporta argumentos para asegurar que no hubo derechos vulnerados. Se refiere a los casos del exjefe militar de ETA Alejandro Zobaran, y a Urko Labaka e Ione Lozano, detenidos en Francia en 2011. Tras un periplo por varias prisiones, terminaron en el penal de Lyon-Corbas, a más de 800 kilómetros de sus familias. Solo el primero sigue en prisión. Los jueces se inclinan por una interpretación restrictiva que contempla revocar el alejamiento solo en los casos más excepcionales. Supone un jarro de agua fría para los presos, que tienen depositadas sus esperanzas en la justicia europea y en el tirón de orejas que ya dio a España con la aplicación de la doctrina Parot. Los abogados de los presos están preparando hasta 260 recursos contra el alejamiento, aunque deben agotar antes todas las vías en la justicia española. El primer recluido en el Estado español que ha acudido por esta cuestión a Europa es Josetxo Arizkuren, Kantauri. La negativa de ayer puede sentar un precedente y cerrar la puerta a esa vía, lo que abocaría a los reclusos a plegarse a los requisitos de Madrid, que pide la disolución de ETA y autocrítica.

tesis de la audiencia nacionalEl tribunal europeo no ha admitido la tramitación de la demanda. Se apoya en los datos que le ha dado el Gobierno francés para argumentar que el derecho a comunicarse con sus familias ha estado garantizado, y que nunca denunciaron que les fuera imposible mantenerse en contacto. Entre 2011 y 2014, Labaka mantuvo 198 encuentros con sus familiares y 306 conversaciones telefónicas con sus padres, sus hermanos y su esposa. Lozano fue visitada 213 veces e hizo uso del teléfono en 726 ocasiones para mantenerse en contacto con sus padres y abuela. Zobaran fue visitado 190 veces y tuvo hilo telefónico 1.176 veces con su madre, su hermano, su hermana, su esposa y su suegra. Por ello, “fueron capaces de mantener estrechos vínculos” y no hubo “injerencias” en la vida familiar.

Como dato llamativo, los argumentos son muy similares a los que ha utilizado la Audiencia Nacional para rechazar las demandas de acercamiento en el Estado español. En las sentencias con las que tumbó treinta peticiones en 2015 (entre ellas, la del histórico Francisco Mujika Garmendia, Pakito), aseguraba que en ningún caso se ha visto vulnerado el derecho a las comunicaciones, visitas, defensa, asesoramiento jurídico, asistencia médica o acceso a la cultura y la educación. En el supuesto caso de que algún allegado no pudiera desplazarse por razones de edad o salud, el tribunal zanjaba el asunto asegurando que los reclusos pueden pedir permisos extraordinarios de salida. Además, recordaba que decidir dónde cumple condena un preso es una decisión política competencia del Gobierno español. Es ahí donde se produce el choque de posiciones, porque Rajoy exige la disolución de ETA. En los últimos posicionamientos públicos de Interior, también se han pedido pasos en el reconocimiento del daño causado, algo que hasta ahora solo se exigía para acceder a beneficios penitenciarios o permisos de salida.

Los tres recurrentes acudieron a la justicia europea en 2013 de manera individual y bajo la representación legal de la abogada Xantiana Cachenaut. Se ampararon en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, en virtud del cual los internos tienen derecho a mantener su vida familiar y privada sin interferencias. También pusieron sobre la mesa que no han tenido derecho a un recurso efectivo. Europa dice que los recurrentes “se han beneficiado de numerosas visitas y conversaciones telefónicas con sus allegados”, y “nada demuestra que los desplazamientos efectuados por los allegados hayan planteado problemas insuperables o muy difíciles de resolver”.

A su modo de ver, el caso no se puede comparar con la demanda contra Ucrania que interpusieron los reclusos Vintman y Rodzevillo, a miles de kilómetros de sus domicilios. Ganaron porque Vintman no vio a su madre en diez años, y Rodzevillo recibió siete visitas en ocho años. Los jueces llegan a decir que las quejas “están manifiestamente mal fundadas”.

Los demandantes fueron detenidos en el norte y centro de Francia en marzo de 2011, y fueron transferidos ese mes a la cárcel de Lyon, condenados a ocho, seis y cinco años. Solo Zobaran sigue entre rejas, en la prisión de Saint Martin de Ré, a unos 400 kilómetros de tierras vascas. Labaka y Lozano ya han cumplido condena y se encuentran en libertad, aunque tienen causas pendientes en la Audiencia Nacional, que provocó su entrega al Estado español.

Al margen del alejamiento, los presos han acudido a Europa para pedir que se les descuente la pena cumplida en otros estados. El preso disidente de ETA Kepa Pikabea ha sido el primero en conseguir que le admitan a trámite un recurso en esa dirección. El caso del cómputo de penas tiene otros matices que invitan a un mayor optimismo a los recurrentes, porque España ha incumplido una decisión marco de la propia Unión Europea.

los tres casos

Alejandro Zobaran. Fue detenido en 2011 en una casa rural cerca de la frontera con Bélgica. Las fuerzas de seguridad lo consideraban jefe del aparato militar de ETA, cargo al que accedió cogiendo el testigo de Eneko Gogeaskoetxea. Formaba parte de la cúpula junto a David Pla, Iratxe Sorzabal e Izaskun Lesaka. Es el único de los tres demandantes que sigue en prisión. Tras un periplo por varias cárceles, ahora cumple condena en la prisión de Saint Martin de Ré, a unos 400 kilómetros de tierras vascas.

Urko Labaka. En esa misma operación fue arrestado Urko Labaka, que permanecía huido desde 2010, cuando debía haber comparecido ante la Audiencia Nacional para ser juzgado junto a otros 17 integrantes de Segi. Las fuerzas de seguridad lo buscaban por varios episodios de kale borroka en Donostia. La Audiencia Nacional había decretado el 28 de junio de 2010 una orden internacional de búsqueda y captura contra él.

Ione Lozano. Días después, el 21 de marzo, fue detenida Ione Lozano en un control de carretera en la localidad francesa de Indre. Llevaba una pistola y 48.000 euros en efectivo. Las fuerzas de seguridad consideraban que Lozano se encontraba entre los legales (no fichados) de ETA desde un año antes, cuando huyó tras ser arrestado Ibai Beobide. Al parecer, se le encargó reconstruir los comandos Imanol y Ezpala.e

reacción de etxerat

Mala noticia. Etxerat valoró ayer negativamente la no tramitación de la demanda y consideró que puede “influir negativamente” en la interpuesta por Josetxo Arizkuren y en los futuros recursos de 260 presos. A juicio de la asociación de familiares, el número de visitas o llamadas recibidas “no suaviza la vulneración de derechos que padecen los familiares”. Aun así, opinó que la decisión no cierra la puerta al resto de demandas, ya que los jueces deberán analizar caso por caso.


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