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Por una sentencia justa y ejemplar

Por Igor San José - Jueves, 2 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:10h

hoy, 2 de marzo, en el Juzgado de lo Penal Nº1 de Donostia, se va ha celebrar la vista sobre el accidente mortal ocurrido el 18 de septiembre de 2013 en las obras de construcción de la variante GI-632 de Deskarga, obra promovida por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Han pasado más de tres años desde que el trabajador Iñaki Alkorta Retegi falleciese en el acto tras precipitarse con un camión dumper articulado -camión lagarto en la jerga profesional- por un talud. Un accidente laboral que habría podido evitarse si hubiera existido una mínima voluntad de hacer prevalecer la seguridad frente al interés insaciable de la obra-negocio.

Tras el accidente, tanto Inspección de Trabajo como Osalan determinaron sin ambigüedad alguna “claros indicios de criminalidad” en lo ocurrido. Ante esta evidencia, la Inspección de Trabajo no dudó en proponer la máxima sanción posible ante un hecho presuntamente “criminal” como el citado.

No era para menos, ya que según la Inspección no se habían cumplido las prescripciones mínimas en materia de seguridad. Es más, cinco trabajadores alertaron a sus superiores con antelación suficiente al siniestro de las deficiencias del camión. Estos trabajadores, lejos de ser atendidos en las graves irregularidades que denunciaban, fueron, primero increpados, y después despedidos en algún caso por negarse a conducir dicho camión los dos días previos al accidente mortal de Iñaki.

La sentencia de este suceso podría marcar un antes y un después en la aplicación de las normas de seguridad laboral en obras de construcción

Lo acontecido los días anteriores al accidente mortal dejan meridianamente claro que pudo haberse evitado el fatal desenlace, dado que muchos en la obra sabían lo que ocurría y que nadie con responsabilidad tomó decisiones al respecto.

Este suceso y su próxima sentencia podrían marcar un antes y un después en la aplicación de las normas de seguridad laboral en las obras de construcción. Conociendo el demoledor informe de la Inspección de Trabajo sobre lo acontecido, nadie en su sano juicio podría dudar de que nos encontramos ante lo que sin duda fue la crónica de una muerte anunciada. El camión en cuestión era un ataúd en potencia (sin sistema de cinturón de seguridad, con el asiento bloqueado a una altura que obligaba a ponerse de puntillas para pisar los pedales, freno de estacionamiento también bloqueado…). Si a ello añadimos que tampoco el diseño previo y la pendiente de la pista favorecían precisamente el accionar de los vehículos, tendremos una clara radiografía de las presiones macabras a las que se sometió a los trabajadores. Este hecho luctuoso tiene, en definitiva, todos los ingredientes que una justicia “justa” puede y debe utilizar para dictar una sentencia ejemplar y acorde con la gravedad de lo acontecido. En ese sentido, no podemos dejar de citar que en este tipo de obras públicas las responsabilidades en materia de salud y seguridad laboral son, cuando menos, compartidas entre los diversos actores institucionales y empresariales que participan en las mismas. Que en la obra fueran vox populi el precario estado del camión y las circunstancias de la pista, da una idea de que la presunta negligencia criminal del ahora imputado hubiera podido ser objeto de desautorización por cualesquiera de los otros actores intervinientes en la misma. Es por ello que no puede descartarse ninguna responsabilidad al respecto... Y para nosotros, ninguna es ninguna.

Es, por consiguiente, inadmisible que solamente esté imputado el gerente de la subcontrata a la cual pertenecía Iñaki. Tengamos en cuenta que la Diputación Foral de Gipuzkoa adjudicó a la UTE Lapatza dicha obra, lo que la debería situar de lleno en el ámbito de las responsabilidades derivadas de las irregularidades que dieron lugar al hecho luctuoso. Y es que, tanto el informe de Inspección como el de Osalan señalaron también claramente a la contrata principal (UTE Lapatza) como responsable solidario de lo sucedido por las deficiencias en el plan de seguridad. A cada cual lo suyo, ni más ni menos.

Se vulneraron toda clase de normas y derechos laborales en esta obra, y a todos nos corresponde exigir y actuar para que nada parecido vuelva a suceder. No podemos permitir que se ponga en solfa la aplicación exhaustiva de las normas de seguridad. O que salga más barata su inaplicación mediante un hipotético y laxo precedente judicial que, a no dudarlo, sería acogido con jolgorio por los numerosos piratas disfrazados de empresarios que pululan en el sector.

Es por ello que, desde ELA, exigimos una sentencia “justa y ejemplar” para todos y cada uno de los presuntos responsables de lo sucedido el 18 de septiembre del 2013 en esta obra pública. Para hacer justicia por Iñaki y su familia… y para que nunca nada parecido vuelva a repetirse.


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