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Lanbide adoptará nuevas medidas contra el fraude y los cobros indebidos

Artolazabal anuncia que “en breve” se activarán iniciativas para mejorar la gestión de ayudas

Tan solo en 2016 se pagaron 30 millones de euros de más

Beatriz Sotillo - Jueves, 2 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Dos mujeres entran en una oficina de Lanbide.

Dos mujeres entran en una oficina de Lanbide. (Foto: O. Martínez)

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Dos mujeres entran en una oficina de Lanbide.

donostia- La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, dijo ayer que “en breve” anunciará varias iniciativas para “contrarrestar situaciones de fraude y de cobros indebidos” en las ayudas sociales gestionadas por Lanbide. Estas medidas, algunas de las cuales serán “de calado político”, se inscriben en el proceso de reforma y modernización que está llevando a cabo el Servicio Vasco de Empleo para mejorar la gestión y el control de la RGI y para aumentar la intermediación laboral.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco junto a los viceconsejeros de Empleo y Políticas Sociales, Marcos Muro y Lide Amilibia, el director General de Lanbide, Borja Belandia, y el director de Servicios, Iñaki Arrizabalaga, Beatriz Artolazabal detalló las partidas contenidas en el proyecto de presupuestos para su departamento, que este año contará con casi 993 millones de euros, un 4,8% más que en 2016. Con este dinero, además de abonar las rentas de los miles de perceptores de la RGI y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), las ayudas a las familias con hijos o personas dependientes y sufragar las políticas de igualdad, juventud y servicios sociales, entre otras, se trabajará en la activación laboral y el emprendimiento con el objetivo de reducir de la tasa de desempleo por debajo del 10%.

La dotación presupuestaria de este año para el pago de la RGI y la PCV asciende a 491,3 millones de euros, lo que supone un incremento de 30,3 millones de euros respecto al año pasado. La partida destinada al pago de las Ayudas de Emergencia Social (AES) y que será transferida a los ayuntamientos, se mantiene en 23 millones de euros y se destinarán 400.000 euros a paliar las situaciones de pobreza energética.

“Lanbide tiene problemas y es una preocupación del Gobierno Vasco”

Beatriz Artolazabal, Consejera de Empleo y Políticas Sociales

Respecto al dinero destinado a ayudas sociales, la consejera señaló ayer que “el Gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante a la hora de presupuestar las necesidades que prevemos que a lo largo del año 2017 van a tener los perceptores de RGI”. Beatriz Artolazabal justificó el incremento de las rentas en función del IPC y no del SMI, ya que se trata de “una mejora de la prestación” que “cumple con el objetivo de que los perceptores no pierdan poder adquisitivo”. “Entendemos que con el incremento del 1,5% garantizamos el valor adquisitivo de los prestatarios”, explicó.

Más controlAnte las críticas de los parlamentarios de la oposición al funcionamiento de Lanbide y las denuncias de fallos en el control de las ayudas que gestiona, la consejera señaló que “Lanbide es una preocupación del Gobierno, pero no comparto que sea ineficaz en su gestión y que no cumpla sus objetivos, aunque sí que ha tenido problemas”. A continuación recordó que en Lanbide se ha abierto un “proceso de mejora y de modernización” y que durante este año se van a adoptar medidas. Un primer grupo de medidas tendrán “un calado político profundo” y un segundo grupo estarán relacionadas con “cuestiones prácticas del día a día”.

Artolazabal avanzó que “en breves fechas” el Gobierno va a “lanzar” iniciativas para “contrarrestar las situaciones de fraude y cobros indebidos, y para mejorar la gestión en la atención de los ciudadanos”, aunque no concretó en qué consistirán estas medidas. Tan solo el año pasado los cobros indebidos de la RGI y la PCV superaron los 30 millones de euros y se calcula que desde que Lanbide asumió estas ayudas sociales se han abonado más de 155 millones a los que los perceptores no tenían derecho, en la mayoría de los casos porque se había producido un desfase entre cualquier cambio en su situación económica, patrimonial o familiar y la adaptación -reducción o suspensión- de la prestación por parte del Servicio Vasco de Empleo.

objetivosEn su exposición inicial Beatriz Artolazabal destacó que “el objetivo del presupuesto persigue su contribución al pleno desarrollo del derecho al empleo, estable y de calidad;garantizar la empleabilidad de las personas trabajadoras fomentando mujeres y hombres profesionales adaptados a los requerimientos de las empresas;favorecer la cohesión social y territorial;promover un rigor económico con estabilidad presupuestaria y transparencia;atender a las personas necesitadas y a quienes afecta más la crisis;priorizar los planes de equilibrio entre las personas desempleada e implementar medidas que garanticen más oportunidades para toda la sociedad vasca”.

Detalló que “dentro de los ocho programas del Departamento que desarrollaremos en 2017 dedicamos 17,2 millones de euros a Estructura y Apoyo de Empleo y Políticas Sociales;534,9 a Inclusión Social;3,8 millones a Inmigración;31,5 a Servicios Sociales;62,4 a Política Familiar y Comunitaria;222,6 millones a Empleo;7,5 a Juventud;y 112,9 millones de euros a Formación”.

La consejera destacó que a través de Lanbide se van a dedicar más fondos a políticas activas de empleo, pasando de los 826 millones de 2016 a los 854 de este ejercicio. Resaltó también el compromiso con el empleo juvenil con la asignación de nuevas partidas por valor de 5 millones de euros destinadas a un programa de transición educativa al mundo laboral, un programa para el retorno juvenil y otro de fomento del emprendimiento. Unas iniciativas que se enmarcan en un nuevo Plan Estratégico de Empleo, que comprende medidas para el mantenimiento y creación de empleo y el aumento de la empleabilidad.

Presupuestos

Departamento. El proyecto presupuestario del departamento de Empleo y Políticas Sociales asciende a 992.849.480 euros, un 4,8% más que en 2016. Está dirigido a la reducción de la tasa de desempleo por debajo del 10%, y de la pobreza en un 20%.

Áreas. El proyecto dedica al apoyo del empleo y las políticas sociales 17,2 millones;a inclusión social, 534,9 millones;a inmigración, 3,8 millones;a servicios sociales, 31,5 millones;a política familiar y comunitaria, 62,4 millones;y a empleo, 222,6 millones. Juventud cuenta con 7,5 millones y formación con 112,9.

RGI. La dotación presupuestaria para RGI y PCV es de 491,3 millones de euros, 30,3 millones más que el año pasado.


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