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Amnistía Internacional propone una auditoría de abusos policiales

Acordarán una “agenda común” de derechos humanos para trasladarla al Gobierno español

Imanol Fradua - Jueves, 2 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:11h

Representantes de Amnistía Internacional flanquean a Mari Carmen Hernández y Axun Lasa.

Representantes de Amnistía Internacional flanquean a Mari Carmen Hernández y Axun Lasa. (O. Martínez)

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Representantes de Amnistía Internacional flanquean a Mari Carmen Hernández y Axun Lasa.

Bilbao- Una agenda a compartir entre administraciones y partidos es la llave con la que Amnistía Internacional (AI) quiere abrir la puerta para “garantizar el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados”. Este organismo que trabaja por los derechos humanos dio ayer a conocer en Bilbao la receta con la que confía en que Euskadi alcance un escenario de convivencia plena. El colectivo ha redactado un informe de seis puntos que será enviado al Gobierno español. Sus recomendaciones se resumen en el esclarecimiento de los atentados de ETA, GAL y BVE (Batallón Vasco Español), el reconocimiento al daño causado por la tortura en la lucha antiterrorista, una auditoría externa para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las diferentes policías, sistematizar los datos de los abusos cometidos, la revisión de la legislación antiterrorista y la reforma de la actual política penitenciaria del Gobierno español.

Estos son las propuestas de Amnistía Internacional a las administraciones públicas, tal y como recoge el informe Afrontar el pasado para construir el futuro hecho público ayer por parte de Fotis Filippou, director adjunto de campañas para Europa de AI, que estuvo acompañado de varios compañeros de su equipo y de Axun Lasa, víctima de los GAL, y Mari Carmen Hernández, víctima de ETA. Según señalaron sus portavoces, las reuniones mantenidas con los partidos políticos con representación en el Parlamento y la Administración vasca han sido satisfactorias. Como advirtió el presidente de la organización en el Estado, Esteban Beltrán, AI establecerá contacto con el Ejecutivo de Rajoy, e incluso con el ministro del Interior, “en dos semanas” para “pasar de las palabras a los hechos” y buscar “puntos de encuentro”.

En lo que respecta al ámbito vasco, confían en que sus recomendaciones puedan ser incluidas en cualquiera de los marcos programáticos en los que puedan integrarse. La Comisión parlamentaria de Derechos Humanos, la Ley de Reparación de Víctimas del Ejecutivo español, la Ley de Policía que el Ejecutivo de Urkullu aspira a sacar adelante -en la que incluirían investigaciones internas de la Ertzain-tza- en esta legislatura o la ponencia de Paz y Convivencia pueden ser iniciativas que casen con las propuestas de AI, que “no cierra puertas” a que sus reclamaciones sean escuchadas e incluidas. “Ahora, más que en ninguna otra legislatura, los partidos están obligados a dialogar”, precisaron.

conculcaciones El informe de AI se asienta sobre investigaciones oficiales de los gobiernos vasco y español, colectivos de víctimas de diferentes sensibilidades o universidades. Detalla de forma somera los datos de las conculcaciones de derechos padecidas por la población vasca durante más de cuatro décadas. Aún quedan muchos cabos por atar en la maraña de 800 asesinatos, 1.642 heridos y millares de exiliados y extorsionados por la acción de ETA, a los que hay que añadir más de cuatro millares de denuncias de torturas a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las 27 víctimas mortales por los asesinatos del GAL o el BVE. “La falta de información detallada y desglosada a nivel estatal de los abusos” de la banda armada, especialmente “aquellas que han sufrido extorsión, amenazas o coacciones” o la impunidad de los crímenes que las organizaciones parapoliciales cometieron “en conexión con funcionarios del Estado” -solo un 37% de casos a los que se les ha arrojado algo de luz- son ejemplos de que “aún queda mucho por hacer”.

Entre los retos pendientes Amnistía Internacional subraya la necesidad de superar la negación sistemática de las denuncias por torturas, “cuya práctica no está justificada en ninguno de los casos”. También destaca la necesidad de modificar la legislación antiterrorista que, bajo una tipificación penal concreta, “reclama modificaciones sustanciales para lograr su adecuación a los estándares internacionales”. Todo ello sin olvidar la política de dispersión de los presos de ETA, “que vulnera los derechos de los presos y sus familias”.


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