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Tres acusados de estafar 500.000 euros en RGI niegan los hecho

Otros cuatro procesados paquistaníes llegaron a un acuerdo de cuatro años de cárcel

Martes, 28 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:09h

donostia- Tres de los siete paquistaníes acusados de formar una banda que llegó a cobrar 469.295 euros en concepto de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) utilizando documentación falsificada, negaron ayer pertenecer a dicha red y haber falsificado documentos.

Por la mañana tuvo lugar en la Audiencia de Araba la primera sesión del juicio contra tres de los supuestos miembros de esta banda, ya que los otros cuatro reconocieron los hechos y alcanzaron un acuerdo de conformidad por el que fueron condenados a cuatro años y medio de cárcel, aunque en el caso de dos de ellos ya se acordó sustituir esa pena por la expulsión de España, una medida que el tercero pidió ayer.

Junto con ellos habrían participado en esta trama otros compatriotas suyos, entre los que figuraría el jefe de la banda, que no han sido localizados.

ocho años de cárcelLa Fiscalía y el abogado de la acusación particular en representación del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) del Gobierno Vasco reclaman para los tres acusados ocho años de cárcel al considerar que entre 2013 y 2015 “urdieron” junto con el resto de procesados una estrategia para “obtener de modo fraudulento ayudas públicas”.

Todos ellos, unidos entre sí por vínculos familiares, geográficos y culturales según el fiscal, fueron detenidos por la Ertzaintza en febrero de 2015 y se encuentran en prisión desde entonces salvo uno que ya ha sido expulsado al reconocer los hechos.

Dos de los tres acusados, para quienes su defensa pide la libre absolución, aseguraron ayer en la vista que llegaron a España en 2010, negaron haber falsificado documentos o pasaportes y señalaron que conocieron al resto de procesados en Gasteiz. Ambos pidieron asilo en España alegando que son chiítas y que su vida correría peligro si regresan a Pakistán.

El tercero de los acusados vino a España en 2005, tiene ya residencia oficial en el país, ha desempeñado distintos trabajos y reconoció haber pedido la RGI entre 2009 y 2010 cuando no tenía un empleo, pero negó haber solicitado otra ayuda con otra identidad y su fotografía. - Efe


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