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Homs alega que se mantuvo el 9-N porque no era clara la sentencia del Constitucional

El exconseller de la Generalitat asume su participación en la consulta, pero “no en delitos”

Imanol Fradua - Martes, 28 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:09h

Francesc Homs estrecha la mano de Raül Romeva, bajo la mirada del expresident Artur Mas, ayer en Madrid.

Francesc Homs estrecha la mano de Raül Romeva, bajo la mirada del expresident Artur Mas, ayer en Madrid. (Foto: Efe)

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Francesc Homs estrecha la mano de Raül Romeva, bajo la mirada del expresident Artur Mas, ayer en Madrid.

donostia- El Tribunal Supremo abrió ayer el juicio contra Francesc Homs, conseller de presidencia en la consulta del 9-N y ahora diputado del PDeCAT, por los delitos de prevaricación y desobediencia grave. Durante su declaración, Homs profundizó en las tesis apuntadas por el expresident, el también imputado Artur Mas, para escudarse en la “inconcreta” orden del Tribunal Constitucional (TC) para suspender el referéndum. “Estaban en juego los derechos fundamentales a la participación política de los ciudadanos y, al lado, una providencia inconcreta, que era un automatismo del Constitucional, algo que no es estrictamente una resolución judicial... Y en ese marco el Govern tiene que tomar decisiones”, se defendió.

Homs recordó que el Constitucional tumbó la consulta primigenia de la Generalitat. Rememoró que el Govern se replanteó el 9-N con la participación ciudadana después de que la Administración catalana cumpliera una providencia judicial de septiembre de 2014 que suspendió la primera convocatoria con un escrito “muy claro”. Contra la segunda intentona hubo una nueva prohibición el 4 de noviembre de 2014, aunque no le fue notificada en persona a Homs sino que llegó por correo electrónico a Presidencia y era “imprecisa”, de modo que “no se sabía qué se podía hacer y qué no”. No le pareció “una auténtica resolución judicial” por sus formas, además de que darle cumplimiento era “imposible”. Homs apuntó que la Administración catalana reclamó una aclaración que “no se produjo”.

El diputado del PDeCAT asumió todos los hechos. La Administración que comandaba participó directamente en varios aspectos de la consulta, como las instalaciones informáticas, el buzoneo o el alquiler de un pabellón para dar cuenta del resultado. Y dichas gestiones se habrían realizado después de que el TC prohibiera el referéndum. Ese es el papel que le endosa la Fiscalía. “Asumo todos los hechos, pero no asumo que se haya cometido un delito. Eso es lo que discuto”, valoró en el transcurso de su declaración. El diputado catalán, no obstante, dejó bien claro que el referéndum se materializó gracias a 40.000 voluntarios. Ese argumento fue también esgrimido por el expresident Mas en el transcurso de su juicio por el 9-N, por el que también están imputadas las conselleras Rigau y Ortega, aunque la instancia que juzga a estos tres excargos es el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Ya en el turno de las preguntas de su abogada, Homs resaltó que entre el 8 y el 9 de noviembre de 2014 recibió un mensaje del Gobierno español relativo a que, si no celebraba la rueda de prensa para informar de los resultados, no habría represalias. Es por ello que su defensa solicitó que el presidente Rajoy o el ministro de Justicia Catalá, entre otros, prestarán declaración. La petición fue desechada. Sí testifica hoy el expresident, Artur Mas, al igual que lo hicieron ayer por la tarde técnicos de empresas que participaron en el referéndum. Corroboraron las tesis de la Fiscalía.

El acusado llegó al Tribunal Supremo a pie arropado por numerosos representantes de PdeCAT, ERC, CUP, Podemos, PNV o EH Bildu, junto a un centenar de personas, muchas de ellas llegadas desde Catalunya en autobuses. No obstante, poco antes de alcanzar la sede judicial una decena de personas, algunos portando rojigualdas, se situaron delante de la marcha y comenzaron a lanzar vivas a la unidad de España. Los efectivos policiales tuvieron que actuar para que la cosa no fuera a mayores.

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“Anomalía”. Además de tomar parte en la comitiva que acompañó a Homs al Supremo, tarea que recayó en Aitor Esteban y Jokin Bildarratz, portavoces del PNV en el Congreso y Senado, respectivamente, y el diputado Mikel Legarda, la formación jeltzale aseguró que “es una anomalía llevar a alguien ante los tribunales por poner unas urnas”. Esteban aseveró que “una sanción o un veredicto de culpabilidad demostraría la fragilidad del Estado de derecho”.

“Con Catalunya”. La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, parafraseó a Sócrates para advertir de que “una sociedad justa es la que practica la justicia habitualmente y no se reivindica diariamente”. Iriarte llamó a “estar con Catalunya” y a dar “un paso” también en Euskadi para que “sean las personas de esta Comunidad las que decidan qué es lo que tiene que ser nuestro futuro”.


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