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expedientes por pagos indebidos

“Vivimos del sueldo de mi pareja, que este mes ha sido de 250 euros”

El irundarra Aitor Pérez acumula siete expedientes por pagos indebidos de Lanbide que le obligan a devolver más de 10.000 euros. Acabará de abonarlos “cuando tenga 70 años”.

La plataforma pide que se condone la deuda de los afectados, más de 24.000 en Gipuzkoa. El Servicio Vasco de Empleo responde que “no se puede hacer tabla rasa”

Jorge Napal Gorka Estrada - Lunes, 27 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:11h

La portavoz de la asociación de afectados, Victoria Molina, camina por el barrio de Gros junto a Aitor Pérez, que acumula una deuda de 10.000 euros.

La portavoz de la asociación de afectados, Victoria Molina, camina por el barrio de Gros junto a Aitor Pérez, que acumula una deuda de 10.000 euros. (Gorka Estrada)

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La portavoz de la asociación de afectados, Victoria Molina, camina por el barrio de Gros junto a Aitor Pérez, que acumula una deuda de 10.000 euros.

donostia- “Somos personas normales que queremos trabajar, pero nos sentimos como si nos estuvieran espiando. Siento mucha vergüenza por hacerme estas fotos, y tengo miedo de salir en la entrevista porque temo las posibles represalias. Cada vez que he hecho algo más o menos público ha llegado algún tipo de sanción. Todo sea por nuestra familia y por el resto de gente afectada. Animo a otras personas a que se quiten el miedo”.

Por circunstancias de la vida, Aitor Pérez, de 42 años, se vio obligado a solicitar la RGI hace seis años. Su situación económica empezó a torcerse a finales de 2012. Actualmente, este vecino de Irun vive del sueldo de su compañera, que trabaja de cajera, a menos de media jornada.

Aitor presentaba cada mes en Lanbide la nómina de su pareja, y cada dos le hacían la regularización para adaptar la prestación a los ingresos variables de ella. Hasta que comenzaron los problemas. “Empezaron a llegar expedientes en los que se me decía que adeudaba a Lanbide un dinero, pero sin ofrecerme ninguna explicación. Cada una de las veces que acudí a la oficina no me supieron decir el porqué. He consultado en un sinfín de ocasiones cómo se hacen los cálculos de las nóminas, y nunca me lo han dicho”, lamenta.

Acabó por presentar alegaciones tras las cuales, según denuncia, le han llegado a ofrecer “diferentes versiones” sobre cómo se realizan esos cálculos.

Entretanto, el irundarra ha acumulado siete expedientes por una suma de más de 10.000 euros de deuda con Lanbide que, según estima, acabará de abonar “cuando tenga más de 70 años”.

Lleva varios meses sin pagar el alquiler de la vivienda. “Vivimos del sueldo de mi pareja, que este mes ha sido bajo, de 250 euros. Con eso malvivimos...”. Llegados a este punto de la conversación le interrumpe la portavoz de la asociación de afectados. “No, perdona, con eso no es que se malviva. Con eso, directamente, no se vive”, precisa Victoria Molina. La asociación ha expuesto en diferentes instituciones durante las últimas semanas la “crítica” situación en la que se encuentran los afectados. La plataforma compareció el 6 de febrero en las Juntas Generales de Gipuzkoa, y el lunes en el Parlamento Vasco, donde denunció las “malas prácticas” que en su opinión está llevando a cabo Lanbide, abocando a los afectados a situaciones extremas con deudas “impagables”.

En la actualidad los perceptores de la RGI ascienden en Euskadi a 64.000, casi 15.000 de ellos en Gipuzkoa. Según los datos que maneja la plataforma, el número de afectados por pagos indebidos asciende en el territorio a 24.343. “Son más los que deben dinero que quienes perciben la ayuda”, censura la plataforma.

El problema afloró en noviembre de 2013 cuando desde el Servicio Vasco de Empleo se envió una remesa de cartas a miles de perceptores comunicándoles que debían dinero porque se les había pagado de más durante meses o años. La gran mayoría desconocía esta situación y se encontró con una deuda de varios miles de euros.

155 millones La asociación critica que a pesar de que Lanbide, como Servicio Vasco de Empleo, tuvo conocimiento de ello no ajustó o paralizó el abono de la renta.

Los pagos indebidos suman ya 155 millones de euros desde 2012, año en que el servicio empezó a hacerse cargo de la gestión de la RGI, antes en manos de los servicios sociales municipales.

La presión de la plataforma forzó al Servicio Vasco de Empleo a crear una cuota social de 30 euros mensuales. Esta medida no ha servido para calmar las cosas.

La plataforma pide la condonación de la deuda “en tanto en cuanto el error es suyo. No defendemos el fraude. Quien es fraudulento que lo pague, pero estamos hablando de un error que se ha prolongado en el tiempo. Si Lanbide llevara al día la documentación, es algo que se podía haber subsanado en breve. Pero encima de que no te avisan del error cometido, te acaban generando una deuda inasumible debido a la pérdida de tiempo provocada por ellos”, denuncia Molina.

El conflicto tiene lugar en pleno proceso de reforma del departamento. Seis meses es el plazo anunciado para reformular Lanbide con el fin de que este organismo se “convierta en un servicio público eficaz y referente en el fomento del empleo de calidad”.

El plan deberá ser elaborado a partir de un proceso de evaluación compartido entre instituciones, agentes sociales y también con las entidades que prestan servicios, y tendrá además que garantizar la participación de todas las partes implicadas, entre ellas, los sindicatos y las entidades colaboradoras de Lanbide.

Es en este contexto en el que la asociación de afectados plantea dos opciones: que Lanbide vuelva a revisar desde 2013 todos los expedientes y “hacerlo bien”, o “empezar” desde el 1 de enero de 2016 “olvidando todo el resto”, y que el Servicio Vasco de Empleo “empiece a funcionar para lo que está hecho”. Desde la plataforma exigen al Gobierno Vasco que ponga en marcha una RGI de “inclusión” porque la que existe ahora sólo sirve para “excluir”.

respuesta de lanbideFuentes de Lanbide consultadas al respecto por este periódico indican que “el departamento no se ha planteado condonar la deuda”. El Servicio Vasco de Empleo indica que están tratando de adaptarla “de la mejor manera posible para aquellas personas que no pueden alcanzar la cuantía requerida”. Son conscientes de la “sensibilidad necesaria que hay que mostrar a las familias” afectadas, pero entienden que “no se puede hacer tabla rasa”.

El irundarra Aitor Pérez no está de acuerdo. Entre los motivos expuestos para aprobar la suspensión cautelar de la prestación que venía cobrando figura la reducción de jornada solicitada por su pareja. “Es una medida que se tomó tras la muerte de nuestro segundo hijo, lo que le llevó a la madre a querer estar más con la pequeña, y adaptar los horarios. Tenemos el documento firmado por el psicólogo del hospital en el que nos recomienda tomar esta medida. Hemos entregado la documentación, pero no nos hacen ningún caso”.

También tuvieron problemas a raíz del nacimiento de su primera hija, que tiene ahora tres años. Vino al mundo “accidentalmente y prematuramente” en el extranjero. Estuvo varios meses en una incubadora y cuando regresaron, según relata, “nos multaron por no haber traído la documentación a tiempo. Aunque mostramos un sello oficial del otro país explicando los motivos, no lo consideraron”. “También nos llegaron a pedir hasta cuatro veces el certificado de defunción de nuestro hijo. Fueron momentos duros, les decíamos que ya estaba bien de pedir algo que ya habíamos entregado”.

Reconoce que las cosas han ido de mal en peor desde que le suprimieron la ayuda. “Ahora es cuando no tenemos prácticamente nada. Todo esto te crea una situación de nervios que tratamos de evitar en casa, porque no queremos que nuestra hija se eduque en un ambiente tenso. Ponemos la prioridad en su alimentación y sus estudios, aunque ahora mismo no podemos llevarle a las actividades extraescolares porque no nos las podemos permitir”. Reconoce que “se crea una situación de exclusión social de la que solo te das cuenta cuando la vives en tus propias carnes. Pierdes toda tu vida social. No puedes salir a tomar el café con un amigo porque no puedes pagar ese café. No puedes poner cinco euros para comprar el regalo del hijo de un amigo, y te sientes fatal. Son cosas cotidianas de la vida que te son vetadas”.

Según su testimonio, la sanción no solo tuvo que ver con la reducción de la jornada de su pareja. También le han pedido cuentas por “formar parte de un grupo musical amateur”. “Es algo que nunca había pensado, que por tener una afición había que declararlo en Lanbide. Me dicen que he estado ocultando datos económicos cuando cualquiera que haya tocado en un grupo amateur sabe que son más gastos que beneficios”. Ha interpuesto varias demandas porque es el último recurso que le quedaba. “Tenía un juicio este mes, pero se ha atrasado porque Lanbide no presenta la documentación requerida. Aplazando este juicio sigue aumentando nuestra agonía”.


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