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Luces y sombras en los presupuestos

Por José A. Diez Alday - Lunes, 27 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:12h

Todo presupuesto público que se precie debe ser coherente con el entorno socioeconómico en el que se mueve. En este sentido, las cuentas aprobadas por el Gobierno Vasco para 2017 no son una excepción ya que el escenario postcrisis está enturbiado por demasiadas sombras que se ciernen sobre las escasas luces. Esto pone en valor que la mejor estrategia presupuestaria está, como la virtud, según Aristóteles, “en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto”. Dicho con otras palabras en la capacidad para armonizar las necesidades con los obstáculos y con los factores positivos.

En el caso concreto de los Presupuestos del País Vasco, contemplan una capacidad de gasto de 11.059,7 millones, lo que implica un incremento neto de 126 millones, una tímida subida del 1,2%, muy lejos del crecimiento de la economía vasca en 2016 (3,1%) e, incluso, de la previsión para este ejercicio (2,3%). Es decir, los ingresos fiscales siguen sin ajustarse a la evolución macroeconómica, lo cual es un dato discordante y desestabilizador, tal y como se ha comprobado el pasado año cuando las previsiones de recaudación por IVA e Impuesto de Sociedades han dejado un desfase de 473 millones de euros.

La respuesta a esta situación la da el propio consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, al calificar el contexto actual como un “escenario de estancamiento secular” en el que “la economía ya no crecerá tanto como antes”, lo cual se traducirá en una lenta (y quizás insuficiente) creación de empleo que este año será del 1,1%.

He aquí, en mi modesto entender, el factor clave que deja sobre la mesa la posibilidad de que circunstancias coyunturales provocadas por la crisis se conviertan en condiciones estructurales, como es la tasa de desempleo, ahora en el 12,3%, que puede quedar, en el mejor de los casos, en el 10% al final de esta legislatura.

Esto supone que la recuperación está siendo lenta, demasiado lenta, en aspectos sociales y laborales, sin posibilidad de que los presupuestos públicos tengan capacidad de actuar como motor económico, dadas las limitaciones impuestas al déficit y endeudamiento. Pese a todo, el Gobierno Vasco asigna 1.042 millones de euros para impulsar la economía con una apuesta principal por el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020, al que destinará 410 millones.

Otro aspecto no menos importante reside en las partidas presupuestadas destinadas a combatir la pobreza que suman 518,3 millones de euros en sus tres capítulos fundamentales, Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y las Ayudas de Emergencia Social (AES) con un crecimiento relevante del 4,68%. No obstante, conviene recordar que la RGI del pasado año necesitó de un complemento de 30 millones de euros que ahora se consignan como incremento presupuestario, lo cual significa igualar la previsión de 2017 (491 millones de euros) al gasto real de 2016.

Esta asignación para combatir la pobreza resulta gratificante desde un punto de vista humanitario y solidario. No se puede dejar en la más absoluta indigencia a miles de familias. Eso está claro y resulta obligado seguir en esa línea.

Pero desde una perspectiva socioeconómica global, el hecho de mantener o aumentar las partidas presupuestarias en este capítulo significa que no se alcanza el objetivo de reducir la pobreza, sino que puede estar aumentado. Más aún, si el estancamiento es secular y la creación de empleo va a ser lenta, tal y como anuncia Azpiazu, la economía vasca puede quedar asentada con unas tasas de paro y pobreza estructurales.

Volvemos a las palabras de Aristóteles porque el defecto viene dado por la lenta creación de empleo, la nula reducción de la pobreza y el escaso incremento del consumo, que puede desatar un exceso de populismo, mientras que, como otro ejemplo del exceso, las empresas del Ibex 35 repartirán este año 19.400 millones de euros en dividendos, un 7% más que en 2016.

Esta situación me hace pensar que necesitamos un consenso amplio que comprometa una política fiscal eficaz y garantice lo que Azpiazu considera como motor económico: inversión privada y consumo interno.

Es decir, mediante una apuesta empresarial más valiente y una creación de empleo más sólido y mejor pagado.


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