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El espíritu de las leyes (RIP)

Por Xabier Lapitz - Domingo, 26 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:12h

Xabier Lapitz

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Xabier Lapitz

esta ha sido una de esas semanas, y ya van unas cuantas, en las que el calificativo de “democracia de baja calidad” para referirse al sistema español cobra todo el sentido. Ya sé que aquellos que reivindican la transición de la dictadura a la actual democracia como un modelo ejemplar advierten de que criticar el sistema es alimentar fantasmas, pero si no se pone luz sobre los problemas que le aquejan estos se enquistan. Y en eso estamos, hablando de palabras mayores, cuando echamos un vistazo a las últimas actuaciones judiciales y, sobre todo, a las decisiones políticas que afectan a la Justicia.

No tengo especial interés en que Iñaki Urdangarin, o cualquier otro, vaya a la cárcel. Lo que sucede es que al cuñado del rey no le han tratado como a “cualquier otro” y ahí ya empieza a torcerse el llamado Estado de Derecho. El evidente trato de favor que le han dispensado las magistradas de la Audiencia de Palma de Mallorca, rebajando incluso la ya muy tibia petición del fiscal Horrac que ni siquiera proponía medidas cautelares, es un escándalo. No por esa sonrisa que nos brindó al público Urdangarin al salir de la vistilla, eso es sencillamente mala educación y error de cálculo, sino porque demuestra que la Justicia no es igual para todos.

Vamos con otra: la condena por las tarjetas black. Digamos que aquí ha primado más la ejemplaridad y un sospechoso oportunismo, que los argumentos jurídicos. Lo ha dicho hasta Comisiones Obreras que en este caso tan “transversal” también llevaba su ración.

Pero lo que de verdad sacude los cimientos del sistema judicial es ese relevo al por mayor en puestos claves de las diferentes Fiscalías. La de Euskadi, desoyendo al Consejo Fiscal Vasco que había apostado por la continuidad de Juan Calparsoro, es una decisión tan legal como equivocada que nos remite al gran nudo de la cuestión: hablar de independencia judicial en España es un chiste malo. La propia organización jerárquica del Ministerio Público a cuya cabeza elegida por el Gobierno se le otorga la facultad de todos los nombramientos es el cierre perfecto del círculo para que sea el presidente del Gobierno el que mande sobre esta pieza.

Por eso se explica, también, otro escándalo: que los fiscales de Catalunya no vieran delito alguno en la celebración de la consulta del 9-N, ni actuaran entonces, y se activaran solo cuando lo ordenó el Fiscal General del Estado. Los impulsos políticos de determinados casos que acaban en los tribunales ni siquiera son disimulados. Se trata, por la vía de los hechos, de transmitir a la ciudadanía el mensaje de que la independencia del poder judicial, la separación de poderes, es una quimera. No es que hayan matado a Montesquieu, es que rematan cada día “El espíritu de las leyes”.


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