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FCC apura sus opciones y recurre la adjudicación de la incineradora

Un tribunal administrativo de la Diputación debe resolver en dos meses y las obras quedan a la espera

Mikel Mujika - Miércoles, 22 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:14h

Solar donde se construirá la incineradora, en Zubieta.

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Solar donde se construirá la incineradora, en Zubieta.

donostia- La UTE liderada por FCC ha deshojado la margarita y ayer mismo, el último día de plazo y a una hora del límite, presentó el recurso contra la adjudicación de la construcción y gestión de la incineradora de Zubieta al grupo de empresas formado por Urbaser, el fondo de inversiones Meridiam y varias constructoras guipuzcoanas. Ahora se abre un plazo máximo de dos meses para que el Tribunal Foral Administrativo de Recursos Contractuales se pronuncie y resuelva dicha impugnación después de solicitar al resto de las partes sus alegaciones a dicho expediente. Este proceso pospondrá, de entrada, el inicio de las obras, hasta su resolución: una opción que ya contemplaba la Diputación de Gipuzkoa.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales es un órgano independiente compuesto por tres funcionarios de la Diputación

De hecho, el diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, reiteró ayer su confianza en que la adjudicación se ha realizado con “todas las garantías jurídicas” y con la “valoración correcta” de las diferentes ofertas, y por ello espera que este recurso se resuelva dando por bueno el actual resultado en favor de Urbaser. Asensio, que espera una resolución rápida, dijo que si el recurso es desestimado, “automáticamente se firmará el contrato” y las obras podrían iniciarse incluso a finales de marzo o, si no, abril.

El órgano administrativo que debe decidir está compuesto por tres funcionarios licenciados de la Diputación, todos ellos con formación en Derecho. Este tribunal cuenta con unas garantías para preservar su independencia, objetividad e imparcialidad, como la inamovilidad de sus miembros;y tampoco están sujetos a ningún vínculo jerárquico de la Diputación. Sus decisiones solo pueden ser recurridas ante la justicia, en un proceso contencioso-administrativo que no paralizaría el proceso.

Hay que recordar que esta adjudicación, anunciada el 27 de diciembre y formalizada en febrero tras tener que esperar a una resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre un recurso de GuraSOS, asciende a un montante de 768 millones de euros en los próximos 32 años y medio y es la mayor adjudicación realizada en el último año en el Estado español.


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