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Bis a bis

Nacionalidad como mercancía

Por Juanjo Álvarez - Lunes, 20 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:11h

La vergüenza propia que como europeo se siente ante la pasividad cómplice que mantiene irresuelta la crisis humanitaria de los refugiados solo puede verse mitigada por reacciones como la del Ararteko, Manu Lezertua, que permiten reconciliarse con la esperanza y dejar atrás el desánimo ante la insolidaridad creciente que nos invade como sociedades cerradas en sí mismas e incapaces de reaccionar ante el dolor de personas que solo buscan un lugar donde vivir en paz. Laauctoritas que a nivel estatal y europeo posee nuestro Ararteko, ganada con sus muchos años de trabajo y experiencia en Estrasburgo y en otros ámbitos e instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, le ha posibilitado reunir en Vitoria-Gasteiz a sus homólogos llegados de otras comunidades e impulsar una valiente y comprometida declaración ante la grave crisis de los refugiados con alto valor de pedagogía social y que interpela a los gobiernos de los Estados de la UE (en particular a España) y deplora el escaso cumplimiento de los compromisos de reubicación y reasentamiento de las personas refugiadas. Todos somos corresponsables. Mientras los gobiernos de los Estados de la UE dejan a un lado este gravísimo problema, entre cosas porque no sienten realmente una presión ciudadana fuerte (es así, hablamos mucho como ciudadanos pero no hay una verdadera rebelión cívica que impida de verdad esta lamentable inacción y pasividad ante el drama), en paralelo emerge un obsceno mercadeo de venta de la ciudadanía de la Unión Europea a nacionales de terceros países. No se trata de mafias o de un paralelo mercado negrode documentación que permita a un ciudadano no europeo convertirse en tal con papeles que le garantizan todas las libertades de circulación previstas en los tratados europeos.

No, no se trata de organizaciones criminales que se lucran ofreciendo papeles. Son los propios Estados de la UE, entre ellos, España, el Gobierno español, quienes expiden permisos de residencia temporales o permanentes a extranjeros no europeos que inviertan dinero en dicho Estado. Es decir, papeles a cambio de dinero. Ni más ni menos. Para este tipo de personas con capacidad inversora no hay calificativos como “ilegales”, “sin papeles”, “aspirantes a refugio” o eufemismo similares.

Los propios Estados europeos, no todos pero sí una amplia mayoría, están adoptando medidas que de facto conducen así a una verdadera venta de la nacionalidad de esos Estados. El ejemplo más llamativo es el de Malta: sin tapujos ni medias tintas el Gobierno maltés ha adoptado medidas para instaurar un régimen de compraventa directa de la nacionalidad maltesa, lo que automáticamente implica la venta directa de la ciudadanía de la Unión Europea en su conjunto sin que tal adquisición a cambio de precio esté sometida a ningún requisito de residencia.

El escándalo de esta práctica mercantilizadora de la nacionalidad como medio para acceder a cualquier Estado de la UE y disfrutar de las libertades de circulación y establecimiento lleva ya años desarrollándose, y en paralelo oculta muchas veces programas de inversión para fines delictivos, particularmente vinculados al blanqueo de dinero. Resulta tan contrario a los fines y valores de la UE que casi parece ingenuo subrayar que, además de las irregularidades que esconde, y junto a la banalización del concepto de nacionalidad que conlleva, supone también una discriminación inadmisible: quien tiene medios económicos no tiene vallas, ni soporta fronteras, ni las misiones militares europeas de Frontex para impedir su acceso, ni la necesidad de visado o la acreditación de motivos de asilo o refugio: basta disponer de medios económicos y adquirir su documentación a cambio del pago.

El dinero lo compra todo. Incluida la residencia y la nacionalidad. Este club selecto de personas (ni siquiera son inmigrantes a los efectos del sistema) no entra en el debate sobre la capacidad de absorción de la UE, eufemismo posmoderno que encubre nuestro egoísmo;en efecto, debatimos qué cupo, cuántos refugiados e inmigrantes podemos acoger, cuántos más podemos sumar poblacionalmente sin que los servicios públicos asistenciales se resientan, somos más cicateros que nunca en este frío cálculo de personas, y sin embargo para los que apuestan por entrar pagando les ponemos alfombra roja por su label de inversores. Es penoso y contrario a todos los valores de solidaridad y dignidad que inspiraron a la UE. Sesenta años después de su creación en 1957, estamos desnaturalizando la esencia de nuestros principios europeos y solo una reacción ciudadana decidida puede lograr que recupere su rumbo correcto.


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