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La ineficiencia del Estado

Por Carlos Etxeberri - Domingo, 19 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:11h

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no es muy frecuente que una proposición no de ley presentada en el Congreso de los Diputados en la que se denuncia la falta de personal en la prestación de un servicio por parte de la Administración del Estado y que puede originar un colapso a muy corto plazo en un territorio concreto, concite el apoyo de todos los partidos del acto parlamentario, salvo el del Gobierno, claro está. Lo que evidencia, una vez más, que estamos ante un problema grave de ineficiencia de un Estado que pasa olímpicamente no solo de dar servicio, sino de responder a las necesidades más perentorias de los ciudadanos.

Este apoyo unánime de toda la oposición en el Congreso de Madrid ha hecho que lo que era una reclamación para que el Gobierno español proceda de manera inmediata a cubrir las plazas de los trabajadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) que se han jubilado en la delegación de Gipuzkoa se haya extendido a todo el Estado porque el problema, aunque con consecuencias menos graves que en nuestro territorio, es el mismo en todos los lugares.

La Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados sacó el martes los colores al Gobierno al aprobar, con el único voto en contra del PP, una proposición no de ley presentada por el diputado del PNV por Gipuzkoa, Iñigo Barandiaran, en la que se insta también al Gobierno de Madrid a que de manera inmediata adopte de las medidas transitorias necesarias para que se sustituyan las vacantes que por jubilación se han producido en la delegación del INSS y de la TGSS de Gipuzkoa , durante el tiempo que en que se tramiten la cobertura de las plazas, con el fin de que se garantizar la prestación eficaz de un servicio público.

En su intervención, el diputado Barandiaran denunció que en los últimos tres años un total de 47 trabajadores de la TGSS y 28 del INSS se han jubilado en Gipuzkoa, sin que sus plazas hayan sido reemplazadas, con lo que se está produciendo tal deterioro en la prestación de un servicio sensible a los ciudadanos como es el que tiene relación con las prestaciones de jubilación, orfandad o incapacidad laboral, y que está originando que se estén dando plazos de más de 20 días para concertar una cita previa.

Es más, se está dando la kafkiana circunstancia de que, ante esta falta de personal para poder atender de manera presencial a los ciudadanos, desde el INSS y la TGSS recomiendan el uso de Internet para acceder a sus servicios, cuando es bien sabido que existen personas que por edad desconocen totalmente el procedimiento telemático o que carecen de ordenador en sus domicilios. Todo un despropósito.

El previsible colapso de los servicios del INSS y de la TGSS en Gipuzkoa en un plazo de dos años es evidente si el Estado no adopta con carácter urgente medidas adecuadas como son las del refuerzo de la actual plantilla -no con trabajadores de otros servicios estatales que carecen de la debida preparación, como ha quedado demostrado-, sino con el reemplazo por personal cualificado de los trabajadores que se van a jubilar o lo tienen previsto hacerlo, ya que casi la mitad de los actuales funcionarios son mayores de 55 años, según la información publicada el pasado mes de diciembre por NOTICIAS DE GIPUZKOA y que ha dado lugar a esta iniciativa parlamentaria impulsada por el diputado jeltzale Iñigo Barandiaran en el Congreso de Madrid.

En opinión de Barandiaran, el Gobierno de Rajoy está demostrando “una ineficacia en la gestión de los servicios públicos” que ha tenido como consecuencia no solo una disminución de las plantillas, sino “el empeoramiento de los servicios a pesar de los esfuerzos de muchos funcionarios que han tratado de mantener la calidad”. “Los datos son preocupantes, lo que justifica la urgencia de la iniciativa. Ahora estaremos vigilantes para que el Gobierno cumpla con el mandato de esta Comisión”, aseguró Barandiaran durante su intervención el Congreso.

El apoyo del PSOE y de Ciudadanos a la propuesta jeltzale mediante una transacción que supuso la inclusión de dos puntos por los que los problemas de Gipuzkoa también se hacen extensivos al conjunto del Estado revela hasta qué punto llega la falta de compromiso de un Estado a la hora de dar servicio a sus ciudadanos. En contra de lo que dice el PP, la solución al problema no está solo en los Presupuestos Generales del Estado, porque pueden arbitrarse medidas transitorias para evitar el deterioro del servicio hasta que se aprueben las partidas oportunas, sino en la falta de voluntad política y de sensibilidad.

Se estima que en los últimos tres años un total de 1.473 puestos de trabajo han desaparecido tanto en el INSS como en la TGSS en todo el Estado al amortizarse las vacantes producidas por jubilación como resultado de las políticas de austeridad que está llevando a cabo el Gobierno de Rajoy, lo que pone en evidencia, una vez más, el alto coste de dependencia que sufrimos los vascos por pertenecer a un Estado que hace tabla rasa de los problemas que afectan a los ciudadanos sin atender a sus necesidades específicas que pueden surgir en cada uno de los territorios.

La situación se agrava más cuando desde el Gobierno Vasco se está reclamando la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social no porque lo vaya a hacer mejor -de lo que no hay muchas dudas-, sino porque le corresponde en virtud del cumplimiento del Estatuto de Gernika, como ha quedado reiterado en la intervención que el pasado viernes realizó ante el Parlamento Vasco de la consejera de Trabajo, María Jesús San José.

La transferencia del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi debe considerarse como algo urgente con el fin de que la reforma que va a llevarse a cabo en el actual sistema de pensiones en el Estado -que está diseñado para la realidad social que existía en el año 1963 y que poco tiene que ver con la actual-, pueda gestionarse desde la CAV para ajustarse mucho mejor a las necesidades que tienen los vascos desde unos parámetros que garanticen mucho mejor su sostenibilidad y viabilidad.

Sin entrar en el desarrollo de un sistema propio de pensiones que por su complejidad no es contemplado por el Gobierno Vasco, tal y como lo confirmó la consejera San José, la gestión de los recursos económicos de la Seguridad Social en manos vascas, es decir, lo que se refiere a las cotizaciones que al sistema hacen los trabajadores y los empresarios más las prestaciones que se contemplan en términos de jubilación, viudedad u orfandad, puede ser más eficaz, como lo estamos viendo, que si sigue en manos del Estado.

El traspaso de esta competencia debe considerarse prioritario por parte del Gobierno Vasco, teniendo en cuenta que el actual sistema público de pensiones del Estado está llamado a ser objeto de una reforma en el muy corto plazo por los problemas estructurales que tiene con un empleo que por su menor número y por sus altos índices de precariedad es incapaz de financiar al creciente aumento de los pensionistas a lo que hay que añadir un Fondo de Reserva que puede agotarse este año al contar solo con un remanente de 16.000 millones de euros. Cuanto antes mejor.


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