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La junta de Archanco y tres exjugadores del betis irán a juicio

AMAÑO DE PARTIDOS | El juez cifra en 2,2 millones de euros el dinero que entre 2012 y 2014 salió del club navarro con destino delictivo o sin justificación

Javier Leoné - Viernes, 17 de Febrero de 2017 - Actualizado a las 06:11h

El exdirectivo de Osasuna Miguel Archanco.

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El exdirectivo de Osasuna Miguel Archanco.

Pamplona- En un auto fechado el pasado martes, 14 de febrero, y difundido ayer, el magistrado Fermín Otamendi hizo oficial el cierre de la instrucción de la pieza principal del caso Osasuna con un escrito en el que considera que, de las 29 personas investigadas durante el procedimiento, hay indicios para juzgar a 18 de ellas por apropiación indebida, delito societario, falsedad contable, falsificación documental y corrupción deportiva.

Según el texto del magistrado, estos delitos fueron presuntamente cometidos durante el mandato de Miguel Archanco como presidente de Osasuna entre 2012 y 2014 -aunque no incluye a todos los miembros de esa directiva- o con posterioridad -por eso, según Otamendi, también debe ser procesada casi al completo la Gestora que relevó a la junta de Archanco- y con el fin de justificar actuaciones ilícitas. Para rematar, el juez instructor cifra el dinero extraído de las cuentas del club navarro con fines delictivos o sin destino justificado en al menos 2,2 millones de euros.

la corrupción deportivaSobre el amaño de partidos, el magistrado estima que hay indicios de que exmandatarios de Osasuna pagaron a tres jugadores del Betis, Antonio Amaya, Jordi Figueras y Xavi Torres, 650.000 euros en metálico para que ganaran al Valladolid en Sevilla (400.000, y el resultado fue de 4-3) y para que perdieran contra el equipo rojillo en Pamplona (250.000, y el marcador final fue de 2-1) en los dos últimos partidos de la temporada 2013/2014. Y añade que ve indicios de que en este asunto participaron, amén de los jugadores citados -en la actualidad ya fuera del conjunto bético-, el exgerente de Osasuna, Ángel Vizcay, así como los exdirectivos del club navarro Miguel Archanco, Txuma Peralta, Juan Pascual, José Manuel Purroy y Sancho Bandrés, de los que añade que, “puestos de acuerdo o, cuando menos, conociendo que así se iba a llevar a cabo y consintiendo dicha práctica, a pesar de saber que era no sólo ilegal sino incluso delictiva, decidieron usar dinero de Osasuna para mantener a toda costa al club en Primera División haciendo entrega de dinero a jugadores de otros equipos con el fin de alterar el resultado de la competición”.

En el mismo auto también se hace referencia a que del primer pago de 400.000 euros a los jugadores del Betis en Sevilla se encargaron Vizcay y Peralta, que viajaron acompañados por Diego Maquírriain, por aquel entonces director de la Fundación Osasuna, “quien, conociendo el destino que iba a darse” a esa cantidad, fue “quien extrajo dicho dinero de una cuenta bancaria del club por orden y con la autorización de Miguel Archanco y Juan Pascual”, que fueron “quienes firmaron a tal efecto los correspondientes documentos bancarios”.

Los otros delitosOtamendi también estima que existen indicios para enjuiciar a los dos supuestos agentes inmobiliarios investigados, Cristina Valencia y Albert Nolla, que firmaron un recibo de 900.000 euros conociendo su falsedad -el auto deja claro que no hay pruebas de que recibieran esa cantidad- y a cambio de dinero;a casi la totalidad de los miembros de la Gestora de Osasuna, Javier Zabaleta, Luis Ibero, Pedro Zudaire, Ángel Larrea y Jesús Dronda, por haber ordenado al gerente Ángel Luis Vizcay y a otros empleados del club que hicieran lo que fuera necesario, “sin excluir la comisión de delitos”, para justificar en la contabilidad de Osasuna las salidas irregulares de dinero;y al exdirector financiero, gerente en la actualidad, Ángel Ardanaz, por haber confeccionado las cuentas anuales del club del ejercicio 2013/2014 a sabiendas de que contenían falsedades importantes.

Este último asunto por el que el juez considera que deben ser juzgados Ángel Ardanaz y todos los miembros de la Gestora -a excepción de uno de ellos, Marino Zulet, al que exime de culpa por quedar acreditado que no acudió a reuniones clave- está relacionado con las facturas falsas de Flefield elaboradas por Vizcay -aparecieron en su ordenador en un registro realizado por la Policía- para justificar la salida irregular de 1,5 millones.

De esta forma, son 18 los investigados que, según el juez y a la espera de posibles recursos, irán a un juicio del que quedan exonerados Manuel Ganuza, José Luis Roldán (exdirectivos), José Gómez (exdirector general), Tomás López (excontable), Vasiljevic (actual entrenador y director deportivo), Marino Zulet (exmiembro de la Gestora), Puñal, Damiá, Sergio García, Jorge Molina (jugadores o exjugadores) y Adolfo Suárez (auditor).

Además, la gestora irá al banquillo por avalar la falsedad de Flefield y Vizcay, por ejecutarla.

Detalles

¿Por qué 2,2 millones?. El juez cifra en esta cantidad el dinero de Osasuna presuntamente utilizado por algunos de sus exdirectivos para fines delictivos o sin destino justificado porque en su auto habla de los 650.000 euros para los jugadores del Betis por amañar el resultado de dos partidos y de los 1.589.000 euros que ni Archanco ni ninguno de los miembros de su junta directiva ni supieron ni pudieron justificar a dónde fueron a parar.

Recursos y acusaciones. En el auto por el que concluye la investigación, que puede ser recurrido, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona da traslado al fiscal y las acusaciones -Osasuna y la Liga de Fútbol Profesional (LFP)- para que en el plazo común de 20 días presenten sus escritos de acusación frente a los 18 investigados contra los que continúa el procedimiento.

Riesgo de descenso. Aunque la fase de instrucción de la pieza principal del caso Osasuna acaba de llegar a su fin y aún no hay fecha para el juicio, resulta preciso recordar que el punto 3 del artículo 75 bis del reglamento de la Federación Española de Fútbol avisa del riesgo de pérdida de categoría para el club directamente beneficiado por conductas dirigidas a la predeterminación de resultados.


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