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sociedad

“La UE no permite discriminar por origen al transportista al implantar un peaje”

La Diputación lamenta que está “atada” y no puede beneficiar a los camioneros guipuzcoanos
EH Bildu, Podemos y PP piden que se apliquen medidas para paliar los efectos del nuevo canon en la N-I
Oiarbide defiende que el fraude será “mínimo” porque el sistema es “garantista”

Iraitz Astarloa - Viernes, 1 de Julio de 2016 - Actualizado a las 06:11h

Vehículos circunlando por la N-I a la altura de Etzegarate, donde se instalará uno de los arcos del nuevo peaje.

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Vehículos circunlando por la N-I a la altura de Etzegarate, donde se instalará uno de los arcos del nuevo peaje.

donostia- La decisión de la Diputación de Gipuzkoa de implantar un nuevo peaje para vehículos pesados en la N-I, concretamente en Irun, Andoain y Etzegarate, ha vuelto la mirada al sector de los transportistas guipuzcoanos, quienes esta misma semana han advertido de las nefastas consecuencias que esta medida acarreará a su actividad.

La diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, compareció ayer en las Juntas Generales para dar cuenta de los pormenores del nuevo peaje. Lo hizo acompañada por la directora foral de carreteras, Silvia Pérez, el director foral de planificación y gestión, Mikel Uribeetxebarria, el director de Bidegi, Alfredo Etxeberria, y el responsable del informe jurídico sobre el que se sustenta el nuevo canon, Juanjo Álvarez. Oiarbide desgranó las principales características del nuevo canon, que tendrá una tarifa máxima de diez euros y que permitirá a los conductores pagar sin detenerse, ya que empleará un sistema de arcos inteligente. Oiarbide también destacó los “esfuerzos” llevados a cabo por su departamento para “minimizar los efectos” que este tendrá en el sector del transporte en Gipuzkoa. Sin embargo, dejó claro que “Europa no permite discriminar en razón de origen” y lamentó que la Diputación está “atada” en ese sentido.

Álvarez expuso que, aunque en el último año la normativa europea “no ha cambiado” en materia de discriminación hacia los transportistas, “sí lo ha hecho la interpretación que los tribunales hacen de la misma”. Así, recordó que en los últimos meses, Luxemburgo ha dictado dos sentencias contra Austria y Alemania por discriminar positivamente a sus transportistas frente al resto. En la primera, se determina la imposibilidad de favorecer a una empresa que tenga su residencia fiscal en el territorio que va a implantar el peaje;mientras que en la segunda, se considera que establecer un peaje en una vía sin un punto intermedio de cobro incurre en una “presunción de discriminación indirecta”.

Estas dos sentencias han sido clave para definir el modelo de peaje que ha diseñado la Diputación para la N-I, que finalmente, ha optado por instalar tres puntos de pago, uno en Irun, uno en Andoain y otro en Etzegarate, y cobrar a todos los transportistas por igual, sea cual sea su origen. “Hay que tener en cuenta que si no se planteaba un peaje intermedio, existía una presunción de discriminación y Europa tiene la capacidad de frenar la puesta en marcha” del nuevo canon, precisó Álvarez, a lo que Oiarbide añadió que la Diputación ha buscado en todo momento la “máxima seguridad jurídica posible” del nuevo proyecto.

Estas explicaciones fueron escuchadas con atención por los partidos de la oposición, que ya conocían los requisitos que exige Europa respecto a los transportistas, ya que la anterior diputada de Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, advirtió de este mismo hecho cuando planteó implantar peajes en toda la red viaria guipuzcoana.

“Bienvenidos a la realidad de las políticas europeas y al pragmatismo”, ironizó el juntero de EH Bildu, Iban Asenjo, quien criticó que el nuevo Ejecutivo foral haya hecho “corta y pega” del plan Arkupe diseñado por Bildu. “Estamos satisfechos de ver la continuidad que está teniendo en esta legislatura la labor hecha en la pasada”, afirmó.

No obstante, esta afirmación fue rebatida por los representantes forales, quienes recordaron que, “aunque la tecnología empleada sea similar, el sistema no tiene nada que ver con Arkupe”. Aquel proyecto pretendía nuevos cánones en la N-I (Madrid-Irun), N-121-A (Endarlatsa), A-15 (Autovía de Leitzaran) y GI-632 (Beasain-Durango).

Por su parte, desde Podemos, Juantxo Iturria se mostró comprensivo con que el margen de maniobra de la Diputación es “muy pequeño”, pero reclamó medidas para “hacer que la situación de nuestros transportistas no sea tan grave”.

Finalmente, el representante del PP, Juan Carlos Cano, advirtió de que los transportistas son “un eslabón de la cadena logística de nuestro sistema económico y nos preocupa que su competitividad decaiga como consecuencia de esta medida”. Asimismo, el representante popular consideró que la Diputación está “obligada” a buscar “instrumentos que palíen este daño económico”.

fraudeOtra de las cuestiones que preocupa a los grupos junteros es la efectividad de este sistema, ya que, al no obligar a los vehículos a pararse, controlar quién paga y quién no es más complicado.

En este sentido, desde la Diputación defendieron que el sistema es “suficientemente garantista”. Precisaron que, actualmente, el 87% de los camiones que pasan por Irun dispone de un dispositivo víaT, mientras que otro 7% paga con tarjeta, con lo cual “las matrículas podrían vincularse” a estas.

Además, precisaron que la normativa contempla la potestad de la Diputación de obligar a los transportistas a disponer de un sistema telemático, algo que ya sucede en países como Suiza, Austria o Eslovaquia. En esta línea, indicaron que el software que se instale en la N-I “estará capacitado para leer todo tipo de sistemas telemáticos”.

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