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El juez manda al PP al banquillo por lucrarse de la trama ‘Gürtel’

Señala al partido como responsable civil por haberse beneficiado de más de 200.000 euros

Xabier Garmendia - Viernes, 1 de Julio de 2016 - Actualizado a las 06:11h

Francisco Correa.

Francisco Correa. (Foto: Efe)

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Francisco Correa.

dOnostia- Las diferentes ramas de la trama Gürtel se van acercando poco a poco al juicio y cada paso en ese camino está suponiendo nuevos y severos varapalos judiciales para el PP. El último hasta la fecha se dio a conocer ayer, cuando el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió sentar en el banquillo a 27 personas relacionadas con la red en Boadilla del Monte, así como a otras 13 personas jurídicas entre las que se incluye al propio partido político. El juez considera que la organización con sede en la calle Génova se habría beneficiado de una suma de 204.198 euros, por lo cual le acusa de ser responsable civil como partícipe a título lucrativo. La Fiscalía, por su parte, cree que la red mafiosa pagó a varios dirigentes populares, ya sea mediante regalos o dinero, a cambio de conseguir adjudicaciones públicas en esta localidad madrileña, que se sumaría así a una lista que también integran por el momento Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. Asimismo, la Gürtel también habría abonado el coste de diversos actos políticos de la formación de la gaviota en la Comunidad de Madrid.

Entre los principales acusados en esta pieza separada se encuentran figuras imprescindibles de la trama corrupta como su supuesto cabecilla, Francisco Correa, y el exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, más conocido como El Albondiguilla, para quienes la Fiscalía reclama penas de prisión por 76 y 40 años respectivamente. En el auto, el juez fija fianzas millonarias de 32,4 millones de euros para Correa y de 23,6 para el exregidor del municipio madrileño de modo que se garantice el abono de las responsabilidades pecunarias en las que podrían incurrir si finalmente son declarados culpables. Una parte de los fondos que habrían percibido los acusados se ocultaron en cuentas bancarias en Suiza que fueron camufladas al aparecer sociedades panameñas como titulares de las mismas.

Las actuaciones investigadas se habrían cometido, según la Fiscalía, para “enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos” y con la necesaria colaboración de funcionarios y autoridades de Boadilla del Monte. El foco se sitúa especialmente en la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), una entidad pública que “controlaban de facto a través de sus sucesivos gerentes” y con la que conseguían eludir los controles de la oposición política. Anticorrupción considera que el Ayuntamiento madrileño habría sufrido un perjuicio de 4.072.000 euros por una adjudicación supuestamente irregular y otra pérdida de más de 30.000 por el sobreprecio de actos adjudicados a empresas vinculadas a Correa y cuyos destinatarios serían el PP y el exdiputado popular en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch. Para este último la Fiscalía pide una pena de 23 años y medio de cárcel, y De la Mata le reclama 6,5 millones como fianza.

Los delitos por los que los acusados están siendo investigados en esta causa son una decena en total: asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos e insolvencia punible. Todos los señalados, tanto acusados como responsables civiles y partícipes a titulo lucrativo, cuentan a partir de ahora con un plazo máximo de diez días para poder presentar sus escritos de defensa antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional proceda al enjuiciamiento de esta pieza separada de la trama.


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