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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO

La Fiscalía archiva el caso de los comedores escolares al no ver indicios de delito

"No se aprecian elementos ni circunstancias que permitan hablar de concertación dolosa"

ep - Miércoles, 29 de Junio de 2016 - Actualizado a las 11:47h

En Euskadi hay un total de 502 centros con comedores escolares y más de 90.000 alumnos comen en ellos.

En Euskadi hay un total de 502 centros con comedores escolares y más de 90.000 alumnos comen en ellos. (g.n.)

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En Euskadi hay un total de 502 centros con comedores escolares y más de 90.000 alumnos comen en ellos.

El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha archivado las diligencias de investigación que abrió sobre el supuesto fraude de varios años en los contratos del servicio de comedores de los colegios públicos, después de que el Gobierno vasco le remitiera el expediente de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) en el que sancionaba a ocho empresas adjudicatarias por el supuesto quebranto de la arcas públicas de 200 millones de euros.

El ministerio público ha hecho público un decreto en el que asegura que "no se aprecian elementos ni circunstancias que permitan hablar de concertación dolosa y punible entre las empresas con el fin de alterar el precio del remate".

En este sentido, destaca que "ya ha habido intervención de la Autoridad Vasca de la Competencia, que ha concluido con una sanción administrativa por infracción del artículo 1.1 c) de la Ley de Defensa de la Competencia, sanción que ha sido recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa".

Juan Calparsoro considera "que no se han acreditado indicios de los delitos que dieron lugar a la formación de estas diligencias, que hayan cometido las empresas que han participado en el concurso de los comedores escolares de los colegios públicos vascos ni tampoco aparecen indicios de participación de autoridades administrativas o de otras personas particulares en estos delitos".

"Se han proferido conjeturas, sospechas y reproches, que son lícitos en la esfera del debate de políticas públicas pero que no bastan para atribuir responsabilidades penales", apunta. Por todo ello, archiva las diligencias de investigación "por entender que no existen indicios de responsabilidad penal".


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