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Interior avisa de su rechazo a la ley de abusos policiales

El proyecto será aprobado en julio por el Parlamento Vasco pero Madrid advierte de que vulnera la Constitución

Miércoles, 29 de Junio de 2016 - Actualizado a las 06:12h

donostia- El Ministerio del Interior considera que algunos preceptos del proyecto de ley de reconocimiento y reparación de las víctimas de represión ilícita entre 1978 y 1999 vulneran la Constitución “tanto por cuestiones de fondo como competenciales”, según un informe remitido por este departamento al Parlamento Vasco.

El proyecto de ley conocido como de abusos policiales puede ser aprobado en julio en el Parlamento Vasco al tener el apoyo garantizado de PNV y probablemente el de EH Bildu. La norma da continuidad al decreto de junio de 2012 que ofreció la misma cobertura a las víctimas policiales (incluidas las que sufrieron torturas) del período 1960-1978. Este decreto fue recurrido por la Abogacía del Estado por no exigir pruebas fehacientes de las lesiones sufridas, por lo que el Gobierno Vasco decidió que la cobertura a las víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999 tuviera rango de ley para darle mayor seguridad jurídica.

Sin embargo, en el informe sobre este proyecto de ley que el Ministerio del Interior ha remitido al Parlamento se advierte de que varios artículos vulneran la Constitución y de que las atribuciones otorgadas a la Comisión de Valoración -encargada de reconocer la condición de víctima- “infringe varias competencias exclusivas estatales”. En concreto se avisa de que la no exigencia de una sentencia o resolución administrativa que reconozca una vulneración de los derechos humanos “invade las reservas del Estado” porque se trata de “funciones que solo pueden ejercerse por jueces y tribunales”.

La ausencia de sentencias puede dar lugar además a “reexaminar” causas ya juzgadas, incluidas las que han terminado en absolución, pero “sin las mismas garantías”. El informe recuerda en este sentido que las leyes estatales sobre las víctimas de la Guerra Civil y del terrorismo “parten de la premisa de contar con una sentencia o con diligencias judiciales para el enjuiciamiento de los delitos”. También considera que las resolución de la Comisión de Valoración pueden violar el derecho fundamental al honor y a la presunción de inocencia de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado relacionados con estos casos. - Efe


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