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A la calle por tercera vez

Una vecina de Irun y su hijo, con autismo y una discapacidad del 83%, fueron ayer desahuciados de su piso de alquiler en el barrio de Artia. El Ayuntamiento los ha realojado en una vivienda para emergencias.

Reportaje y fotografía de Xabier Sagarzazu - Martes, 28 de Junio de 2016 - Actualizado a las 06:14h

Snizhana Kripak, segunda por la derecha en la imagen, tras recoger ayer parte de sus pertenencias, con voluntarios de Stop Desahucios Bidasoa

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Snizhana Kripak, segunda por la derecha en la imagen, tras recoger ayer parte de sus pertenencias, con voluntarios de Stop Desahucios Bidasoa

Snizhana Kripak tiene 42 años, es de nacionalidad ucraniana y lleva quince años afincada en Gipuzkoa. Ayer, a las puertas de su domicilio, una vivienda de alquiler en el número 32 de la calle Pío Baroja, en el barrio irunés de Artia, confesaba que no había podido dormir “nada en toda la noche” del domingo al lunes.

A las 9.00 horas estaba previsto que la autoridad judicial acudiera a su piso para desahuciarla. Desde el día anterior, Stop Desahucios Bidasoa se movilizó en las redes sociales para tratar de impedir este desalojo, que tiene “unas características muy específicas y excepcionales respecto de la mayoría de los que ocurren, cada día, en cualquier punto de Euskadi o del Estado”, explicó Bibi Liras, portavoz de la plataforma contra los desahucios.

“Snizhana es madre de un niño de 10 años con autismo y serios problemas de psicomotricidad. Su hijo, Enzo, tiene una discapacidad reconocida del 83%, necesita permanentemente de su atención, no puede andar por sí solo, come únicamente purés y debería poder acceder a una vivienda debidamente adaptada”, denunció Liras.

El de ayer no era el primer desahucio para Snizhana Kripak. “Voy por el tercero, pero es que llevo años pidiendo una solución, esperando a que el Gobierno Vasco pueda facilitarnos una vivienda adaptada en alquiler social. No puedo trabajar, porque mi hijo sólo va tres horas al día al colegio El Pilar, y el resto de la jornada necesita estar conmigo o con mi madre”, explicaba la mujer, que recibió ayer la ayuda de un amigo y de integrantes de Stop Desahucios Bidasoa para recoger todas sus pertenencias. A primera hora, todavía no sabía ni dónde iban a pasar la noche ella, su madre y su hijo Enzo.

Esta mujer incluso había intentado, hace algunos días, aportar un dinero para saldar su deuda acumulada. Pero los propietarios siguieron adelante con el proceso judicial. “Me pedían un aval por valor de 10.000 euros y una fianza de 3.000 euros para poder seguir aquí, y no puedo permitirme eso. Nuestros ingresos, incluida la RGI y la ayuda de algo más de 400 euros por la discapacidad de mi hijo, son de 840 euros. Solo los tratamientos y medicinas de Enzo cuestan más de 400 euros al mes, y eso es intocable, porque en estos años ha ido mejorando, dentro de su complicada problemática. Y el alquiler eran 650 euros al mes. No es que no quisiera pagar, es que no podía”, apuntó Snizhana Kripak.

Los propietarios de la vivienda que ayer se vieron obligados a abandonar pusieron en marcha el procedimiento judicial “en noviembre pasado, tras tres meses de impago”, aclaró esta mujer, que ya tuvo que salir en febrero de 2013 de una vivienda y de otra en 2014, tras recurrir, en vano, a instituciones como el Ararteko e ir de Administración en Administración pidiendo la concesión de la RGI (algo que consiguió por fin).

La madre de Enzo manifestó que es muy importante para ella “no moverse de Irun”, porque su hijo “está progresando bastante con la escolarización en El Pilar, donde tiene los profesores de apoyo necesarios”. Incluso los técnicos y terapeutas de Gautena, la Asociación Guipuzcoana de Autismo, le han “desaconsejado el traslado a otra ciudad”, por el mismo motivo.

Con condiciones

Kripak acudió a las 10.00 horas de ayer al ayuntamiento de Irun, donde la habían citado los responsables de sus Servicios Sociales, acompañada por integrantes de Stop Desahucios Bidasoa. Finalmente, según explicaba luego a este periódico Bibi Liras, la portavoz de la plataforma, “le han concedido el uso en precario de un piso en el mismo barrio de Artia, cerca de donde vivía hasta ahora”.

Liras explicó que la mujer aceptó esta vivienda “con la condición de que el Ayuntamiento siga, junto con el resto de instituciones, a la búsqueda de un piso debidamente adaptado a las necesidades de su hijo Enzo” ya que ella “lleva cuatro años pidiendo y en espera por una vivienda que reúna las condiciones necesarias” y teme que con estas soluciones temporales “den su caso por resuelto”.

La portavoz de Stop Desahucios señaló que ayer mismo el Ayuntamiento le explicó a la afectada que se trata “de un alojamiento de urgencia” y que, de darse otras necesidades, “podría verse obligada a compartir la vivienda con otras personas”.

“En este caso, y hay que reconocerlo así, el Ayuntamiento de Irun se ha puesto las pilas y se ha movido en busca de posibles soluciones, pero cuando más, a raíz de la movilización social en torno al caso. Se ha pasado de no tener ningún piso disponible el viernes pasado y ofrecer a Snizhana el alojamiento en un hotel o pensión, a sí tener un piso disponible el lunes, aunque sea en precario. Pero el pequeño Enzo, debido a sus peculiaridades, difícilmente puede convivir con nadie más”, reprobó Bibi Liras.

Finalmente, la autoridad judicial no hizo acto de aparición ayer por el número 32 de la calle Pío Baroja, de donde tuvo que salir desahuciada Snizhana Kripak con su madre y con su hijo Enzo. Señalaron los integrantes de Stop Desahucios Bidasoa que “probablemente, porque dadas las circunstancias del caso, el Ayuntamiento haya intercedido ante los propietarios de la vivienda”.

La portavoz de la plataforma, Bibi Liras, señaló que en estos casos ellos no pueden ni quieren “entrar a juzgar los motivos que pueda tener un propietario privado y sus necesidades sobre el alquiler de un piso”. Pero sí destacó que “casos como el de Snizhana Kripak y su hijo necesitan un tratamiento excepcional y no puedan estar, como llevan todavía, varios años en espera de una vivienda adaptada y con un precio razonable”.

“No se puede despachar esta problemática con la ayuda de 250 euros al mes que prevé la Ley de Vivienda. Aquí, las instituciones tienen que poder hacer más y proporcionar a los afectados una vivienda en las debidas condiciones y con un precio razonable”, concluyó la portavoz de Stop Desahucios Bidasoa.


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