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Editorial

Confirmación de la evidencia

La impunidad de la tortura que constata el informe sobre la misma en Euskadi aún hoy no ha sido eliminada del todo en el Estado, que sigue sin generalizar los protocolos de prevención y sin emplear todo su ahínco en perseguirla

Martes, 28 de Junio de 2016 - Actualizado a las 06:14h

La Investigación de la Tortura en el País Vasco entre 1960 y 2013 encargada por el Gobierno Vasco al Instituto de Criminología en el marco del Plan de Paz y Convivencia y que ha identificado a 4.009 víctimas de estas prácticas según los trabajos dirigidos por el forense Francisco Etxeberria supone el relato detallado hasta lo posible de una dramática realidad que ya había sido constatada. Lo habían hecho las ocho sentencias condenatorias contra el Estado español que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha emitido en los últimos doce años por no investigar adecuadamente las denuncias de torturas existentes. Y lo habían hecho, aunque finalmente las responsabilidades apenas fueran asumidas, las 21 sentencias condenatorias que los propios tribunales españoles han emitido entre 1979 y 1992 e incluso otras tres (1997, 1999 y 2001) desde entonces contra agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil por malos tratos a detenidos. En otras palabras, esa realidad es doble: por un lado, la tortura existe o al menos ha existido hasta tiempo muy reciente (en 2015 y 2016 no ha habido nuevas denuncias);por otro, los poderes del Estado español, que pese a las evidencias se han negado durante décadas a admitir esa realidad -de hecho, aún hay fuerzas políticas que la niegan-, se han resistido a continuación a investigar las denuncias que era imposible ignorar y, en su caso, cuando se han constatado los hechos ante los tribunales, apenas se han llevado a efecto las condenas, casi siempre emitidas en el grado más leve. Todo ello, de facto, creó un ámbito de impunidad para esas prácticas contrarias a la Convención contra la Tortura, a la que el Estado español se había adherido sin embargo en 1984, y contra el art. 174 del Código Penal que las define como delito. Una impunidad que aún hoy no ha sido del todo eliminada por cuanto el Estado español sigue sin poner en práctica los protocolos de prevención que recomiendan los organismos internacionales -desde el relator de la ONU a las organizaciones de Derechos Humanos- y sin utilizar todos los recursos en su persecución. Y no eliminarla de raíz, como se ha demostrado a lo largo de la historia y se comprueba en la propia investigación de las últimas cinco décadas en Euskadi, supone permitir un caldo de cultivo sobre el que germina el riesgo de su repetición.


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